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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 01/03/2026 06:14
El demorado monitoreo del río Uruguay: Gualeguaychú registró 505 infracciones ambientales frente a 12 de la ex Botnia A más de quince años del punto más álgido del conflicto por las papeleras, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) publicó los datos de una década de monitoreo. Paradójicamente, las aguas del río Gualeguaychú registraron 505 incumplimientos ambientales, frente a las apenas 12 infracciones detectadas en los efluentes de la planta de celulosa UPM (ex Botnia) en Fray Bentos. Una radiografía que expone verdades incómodas sobre el cuidado de nuestros recursos hídricos. La paradoja ambiental: cuando los números hablan Ha pasado mucho tiempo desde que el corte del puente internacional San Martín acaparaba las portadas del mundo, pero hoy las aguas vuelven a agitarse. La reciente publicación de los resultados de diez años del monitoreo del río Uruguay (período 2011-2021) arroja conclusiones que obligan a replantear el relato histórico del conflicto binacional. De acuerdo con los informes revelados por la CARU, basados en el trabajo de su Comité Científico y divulgados recientemente por medios como El Observador y Uypress, a lo largo de 122 instancias de control, la balanza de la contaminación se inclina drásticamente hacia la costa argentina. Mientras que la planta Orión de UPM en Fray Bentos registró 12 apartamientos normativos vinculados a siete parámetros (entre ellos, temperatura, pH y sólidos sedimentables), la desembocadura del río Gualeguaychú contabilizó 505 excesos en 14 parámetros de calidad, con niveles alarmantes de hierro (122 excedencias), aluminio (111), berilio (92) y amonio (89), además de rastros de hidrocarburos, fenoles y agroquímicos como la atrazina. Breve cronología de una herida binacional Para comprender el impacto de estos datos, es imperativo mirar hacia atrás. La semilla del conflicto se sembró a fines de 2003, cuando las empresas ENCE (España) y Botnia (Finlandia) anunciaron inversiones millonarias para instalar plantas de celulosa en Fray Bentos. Desde 2005, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú inició movilizaciones bajo la consigna No a las papeleras, argumentando que los efluentes destruirían el ecosistema, lo que derivó en un bloqueo de ruta que se extendió por años (malvinizando el conflicto, según académicos como Vicente Palermo). La crisis escaló hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en abril de 2010 dictaminó que Uruguay había violado el deber de información del Estatuto del Río Uruguay, pero determinó que no había pruebas suficientes de contaminación que justificaran el desmantelamiento de la planta. Como solución diplomática, los presidentes de entonces acordaron la creación de un Comité Científico en el seno de la CARU para auditar de forma conjunta tanto la planta de UPM como la desembocadura del río Gualeguaychú. ¿Desmienten los datos a la Asamblea Ambiental? La abrumadora diferencia entre las infracciones de UPM (12) y del río Gualeguaychú (505) pone en jaque la narrativa original de los asambleístas argentinos. Los opositores a la papelera centraban su argumento en que el ecosistema colapsaría por los químicos de la industria finlandesa. Sin embargo, los resultados, validados internacionalmente por laboratorios canadienses, demuestran que UPM, operando bajo altísimos estándares de la Unión Europea y una estricta lupa binacional, se mantiene casi siempre dentro de la norma. En contraste, el río Gualeguaychú actúa como un vertedero silencioso de la falta de políticas ambientales a nivel municipal y provincial. Los altos índices de aluminio, amonio y agroquímicos revelan el impacto severo de los desagües cloacales sin tratamiento adecuado, la actividad industrial no regulada y el escurrimiento de pesticidas agrícolas. Más que una victoria para la pastera que, de hecho, ha solicitado recientemente aumentar su producción a 1,5 millones de toneladas, el informe es un duro golpe de realidad para las autoridades argentinas. El silencio burocrático: ¿Por qué tardan cinco años en publicarse? Una de las grandes interrogantes desde el periodismo de investigación es el retraso injustificable en la publicación de esta información. Los datos recabados terminan en diciembre de 2021, pero recién a fines de febrero de 2026 ven la luz. ¿Inoperancia técnica o sensibilidad política? Históricamente, la CARU ha sido un campo de batalla diplomático donde la publicación de datos requiere el consenso de ambas delegaciones. Aceptar y hacer públicos reportes que demuestran que Argentina contamina el río compartido 40 veces más que la pastera que tanto combatió, conlleva un fuerte costo político. La retención de estos datos vulnera el derecho al acceso a la información ambiental, consagrado en normativas internacionales, y expone las debilidades institucionales del bloque Mercosur a la hora de manejar recursos compartidos de forma transparente. La verdadera lección tras una década de monitoreo es que la diplomacia ciudadana que frenó un puente no logró mirar su propio patio trasero. La protección del río Uruguay no pasa hoy por frenar a una industria altamente regulada, sino por asumir la urgente responsabilidad de sanear las cuencas internas de la provincia de Entre Ríos.
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