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Concordia » Hora Digital
Fecha: 05/03/2026 11:46
Desde el 2 de marzo, el Gobierno de Mendoza implementó la realización obligatoria, con consentimiento informado, de controles para detectar el consumo de sustancias psicoactivas en todas las mujeres embarazadas hospitalizadas en las maternidades públicas de la provincia. Esta decisión responde a la alta proporción de recién nacidos con presencia de tóxicos en su organismo, ya que entre el 15% y el 20% de los bebés internados en neonatología dan positivo en tests de sustancias, según estadísticas oficiales. La directora de Maternidad e Infancia, Natalia Courtis, explicó a Ciudadano News que el objetivo principal es permitir la detección y el tratamiento precoz para evitar complicaciones graves tanto en el embarazo como en el desarrollo del recién nacido. Esta preocupación surgió a partir de los resultados de pesquisas universales realizadas en el sistema público de Mendoza, donde aunque solo entre el 5% y el 10% de las mujeres embarazadas reconoce el consumo de drogas ilícitas, los estudios médicos indican que el porcentaje real puede ser entre un 10% y un 40% mayor, según informó la Dirección de Maternidad e Infancia. La resolución 305, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, formalizó esta política sanitaria provincial. El protocolo es aplicado por la Subsecretaría de Gestión de Salud en todos los hospitales públicos de Mendoza. El consentimiento informado se suma a la Historia Clínica Electrónica y los resultados se registran en el Sistema de Información Perinatal o su equivalente. Desde la cartera sanitaria se remarca que no existen dosis seguras de alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, éxtasis ni otras drogas sintéticas o naturales durante la gestación. El texto médico de la resolución detalla que el consumo de estas sustancias está vinculado a múltiples complicaciones, entre ellas abortos espontáneos, partos prematuros, retraso del crecimiento intrauterino, eclampsia, hipertensión, malformaciones congénitas y muerte fetal. Además, incrementa el riesgo de trastornos neurocognitivos y neurológicos que pueden derivar en internaciones prolongadas y secuelas permanentes. En caso de detectarse consumo, el protocolo establece un abordaje interdisciplinario con equipos de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, que incluye tratamiento durante la internación y acompañamiento posterior al alta, salvo que la paciente rechace por escrito continuar con la intervención, situación que también debe registrarse. Los registros actuales muestran un aumento en la mortalidad infantil en Mendoza, con una tasa que subió de 5,5 a 7,5 por cada 1.000 nacimientos en 2024. Aunque las causas son múltiples, el consumo de sustancias durante el embarazo está entre los factores identificados por el Ministerio de Salud. Especialistas consultados por El Nueve afirmaron que detectar a tiempo y brindar un acompañamiento integral puede evitar desenlaces fatales, y señalaron que es prioridad intervenir antes de que el daño fetal sea irreversible. Por este motivo, desde la cartera sanitaria se enfatiza que la iniciativa no tiene carácter punitivo, sino que garantiza derechos a la salud y al parto respetado. A pesar del respaldo de gran parte de los equipos médicos, la medida generó diversas posturas en la provincia. Algunos sectores valoran su contribución a la protección de la infancia y la salud materna, mientras otros advierten sobre posibles consecuencias de estigmatización hacia las mujeres embarazadas. El Ministerio de Salud y Deportes aclaró que el objetivo no es sancionar, sino brindar atención y prevención completas, basadas en pruebas objetivas y documentación formal de cada caso. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de sustancias durante la gestación aumenta el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y afecta el desarrollo neurológico infantil. El Ministerio de Salud de Mendoza sostiene que no existe ninguna ventana segura para el consumo de drogas legales o ilegales durante el embarazo.
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