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Concordia » El Heraldo
Fecha: 03/03/2026 13:37
Cuándo entra en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil El nuevo régimen reemplaza la ley de 1980 e incorpora sanciones y medidas de reinserción. La edad de imputabilidad en la Argentina bajará de 16 a 14 años. La aprobación se dio por 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras un extenso debate que volvió a exponer dos visiones opuestas. La norma no comenzará a regir de inmediato. El texto aprobado establece que la ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial. Es decir, una vez promulgada y publicada formalmente por el Poder Ejecutivo, se abrirá un plazo de seis meses para su implementación efectiva en todo el país. La reforma modifica el régimen vigente desde 1980 y crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años. El objetivo declarado es garantizar procesos judiciales adecuados a la edad, con órganos y centros específicos, y con la prohibición expresa de que los menores compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos. El nuevo esquema introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de la libertad. Para delitos con penas menores, se prevén medidas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones de circulación, monitoreo electrónico, mediación penal juvenil y suspensión del proceso a prueba. La prisión queda reservada para delitos graves y con límites estrictos de tiempo. Además, la norma contempla programas educativos, laborales y recreativos para favorecer la reinserción social. Se incorpora la figura de un supervisor judicial especializado para el seguimiento de cada caso y se establecen estándares de alojamiento que garantizan acceso a educación, salud, cultura y recreación. Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una actualización necesaria frente a un régimen considerado obsoleto y discrecional. También remarcó que la edad de 14 años ya rige en varios países de la región. La ley también otorga un rol central a las víctimas, con derecho a asistencia jurídica y psicológica, participación en audiencias y posibilidad de intervenir en instancias restaurativas.
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