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Parana » Plazaweb
Fecha: 05/03/2026 14:08
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, afirmó que el organismo no fue notificado sobre la apertura de un nuevo expediente vinculado a la causa Contratos Truchos. En ese marco, aseguró que, de confirmarse la existencia de otra investigación, la Fiscalía de Estado se presentará nuevamente como actor civil para resguardar el patrimonio provincial. En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), el funcionario explicó que el organismo participa activamente en el proceso judicial ya iniciado, en el que interviene como actor civil en la causa conocida como Beckman. Nosotros en esa causa nos constituimos como actores civiles, presentamos la demanda, concurrí personalmente a todas las audiencias en las cuales se debate todo tipo de cuestiones, desde excepciones a la acción civil pasando por la vigencia de las medidas cautelares, y hasta ahí estamos. Ahora hay audiencias fijadas para mayo y junio, señaló. El fiscal de Estado indicó que durante las audiencias previas al juicio se abordaron distintos planteos de las defensas, los cuales fueron respondidos por el organismo. Hubo audiencias en las que se plantearon excepciones o defensas a la elevación a juicio. Nosotros respondimos todo eso y nuestros planteos fueron recepcionados. Lo que nos interesa a nosotros es que la defensa patrimonial esté asegurada, y en eso estamos respecto al caso Beckman, que tiene 31 imputados, precisó. En relación con la eventual apertura de una segunda causa vinculada al mismo esquema, sostuvo que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación formal. Si hay otra causa, nosotros no hemos sido notificados, no estamos enterados, y obviamente en este tipo de situaciones, si fuera así, la decisión nuestra es presentarnos como actores civiles, como lo hicimos en la causa Beckman, adelantó. Respecto del avance del expediente principal, Rodríguez Signes estimó que el proceso se encuentra en la etapa final previa al debate oral. Es la última fase de audiencias de las excepciones planteadas previas al juicio. En esto se van sustanciando todas las defensas relativas a la elevación a juicio, pero yo creo que está dado todo para que ya julio, o agosto a más tardar, todo este tema se resuelva y ya se establezca la fecha de debate, evaluó. Consultado sobre la discusión respecto a la posibilidad de que personas que habrían figurado como contratadas de manera irregular declaren como testigos, el funcionario señaló que la Fiscalía de Estado acompaña la estrategia probatoria del Ministerio Público Fiscal. Tenemos demandadas a 31 personas, que son los 31 imputados en la causa penal donde somos actores civiles. Y en cuanto a la prueba de esa causa, adherimos a la prueba producida por el Ministerio Público Fiscal, que es muchísima; hay mucha prueba documental, testimonial, informe pericial; es decir, para nosotros la prueba está muy completa. Si hay testimoniales de personas que han sido utilizadas de alguna manera para esta maniobra, adherimos a la posición del Ministerio Público Fiscal, acompañamos en ese sentido, explicó. Rodríguez Signes también recordó que el Poder Ejecutivo impulsó un camino paralelo para investigar las irregularidades desde el plano administrativo. Por otro lado, el año pasado el Poder Ejecutivo invitó a las Cámaras legislativas a que dicten la nulidad de los decretos que aprobaban contratos o, si no había decretos, directamente la inexistencia de los llamados contratos irregulares. Por ese lado se puede abrir otro tipo de investigación administrativa, indicó. En ese contexto, explicó que ese procedimiento permitiría avanzar en el recupero de fondos mediante un canal distinto al judicial. Esta tarea de recupero va por dos canales: por un canal penal o judicial, y, por otro lado, en este procedimiento administrativo, detalló. Sobre las eventuales responsabilidades desde el punto de vista administrativo, señaló que deberán analizarse las normas que regulan las contrataciones en el sector público. Hay un estatuto del empleado judicial que establece las condiciones materiales y formales con las cuales se pueden contratar al personal temporario. En la medida en que haya una irregularidad respecto al modo en que se contrata, sin duda que las responsabilidades administrativas son las que la ley determina, afirmó. En ese sentido, añadió que también rigen procedimientos contables estrictos para la celebración de contratos en la administración pública. En cualquier órgano de la administración para celebrar un contrato hay un procedimiento muy riguroso. En el caso de la Legislatura no interviene la Contaduría General de la provincia, en el caso del Poder Ejecutivo sí interviene. Será cuestión de ver ese plexo normativo y cuáles son las responsabilidades, pero sin duda que son amplias, planteó. Por último, el fiscal de Estado indicó que desconoce si el Poder Legislativo modificó sus mecanismos de contratación luego de que se detectaran las irregularidades en 2018. No lo sé porque la esfera de control de la Fiscalía de Estado está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, nosotros no tenemos intervención en lo que son las contrataciones del Poder Legislativo, aclaró. En cambio, señaló que en el ámbito del Ejecutivo sí se avanzó en cambios para regularizar los vínculos contractuales. Nosotros le propusimos al gobernador actual algo que ya le habíamos propuesto al anterior, que era pasar todos los contratos de locación de servicio y de obra a contratos temporarios con aportes a la Caja de Jubilaciones y un registro especial. Eso se concretó en el ámbito del Poder Ejecutivo, no sé en el ámbito del Poder Legislativo, concluyó.
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