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Parana » Informe Digital
Fecha: 05/03/2026 17:50
Guastavino, Cáceres, Lauritto, Bahl, Allende y Urribarri. De la redacción de INFORME DIGITAL El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos decidió abrir la segunda etapa de la investigación de la causa conocida como contratos truchos legislativos, considerada la pesquisa por corrupción más importante de la historia institucional de la provincia. La decisión fue firmada por los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro el 23 de noviembre pasado y se conoció públicamente este miércoles por la noche durante el editorial del programa Cuestión de Fondo, que se emite por Canal 9 Litoral. Ambos fiscales participaron también en la elevación a juicio de la primera etapa de la causa y se especializan en investigaciones por delitos contra la administración pública. Según se informó, esta nueva investigación buscará avanzar sobre las responsabilidades políticas durante el período en el que se habría producido el desfalco al Estado entrerriano, estimado en más de 53 millones de dólares entre los años 2008 y 2018. La segunda etapa de la causa Cuando en 2021 se elevó a juicio la primera etapa de la investigación, la acusación se concentró en funcionarios administrativos de ambas cámaras legislativas, además de estudios contables que habrían participado en la estructura que permitió ejecutar el sistema de contratos truchos. Sin embargo, aquella investigación dejó fuera del expediente a quienes ocupaban las principales responsabilidades políticas en la Legislatura durante el período investigado. En esta nueva etapa, si se toma la cronología del presunto esquema de fraude, la investigación podría comprender a quienes ocuparon la Vicegobernación de Entre Ríos en ese período: Pedro Guillermo Guastavino, José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Humberto Bahl. También aparecen dentro del período bajo análisis los ex presidentes de la Cámara de Diputados José Ángel Allende y Sergio Urribarri. De acuerdo a lo que se adelantó, si la investigación detectara que algún vicegobernador no firmaba los contratos cuestionados y esa función recaía en el vicepresidente primero del Senado, la pesquisa podría avanzar sobre quien ocupaba ese rol. En ese contexto aparece mencionado el ex senador Aldo Ballestena, del departamento La Paz. El origen de la investigación La causa comenzó en 2018 a partir de un hecho aparentemente menor. Un agente policial advirtió movimientos sospechosos en un cajero automático de Paraná, donde una persona operaba numerosas tarjetas de débito y realizaba extracciones de dinero de forma reiterada. A partir de esa observación se inició una investigación que terminó poniendo el foco en la Legislatura entrerriana y en un esquema de contrataciones que habría utilizado a personas como prestanombres. Según la hipótesis fiscal, existía una estructura integrada por empleados de la Legislatura y personas por fuera de la estructura estatal que permitía extraer fondos públicos mediante contratos irregulares. El derrotero judicial El 1 de junio de 2021 los fiscales decidieron cerrar la Investigación Penal Preparatoria de la primera etapa y solicitar su elevación a juicio oral. En ese momento, los abogados defensores plantearon que la causa debía tramitar en la Justicia Electoral, argumentando que el dinero desviado habría sido utilizado para financiar campañas políticas. Ese planteo fue admitido por el juez federal Daniel Alonso, lo que derivó en un extenso conflicto de competencia que llevó el expediente a la Justicia Electoral, luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuevamente a la Justicia Electoral y otra vez al máximo tribunal. Ese recorrido judicial paralizó durante años el avance del expediente. Reactivación y audiencias La causa volvió a activarse en los tribunales provinciales durante 2024. Las audiencias para la remisión a juicio oral comenzaron en 2025, aunque se interrumpieron a mediados de ese año. Durante esas audiencias se expuso la presunta existencia de una estructura compuesta por funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, estudios contables y particulares que habrían participado en la captación de prestanombres, falsificación de firmas y endoso de cheques. La hipótesis de los fiscales es que parte del dinero sustraído habría sido destinado a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias. Los fiscales que actualmente intervienen en el proceso son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Defensores e imputados Entre los abogados que participan del proceso figuran Damián Petenatti e Iván Vernengo, defensores de Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado de Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti junto a Miguel Cullen, quienes representan a Jorge De Breuil. Cullen también ejerce la defensa de Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani. Inicialmente el expediente tuvo 32 imputados, aunque ese número se redujo con el paso del tiempo debido a distintos acuerdos judiciales. Accedieron a suspensiones de juicio a prueba personas como Esteban Scialocomo, mientras que el contador Gustavo Falco fue sobreseído. También obtuvieron probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. Actualmente permanecen como imputados Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider. Lo que viene El calendario judicial prevé que la elevación a juicio de la primera etapa de la causa contratos truchos avance durante este año, con audiencias previstas para mayo. En paralelo, la nueva investigación abierta por el Ministerio Público Fiscal buscará determinar si existieron responsabilidades políticas en el esquema que permitió el presunto desvío millonario de fondos públicos.
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