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» tn24
Fecha: 03/03/2026 16:36
La Justicia Federal investiga un presunto perjuicio de $1.800 millones por inversiones con fondos públicos. Secuestraron documentación y dispositivos electrónicos en múltiples domicilios. Una nueva etapa sacude la investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a fondos públicos. Este martes, la Justicia Federal desplegó allanamientos simultáneos en Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una causa que apunta a un supuesto perjuicio patrimonial de 1.800 millones de pesos mediante inversiones consideradas de alto riesgo y sin garantías suficientes. El procedimiento central se llevó adelante en la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco, ubicada sobre calle Frondizi 174, donde la medida se concentró en oficinas de cuatro operadores bursátiles. También se allanó un domicilio particular en calle Catamarca. Según fuentes judiciales, el objetivo es secuestrar documentación y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir el circuito financiero bajo análisis. Las medidas alcanzaron además dependencias de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y oficinas profesionales vinculadas a Diego Landriscina, secretario de Gobierno en licencia. La causa se originó a partir de la denuncia presentada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien puso el foco en el manejo de fondos municipales y en operaciones que habrían generado un fuerte impacto en las arcas públicas. Interceptación y ampliación de la denuncia En paralelo a los allanamientos, se confirmó que el gerente general de la Bolsa, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje camino a la Ciudad Termal. Durante el procedimiento se le secuestró su teléfono celular, aunque no quedó detenido. El avance judicial se produjo tras la ampliación de la denuncia por parte de Pérez Pons, quien aportó documentación que comprometería al intendente Bruno Cipolini, a la secretaria de Economía municipal, María Alejandra Quintana, y al propio Landriscina por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales y peculado. De acuerdo con la presentación, el municipio habría destinado fondos públicos a inversiones de alto riesgo no contempladas en el presupuesto ni autorizadas por ordenanza. Como contrapartida, la comuna habría recibido cheques de una empresa privada que no fueron cubiertos al vencimiento, generando una pérdida millonaria. Doble rol y comisiones bajo la lupa La investigación también examina el rol de Landriscina, quien según consta en la documentación estaba autorizado a operar la cuenta comitente del municipio y, al mismo tiempo, se desempeñaba como manager de cuentas en la Bolsa. El legislador denunciante sostuvo que el funcionario habría percibido comisiones por estas operatorias que, solo en 2025, superarían los 15 millones de pesos. Nadie puede decir que no sabía. Se cambió el perfil inversor del Municipio habilitando instrumentos de mayor riesgo, afirmó Pérez Pons al referirse a la firma del intendente en la apertura de la cuenta y la aceptación de las condiciones de inversión. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas. La Justicia busca determinar si existió una estructura organizada para desviar fondos bajo la apariencia de inversiones legales, en un expediente que ya tiene fuerte impacto político e institucional en la provincia.
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