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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 28/02/2026 17:51
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los principales atractivos que el Gobierno impulsa a los fines de promover nuevos proyectos que puedan dinamizar la economía. La semana pasada, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 105/26 a través del cual se dispuso la prórroga del plazo para que las provincias puedan acogerse a este esquema hasta el 8 de julio de 2027. Este esquema busca atraer inversiones de gran escala -siempre y cuando superen los USD 200 millones- en sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura, turismo y tecnología, entre otros, a cambio de previsibilidad en términos fiscales, aduaneros y cambiarios por parte de las autoridades por el período de 30 años. Hasta el momento han sido aprobados 10 proyectos por USD 25.479 millones, según datos del Ministerio de Economía. El conteo que tienen las autoridades es que han aplicado 17 provincias, las cuales son gobernadas por mandatarios de diferentes signos políticos. Pero mañana habrá novedades de otro distrito con el que la gestión nacional de Milei mantiene profundas diferencias. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, va a anunciar en su discurso de la apertura del 43° período legislativo de sesiones ordinarias, que presentará un proyecto de ley propio con beneficios fiscales de la provincia y, además, la adhesión al RIGI libertario. Consultamos con cámaras empresariales y nos piden que apliquemos, confirmó una fuente inobjetable del distrito fueguino. La primera iniciativa tendría como novedad que promovería la baja del impuesto a los Ingresos Brutos (una medida que el Gobierno nacional busca que las administraciones provinciales realicen), aunque todavía no se dieron a conocer los detalles de bajo qué parámetros de inversión. No es que vamos a adherir al RIGI, sino que vamos a acompañar lo que ya tiene la Legislatura en estado parlamentario, afirmó una alta fuente del Poder Ejecutivo provincial. El proyecto de adhesión al esquema de inversiones había sido presentado una vez aprobada la Ley Bases pero perdió estado parlamentario. Quien lo volvió a impulsar por estos días es la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura fueguina, Natalia Graciania Flores y desde hace días que en ese sector viene especulándose con la posibilidad de conseguir la venia del oficialismo provincial para movilizar el proyecto. El dato relevante es que Melella viene teniendo unas semanas complejas. Está cambiando a los titulares de sus ministerios, tiene internas con intendentes y precisa movilizar inversiones para mejorar la dinámica provincial, se limitaron a comentar fuentes libertarias a Infobae, que vieron con buenos ojos la concesión del gobernador. Esto parte por una crisis económica. Pidió adelantos de Coparticipación en diciembre y en febrero solicitó 20.000 millones de pesos, afirmó un integrante de La Libertad Avanza en ese distrito. Por caso, Melella oficializará recambios en tres de sus ministerios el próximo lunes. Gabriela Castillo asumirá como nueva Ministra de Energía. Martín Moreyra quedará al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; a la vez que colocó a Lucía Rossi como Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia. Melella es uno de los cuatro gobernadores -los otros tres son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja)- que fueron vedados de cualquier tipo de interlocución política con el Gobierno cuando la Casa Rosada armó una reunión con las provincias después de las elecciones legislativas de octubre. Fuentes inobjetables de La Libertad Avanza ya avisan con tiempo que van a competir con fuerza el año próximo con la intención de quedarse con la gobernación. Es una de las provincias patagónicas donde vamos a presentar nuestro candidato y creemos que tenemos intenciones de ganar, afirman. Uno de los potenciales candidatos es el senador nacional Agustín Coto, que encabezó la alianza que sacó el 39,6% de los votos. El oficialismo provincial fue encolumnado bajo la denominación de Fuerza Patria y obtuvo el 30,6%. La disputa que el Gobierno quiere tener en Tierra del Fuego se visualizó en una medida reciente tomada desde Nación. A través de la Resolución 4/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables dispuso la suspensión de la habilitación e intervención del Puerto de Ushuaia bajo el argumento de que habían encontrado presuntas irregularidades financieras y desvíos de fondos que iban para financiar las arcas de la administración provincial. En el Gobierno habían comentado a Infobae que la decisión se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación de las empresas navieras que allí operan. Se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados, afirmaron. Ante esto, el Gobernador de Tierra del Fuego inició una acción judicial con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de esa resolución. La Provincia es la directamente afectada por el accionar irregular e ilegítimo de la Nación, ello en tanto ha sido desplazada de la gestión de un bien de su titularidad, integrante de su dominio público, indica la demanda, que además marca que el accionar ilegítimo por parte de la ANPYN invade competencias constitucionales propias, compromete su responsabilidad institucional, administrativa, financiera y fiscal. Tierra del Fuego es, ante todo, una de las provincias más importantes para la Argentina en términos políticos por su cercanía con el continente antártico y las Islas Malvinas. Meses atrás, en el Ministerio de Defensa de la Nación han marcado la importancia tanto del Puerto de Ushuaia como el Puerto de Río Grande en el comercio marítimo, así como lugar de carga de diversos buques extranjeros.
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