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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 27/02/2026 12:43
El Tribunal Oral Federal (TOC) de Corrientes, conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, fijó para el 7 de octubre el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio. La audiencia del debate oral y público será presencial, fijando como fecha de inicio del debate el día miércoles 7 de octubre del corriente año. La agenda de trabajo se fijará los días miércoles y jueves de cada semana. El Tribunal tiene previsto hacer dos días de audiencia por semana, hasta el mes de diciembre del 2026, dijo el presidente del TOC en el comienzo de la audiencia. Asimismo, comunicó: El Tribunal, a los fines organizativos, va a otorgar un plazo de 15 días para adecuar toda esa prueba y depurar un poco los testigos y las pruebas ofrecidas. Ustedes saben que esta es una causa compleja, que tiene muchos cuerpos de expediente, hay muchas partes. En consecuencia, debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir. Y agregó: Las partes deberán asegurar la comparecencia de los testigos ofrecidos, más allá de la obligación jurisdiccional al respecto. También, se convoca a las partes a la realización de acuerdos probatorios fundamentales en temas no controvertidos, como actas, allanamientos y testigos de actuación. La decisión del TOC generó una fuerte reacción del fiscal general de Corrientes Carlos Adolfo Schaefer, quien adelantó que impugnará la fecha y pedirá que se adelante el comienzo del juicio. En primer lugar, estamos acá en una audiencia preliminar y yo entendía que esta audiencia era justamente para ajustar los testigos, no para que se nos dé un plazo. Y lo digo porque hoy está presente la familia de Loan, están presentes los querellantes de Loan, están presentes muchos abogados que han viajado hasta acá. Es decir, yo creo que hoy deberíamos aprovechar este día, porque nos está fijando una fecha de debate, que también voy a revocar. Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia, dijo el fiscal. Este es un caso realmente que amerita justicia y lo más pronto posible. Por eso entiendo que deberíamos hoy ajustar. Nosotros readecuamos justamente en función a esa celeridad que tiene que tener. Esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está. Nos está dando quince días para readecuar una prueba, que nosotros ya lo hicimos como Ministerio Público Fiscal, entiendo que la querella también, y entiendo que este sería el recinto, en este momento, para que se discuta de esos 160 testigos que ofreció el Ministerio Público Fiscal, añadió. En total son 17 los imputados: siete corresponden a la causa principal que investiga la sustracción y el ocultamiento del niño -por entonces de 5 años- mientras que los otros 10 hacen parte del expediente paralelo, en el que se los acusa de una serie de maniobras para desviar la investigación. En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Schaefer, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. La fiscalía había propuesto más de 700 testigos, pero, recientemente, postuló la asistencia al juicio de 161 y la incorporación por lectura o reserva, de los restantes, aclaró el MPF a través de su página oficial. Son los 7 imputados en el expediente principal: Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía del chico), Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Según la causa, intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento del niño. El delito que se les imputa, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión. Inicialmente, todo ellos fueron investigados en la causa que tramitó ante la justicia provincial y que luego fue remitida a la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con intervención del fiscal Mariano de Guzmán y la PROTEX.
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