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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 05/03/2026 11:06
La noticia se dio a conocer este miércoles por la noche en el editorial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, abrió el 23 de noviembre la segunda etapa de la investigación por los contratos truchos legislativos. Con la firma de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro (ambos trabajaron en la elevación a juicio de la primera etapa de los contratos truchos legislativos y se especializan en investigaciones por delitos contra la administración pública), la pesquisa promete ir a fondo contra quienes tuvieron responsabilidad política durante el desfalco al Estado entrerriano por más de 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Era una promesa del Ministerio Público Fiscal y un reclamo de distintos sectores judiciales y políticos. En 2021, cuando se elevó a juicio la primera etapa de la causa contratos truchos legislativos, la investigación detectó y acusó sólo a quienes tuvieron responsabilidad administrativa en ambas cámaras, y a quienes conformaron los estudios contables con los cuales se armó la arquitectura de los contratos truchos legislativos. Pero dejó afuera a los responsables políticos: ex vicegobernadores y ex presidentes de la Cámara de Diputados. Si se tiene en cuenta la cronología en que se circunscribió la estafa a las arcas públicas, la segunda etapa de la investigación comprendería a los vicegobernadores mandato cumplido Pedro Guillermo Guastavino; José Eduardo Lauritto; José Cáceres; y Adán Humberto Bahl. Además a los ex presidentes de la Cámara de Diputados de la provincia en el mismo período, José Ángel Allende y Sergio Urribarri. Aunque, como se adelantó anoche, si la pesquisa detecta que algún ex vicegobernador no firmaba los contratos truchos y la aprobación quedaba bajo la responsabilidad del vicepresidente primero, se avanzaría con el senador que cumplía esa función. Hasta ahora, el primero que aparece en la mira es el ex senador Aldo Ballestena del departamento La Paz. Inicio Los contratos truchos legislativos es la investigación más grande por corrupción en la historia de la provincia. Comenzó de una forma curiosa: en la primavera de 2018, un agente policial atento observó movimientos extraños en un cajero de Paraná. Alertó a sus superiores que una persona sola operaba numerosas tarjetas de débito y ordeñaba un cajero automático. Algunos investigadores tiraron del hilo y se abrió la pesquisa que puso en el centro a la Legislatura entrerriana y una multiplicidad de contrataciones a terceras personas que, en distintos casos, fungieron como prestanombres. Los fiscales pudieron determinar la existencia de una banda, integrada por empleados de la Legislatura y personas aparentemente ajenas al sistema político, organizados para extraer dinero de las arcas públicas. El 1 de junio de 2021, los fiscales decidieron cerrar la Investigación Penal Preparatoria y pedir su elevación a juicio oral. Los abogados defensores hicieron un planteo de competencia en el cual aseguraron que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral porque el dinero desviado fue, según dijeron, para financiamiento de campañas políticas. Los letrados consiguieron sacar la investigación de la órbita penal con el apoyo del juez federal Daniel Alonso, que hizo lugar al plantero, y lograron que la discusión pase a la Justicia Electoral primero, después a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), posteriormente a la Justicia Electoral y de vuelta a la CSJN, en un trámite que paralizó las actuaciones durante años. La investigación se reactivó en los tribunales provinciales en 2024, con un ritmo cansino. Las audiencias para la remisión a juicio oral iniciaron recién en 2025 y se detuvieron a mediados del mismo año. En lo que llegó a oralizarse el año pasado, se ventiló una estructura compuesta por funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar prestanombres, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Quedó al descubierto que la presunción de los fiscales es que, buena parte del dinero sustraído fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias. Los fiscales que quedaron a cargo de las audiencias son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervinieron son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani. El legajo tuvo 32 imputados inicialmente. Pero quedaron menos porque algunas personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, como Esteban Scialocomo; o el contador Gustavo Falco que sobreseído. Otros que accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. De modo que como imputados quedaron Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuli, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider. La elevación a juicio de los contratos truchos legislativos I deberá avanzar este año, en mayo como está previsto en el calendario judicial. En simultáneo se investigará en un expediente paralelo a los responsables políticos de la estafa.
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