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Parana » Regionlitoral
Fecha: 04/03/2026 10:55
Empezó el juicio por el ARA San Juan: cuatro jefes de la Armada acusados por falta de mantenimiento y mal funcionamiento del submarino El proceso se inicio con la lectura de la acusación a las autoridades a cargo. Les atribuyen responsabilidad en la muerte de los 44 tripulantes Este martes, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz inauguró el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan contra cuatro altos mandos de la Armada Argentina. Los fiscales, las defensas y las querellas empezarán a negociar por los 120 testigos que declararán durante los próximos meses, mientras esperan que se levante el secreto militar, que mantiene en reserva pruebas que podrían ser valiosas para el esclarecimiento del hecho. En el banquillo de los acusados están Luis Enrique López Mazzeo, ex titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada; Claudio Javier Villamide, quien fue Comandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Aníbal Alonso, ex Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, quien ocupaba simultáneamente la jefatura del Departamento de Operaciones, la División Operaciones y la Central de Comunicaciones de Submarinos. En la primera audiencia el Tribunal dio lectura del requerimiento de elevación a juicio, que contiene la acusación formulada por el fiscal federal de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla y su par María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría Investigaciones Administrativas (PIA). El Tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, quienes confirmaron que aún aguardan respuesta del ministro de Defensa, Carlos Presti, respecto del levantamiento del secreto militar. Con ese procedimiento se podrán mostrar públicamente planos y fotos del ARA San Juan, que guardan detalles técnicos del submarino. En tanto, los magistrados le dieron el resto de la semana a las partes para que lleguen a un acuerdo sobre el orden en el que serán citados a declarar los 120 testigos previstos para el juicio oral. De no haber consenso, lo decidirán los jueces. El TOF de Santa Cruz espera escuchar entre seis y ocho personas por día, para no extender durante más de cinco semanas la etapa de testimoniales. Según el cronograma pautado, el veredicto se leería a mediados de julio. La acusación llegó al juicio con una serie de advertencias que existían sobre la falta de mantenimiento o mal funcionamiento del ARA San Juan y que, a criterio de la Fiscalía, volvían previsible el desenlace trágico del submarino, que implosionó en noviembre de 2017 y fue hallado un año después. Se trata de informes y alertas internas que se dispararon a lo largo de los años, que ayudarían a establecer responsabilidades en la cadena de mando. Todo será debatido por las partes durante los próximos meses. En septiembre de 2015, tras finalizar la reparación de media vida -un proceso que se hace luego de 15 años de navegación-, se documentó que quedaban pendientes 33 tareas de mantenimiento correctivo y pruebas críticas de seguridad, entre ellas la prueba de máxima velocidad, la prueba de máxima profundidad y la prueba hidráulica del sistema de refrigeración a 62,5 bares. En mayo de 2016, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió que el submarino registraba emanaciones de fluidos desde sus baterías, una situación que implicaba riesgos significativos para la salud y la vida de los tripulantes. En diciembre de 2016, la auditoría de la Inspección General de la Armada concluyó que las deficiencias en el equipamiento operativo dificultaban el cumplimiento de los planes en vigor, advirtiendo sobre el incumplimiento de los mantenimientos previstos en dique seco y la falta de certificación de las escotillas para rescate. Este martes, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz inauguró el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan contra cuatro altos mandos de la Armada Argentina. Los fiscales, las defensas y las querellas empezarán a negociar por los 120 testigos que declararán durante los próximos meses, mientras esperan que se levante el secreto militar, que mantiene en reserva pruebas que podrían ser valiosas para el esclarecimiento del hecho. En el banquillo de los acusados están Luis Enrique López Mazzeo, ex titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada; Claudio Javier Villamide, quien fue Comandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Aníbal Alonso, ex Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, quien ocupaba simultáneamente la jefatura del Departamento de Operaciones, la División Operaciones y la Central de Comunicaciones de Submarinos. En la primera audiencia el Tribunal dio lectura del requerimiento de elevación a juicio, que contiene la acusación formulada por el fiscal federal de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla y su par María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría Investigaciones Administrativas (PIA). El Tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, quienes confirmaron que aún aguardan respuesta del ministro de Defensa, Carlos Presti, respecto del levantamiento del secreto militar. Con ese procedimiento se podrán mostrar públicamente planos y fotos del ARA San Juan, que guardan detalles técnicos del submarino. En tanto, los magistrados le dieron el resto de la semana a las partes para que lleguen a un acuerdo sobre el orden en el que serán citados a declarar los 120 testigos previstos para el juicio oral. De no haber consenso, lo decidirán los jueces. El TOF de Santa Cruz espera escuchar entre seis y ocho personas por día, para no extender durante más de cinco semanas la etapa de testimoniales. Según el cronograma pautado, el veredicto se leería a mediados de julio. La acusación llegó al juicio con una serie de advertencias que existían sobre la falta de mantenimiento o mal funcionamiento del ARA San Juan y que, a criterio de la Fiscalía, volvían previsible el desenlace trágico del submarino, que implosionó en noviembre de 2017 y fue hallado un año después. Se trata de informes y alertas internas que se dispararon a lo largo de los años, que ayudarían a establecer responsabilidades en la cadena de mando. Todo será debatido por las partes durante los próximos meses. En septiembre de 2015, tras finalizar la reparación de media vida -un proceso que se hace luego de 15 años de navegación-, se documentó que quedaban pendientes 33 tareas de mantenimiento correctivo y pruebas críticas de seguridad, entre ellas la prueba de máxima velocidad, la prueba de máxima profundidad y la prueba hidráulica del sistema de refrigeración a 62,5 bares. En mayo de 2016, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió que el submarino registraba emanaciones de fluidos desde sus baterías, una situación que implicaba riesgos significativos para la salud y la vida de los tripulantes. En diciembre de 2016, la auditoría de la Inspección General de la Armada concluyó que las deficiencias en el equipamiento operativo dificultaban el cumplimiento de los planes en vigor, advirtiendo sobre el incumplimiento de los mantenimientos previstos en dique seco y la falta de certificación de las escotillas para rescate.
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