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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 04/03/2026 17:57
El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos inició el proceso contra cuatro exoficiales superiores acusados por presuntas irregularidades en el mantenimiento y alistamiento del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Están imputados por incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos dio inicio al juicio oral contra cuatro exintegrantes de la cúpula de la Armada Argentina por su presunta responsabilidad en el hundimiento del ARA San Juan, tragedia ocurrida en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. El debate es encabezado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla y María Andrea Garmendia Orueta. Los acusados son el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide; el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso; y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa. Llegan al proceso imputados como presuntos autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. El eje de la acusación Según la acusación fiscal, los exjefes navales no garantizaron que el submarino estuviera en condiciones técnicas adecuadas para operar. La investigación sostiene que la nave arrastraba deficiencias de mantenimiento desde su reparación de media vida finalizada en 2015, y que al momento de su última misión presentaba limitaciones operativas significativas. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, el submarino había superado en más de dos años el plazo reglamentario previsto para su ingreso a dique seco, instancia clave para tareas de revisión estructural y mantenimiento integral. Esa situación, sumada a la falta de determinadas pruebas de mar como ensayos de máxima profundidad y velocidad habría incrementado el riesgo operativo. La fiscalía también expuso que durante 2017 se registraron reportes técnicos que advertían sobre desperfectos similares a los que, según la reconstrucción oficial, precedieron al siniestro. La última navegación El ARA San Juan zarpó el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata rumbo a Ushuaia y, posteriormente, inició una misión de patrullaje y control en la plataforma continental argentina. El 14 de noviembre se reportó un ingreso de agua por el sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N°3, lo que habría generado un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente, el 15 de noviembre a las 10:51, se produjo la pérdida de contacto. La acusación sostiene que el submarino habría superado su profundidad de colapso, provocando la implosión. Para el Ministerio Público Fiscal, las decisiones adoptadas por los imputados tanto en materia de mantenimiento como en la autorización de la misión contribuyeron a crear un escenario de riesgo que derivó en el desenlace fatal. Las responsabilidades individuales Cada uno de los acusados enfrenta cargos vinculados con las funciones que ejercían en 2017 dentro de la estructura de la Armada. La fiscalía les atribuye haber permitido la participación del submarino en la Orden de Operaciones COFS 04/17 pese a conocer deficiencias técnicas, vencimientos en tareas de mantenimiento programado y limitaciones operativas. En particular, se cuestiona la omisión de medidas vinculadas al control del alistamiento, la supervisión del estado material de la unidad y la actualización de planes y sistemas de comunicación durante la última travesía. Según el planteo acusatorio, las conductas u omisiones de los cuatro exjefes elevaron el riesgo permitido en una actividad que de por sí conlleva un alto nivel de peligrosidad, como la operación de submarinos militares. Asistencia a las familias y controversias procesales Durante el juicio también interviene la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), que brinda asistencia a los familiares de los 44 marinos fallecidos. En paralelo, el equipo fiscal trabaja en la presentación de un recurso de queja ante instancias superiores luego de que el tribunal limitara la intervención a solo dos de los cuatro fiscales designados para el proceso. El debate oral buscará determinar si las fallas atribuidas a la cadena de mando constituyeron incumplimientos penales y si esas presuntas negligencias tuvieron incidencia directa en una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.
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