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Parana » Informe Digital
Fecha: 04/03/2026 20:12
En ese marco, el presidente de la entidad, Héctor Bolzán, encabezó un encuentro con el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, en el que se presentó el informe técnico elaborado por la institución. También participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; e integrantes de la Bolsa de Cereales, de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos y de la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, que actúa como entidad socia de la Bolsa y como tercer interesado en la causa. Durante la audiencia se recordó que, en 2019, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) ordenó al Poder Ejecutivo provincial y a la Legislatura avanzar en la sanción de una ley que regule las distancias de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios, junto con el resto de las determinaciones vinculadas a esa actividad. A partir de ese fallo, y durante las administraciones provinciales encabezadas por Gustavo Bordet y luego por Rogelio Frigerio, se llevó adelante un proceso técnico e institucional que culminó con la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura. La iniciativa fue analizada por más de un año en la Cámara de Diputados, principalmente a través de la Comisión de Ambiente, incorporando aportes de numerosos sectores involucrados. Como resultado de ese proceso amplio, plural y participativo -que integró distintas miradas y se sustentó en evidencia científica-, la ley fue finalmente sancionada con un amplio consenso legislativo. Sin embargo, un año después de su sanción, se promovieron acciones de amparo que cuestionan la constitucionalidad de dos artículos vinculados a las distancias de exclusión para la aplicación de fitosanitarios, indicaron desde la Bolsa de Cereales. Más allá del debate sobre las distancias de aplicación, también se discute el alcance del riesgo y las consecuencias que acarrearía la eventual adopción de criterios surgidos de antecedentes judiciales, que fijan distancias de exclusión de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas: La aplicación generalizada de estos parámetros en todo el territorio provincial -consideran desde la entidad- generaría consecuencias significativas sobre la producción agropecuaria, el uso del suelo y la sostenibilidad económica de amplias zonas rurales, aspectos que forman parte central del análisis aportado por la entidad en su presentación ante el tribunal. En ese contexto, la institución se presentó ante el máximo tribunal provincial como amicus curiae, con el propósito de aportar su opinión técnica e institucional, fundamentando mediante datos y análisis el impacto productivo que podría generar para la provincia una eventual declaración de inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Asimismo, la presentación destaca el amplio trabajo realizado durante más de cinco años en la elaboración de la norma, subrayando que la ley sancionada contempla criterios basados en evidencia científica y establece mecanismos de resguardo que incluso superan los estándares considerados razonables por la propia ciencia. La Bolsa de Cereales realizó un análisis espacial de la afectación sobre la superficie agrícola por restricciones de 1.095 m y 3.000 m (Loteo Tierra Alta y Aldea Salto), además de una evaluación del impacto territorial y en la producción alimentaria ante eventuales nuevas restricciones. La imposibilidad de producir 33.700 toneladas de trigo / maíz debido a las restricciones de los amparos judiciales no es solo un problema de cifras agrícolas; es un problema de seguridad alimentaria. Si consideramos que este volumen de granos es la base para alimentos esenciales derivados de las harinas de trigo y maíz, estamos hablando de una pérdida de más de 112.300.000 platos de comida. Esta crisis evidencia la urgencia de un ordenamiento territorial equilibrado y de decisiones que apliquen las leyes vigentes, que garantice la convivencia entre el desarrollo urbano y la producción de alimentos, evitando que la expansión residencial ponga en riesgo el sustento de millones de personas, señala la conclusión del informe técnico.
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