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Concordia » 7paginas
Fecha: 05/03/2026 08:42
Esta segunda fase apunta a profundizar la investigación y determinar eventuales responsabilidades políticas en el desfalco al Estado entrerriano, que según la acusación habría superado los 53 millones de dólares entre los años 2008 y 2018. Cuando en 2021 la causa fue elevada a juicio en su primera etapa, la investigación se concentró en quienes tenían responsabilidades administrativas dentro de las cámaras legislativas y en los estudios contables que habrían participado en el armado del sistema de contrataciones irregulares. Sin embargo, quedaron fuera de esa instancia los funcionarios con responsabilidades políticas, entre ellos ex vicegobernadores y ex presidentes de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la cronología que abarca la investigación, la nueva etapa podría alcanzar a los ex vicegobernadores Pedro Guillermo Guastavino, José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Humberto Bahl. También se analiza la actuación de los ex presidentes de la Cámara de Diputados José Ángel Allende y Sergio Urribarri. No obstante, fuentes judiciales indicaron que, si se comprobara que algunos vicegobernadores no firmaban las contrataciones cuestionadas y esa responsabilidad recaía en el vicepresidente primero del Senado, la investigación podría ampliarse hacia quienes ocupaban ese cargo. En ese marco, uno de los primeros nombres que aparece bajo análisis es el del ex senador por el departamento La Paz, Aldo Ballestena. El origen de la causa La investigación por los contratos truchos legislativos es considerada la causa por corrupción más grande en la historia de Entre Ríos. Su origen se remonta a la primavera de 2018, cuando un agente policial advirtió movimientos sospechosos en un cajero automático de la ciudad de Paraná. El efectivo observó que una sola persona operaba con numerosas tarjetas de débito y realizaba extracciones de dinero de manera reiterada. La situación fue informada a sus superiores y dio inicio a una investigación que terminó vinculando esas operaciones con contrataciones irregulares en la Legislatura provincial. A partir de allí, los fiscales detectaron una estructura integrada por empleados legislativos y personas externas al sistema político que habrían organizado un mecanismo para retirar dinero de las arcas públicas mediante contrataciones a terceros que, en muchos casos, actuaban como prestanombres. Avances judiciales y demoras El 1 de junio de 2021 los fiscales dieron por concluida la Investigación Penal Preparatoria y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral. Sin embargo, los abogados defensores plantearon que el caso debía ser tratado por la Justicia Electoral, al sostener que los fondos desviados habrían sido utilizados para financiar campañas políticas. Ese planteo fue aceptado por el juez federal Daniel Alonso, lo que derivó en un prolongado conflicto de competencia que llevó el expediente a la Justicia Electoral y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este trámite provocó la paralización de la causa durante varios años. Recién en 2024 la investigación volvió a reactivarse en los tribunales provinciales. Las audiencias para la remisión a juicio oral comenzaron en 2025, aunque se interrumpieron a mediados de ese mismo año. En las instancias ya realizadas se expuso una estructura compuesta por funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, estudios contables y particulares que habrían participado en la búsqueda de prestanombres, falsificación de firmas y endoso de cheques, entre otras maniobras. Según la hipótesis de la Fiscalía, una parte importante del dinero sustraído habría sido destinada a inversiones privadas, principalmente en el sector inmobiliario y agropecuario. Imputados y situación procesal En el inicio del expediente se contabilizaron 32 imputados. Con el paso del tiempo ese número se redujo, ya que algunos acusados accedieron a suspensiones de juicio a prueba o fueron sobreseídos. Entre quienes obtuvieron probation se encuentran Esteban Scialocomo, María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. En tanto, el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Actualmente permanecen como imputados Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider. La elevación a juicio de la causa conocida como contratos truchos I está prevista para mayo de este año, según el calendario judicial. En paralelo, la nueva etapa de la investigación buscará determinar si existieron responsabilidades políticas en el esquema que derivó en uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en la provincia. Con información de Analisis
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