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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 04/03/2026 10:52
El complejo hidroeléctrico de Salto Grande se sitúa en el centro de una tensión histórica entre las provincias y el poder central. Sergio Benítez, referente del CISPER, analiza el flujo de la renta generada por la represa y advierte sobre la necesidad de reglas claras para que la riqueza producida en suelo entrerriano se traduzca en desarrollo regional genuino. La represa de Salto Grande no es simplemente una planta de generación; es un pilar de la estabilidad eléctrica del país. Durante el año 2025, el complejo aportó el 2,9% de la energía nacional y el 13,9% de la generación hidroeléctrica, con una potencia de 4.180 GWh. Para Sergio Benítez, integrante de la Mesa Ejecutiva provincial de CTA y del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (CISPER), estos datos «confirman su peso específico dentro de la matriz energética argentina». En una nota publicada en el sitio oficial del CISPER, Benítez destaca que la infraestructura trasciende la mera producción de electricidad. La central opera un cuadrilátero binacional de 350 km en extra alta tensión y cumple una función crítica en la regulación de frecuencia del sistema interconectado. Por esta razón, el autor sostiene que la represa «es, ante todo, un activo estratégico para Entre Ríos y una pieza central en el debate sobre federalismo fiscal y distribución de recursos». Discrecionalidad y el «laberinto» de la remuneración El esquema financiero de la central revela una asimetría que condiciona los recursos de Salto Grande para Entre Ríos. Actualmente, la central percibe el 100% por concepto de potencia, pero apenas el 50% por el concepto de energía. Con el remanente, se deben afrontar costos operativos, regalías e indemnizaciones, lo que reduce el margen para la generación de excedentes. A pesar de este escenario, la Resolución SE 381/2025 otorgó un aumento del 27,85% a la central, permitiendo recuperar un 18% de poder adquisitivo frente a la inflación. Benítez califica este movimiento como una «decisión discrecional del gobierno nacional» que, si bien favoreció el arribo de fondos, expone la falta de mecanismos automáticos. Según el especialista, el flujo de dinero depende hoy de voluntades políticas momentáneas: «El desafío hacia adelante no es coyuntural. Requiere reglas claras, previsibilidad en la actualización de la remuneración y una articulación institucional madura entre Nación y provincias». La proyección de 45 millones de dólares y el reclamo federal Los beneficios directos para la provincia se materializan a través de las regalías y los excedentes, regulados por leyes que destinan el 67,5% de estos últimos a Entre Ríos. El informe técnico del CISPER estima que, en el trienio 2024-2026, la provincia habrá recibido aproximadamente 45 millones de dólares por estos conceptos. Para el año 2026, las proyecciones son específicas: USD 13,1 millones en excedentes y USD 17,5 millones en regalías en especie. Sin embargo, para Benítez, la discusión no debe agotarse en la recepción de fondos, sino en la soberanía sobre el recurso. El autor afirma con vehemencia que «garantizar que esa generación se traduzca en recursos adecuados y previsibles para la provincia forma parte de una discusión estructural sobre equilibrio territorial». El análisis final es contundente al señalar que el aporte de la represa debe ser reconocido en todas sus dimensiones: «Salto Grande, en definitiva, es más que infraestructura: es un componente estratégico del entramado productivo y fiscal provincial, cuyo aporte debe ser dimensionado en su real magnitud».
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