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Chajari » Chajari al dia
Fecha: 04/03/2026 11:20
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz inició el proceso para determinar responsabilidades penales por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en 2017 en el Atlántico Sur y que dejó 44 tripulantes fallecidos. A más de ocho años de la tragedia que conmocionó al país, este martes comenzó en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes. Las audiencias son virtuales y los familiares de los submarinistas siguen el proceso desde distintos puntos del país. Entre ellos está Raquel Colombani, madre de Fernando Mendoza, el submarinista concordiense que se desempeñaba como jefe del Departamento de Máquinas a bordo del ARA San Juan. Hace más de ocho años que esperamos que se haga justicia. Que los verdaderos culpables sean juzgados como se merecen, sea civil, político o militar. Caiga quien caiga, expresó. Proceso judicial El proceso judicial busca determinar responsabilidades penales dentro de la cadena de mando de la Armada Argentina por una de las mayores tragedias navales de la historia reciente del país. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz y se extenderá, en principio, hasta el 8 de julio, con audiencias previstas de lunes a jueves en semanas alternadas. Está previsto que declaren cerca de un centenar de testigos. Si bien los familiares de las víctimas habían solicitado que el juicio se realizara en Mar del Plata base habitual del submarino y ciudad donde residían gran parte de los tripulantes, finalmente el proceso se lleva adelante en la capital santacruceña. Según se informó, no estarán presentes en la sala de audiencias, aunque seguirán cada instancia con la expectativa de que el debate aporte respuestas y establezca responsabilidades. En esta etapa del proceso comparecen cuatro altos mandos navales: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío Claudio Villamide; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto deberán analizar las conductas atribuidas a los imputados, quienes enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. De acuerdo con la acusación, López Mazzeo habría autorizado la misión pese a conocer el estado técnico del submarino. En el caso de Villamide, se le atribuye haber recibido un informe que detallaba 47 desperfectos y no haber dispuesto que la navegación continuara en superficie tras el incendio en las baterías. Alonso está señalado por no garantizar el cumplimiento de las normas de alistamiento técnico, mientras que Correa habría restado relevancia al primer mensaje satelital que alertó sobre un principio de incendio a bordo más las presuntas e innumerables llamadas no respondidas según registros de Iridium satelital. El submarino había zarpado desde Ushuaia y regresaba a su base en Mar del Plata cuando se perdió contacto, siete días después de iniciar su patrullaje. No hubo sobrevivientes. Tras un amplio operativo de búsqueda internacional, los restos fueron localizados en noviembre de 2018 a 920 metros de profundidad y a más de 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz. El juicio constituye el primer proceso penal orientado a delimitar responsabilidades individuales por el hundimiento. Para las familias de los 44 tripulantes, la apertura del debate inaugura una etapa decisiva en una causa signada por años de espera, reclamos persistentes y una búsqueda de verdad condicionada por un contexto de opacidad que antecedió, acompañó y se prolongó más allá de la navegación. En ese marco, el acervo probatorio quedó restringido, en la práctica, a tres imágenes difundidas por la Armada Argentina, mientras que otras 67.000 registradas por la empresa que afirmó haber localizado los restos del naufragio habrían quedado inutilizadas por supuestos desperfectos técnicos e incompatibilidades en la lectura del disco rígido. Así, la reconstrucción documental de la pesquisa -incluido el esquema del Punto Dato 24 (PD-24) y la clasificación CERSUB (Certeza de Submarino)- terminó encapsulada en una nebulosa informativa de alcance judicial, sumada a interrogantes de índole procedimental que, en términos estrictamente administrativos, podrían proyectarse sobre las condiciones del pliego licitatorio de la firma contratada por el Estado Nacional, con asesoramiento de la Armada Argentina, ya que las mismas, podrían haber sido analizadas en laboratorios de USA transportadas por un tripulante desde el buque Seabed Constructor de Ocean Infinity que intervino en la búsqueda, cuando era expresamente prohibido por el pliego licitatorio. Hay decenas de incongruencias, que al margen del juicio oral, quedarán siempre en la nebulosa oculta de las conjeturas. Fuentes Uno y Pescare
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