27/02/2026 14:48
27/02/2026 14:47
27/02/2026 14:46
27/02/2026 14:46
27/02/2026 14:46
27/02/2026 14:46
27/02/2026 14:46
27/02/2026 14:44
27/02/2026 14:43
27/02/2026 14:43
Concordia » Hora Digital
Fecha: 27/02/2026 11:17
El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, otorgándole media sanción, lo que implica que el proyecto fue aprobado por una de las cámaras del Congreso, pero aún no tiene validez legal. Para convertirse en ley, debe ser debatido y aprobado también por la Cámara de Diputados. Esta iniciativa modifica aspectos fundamentales de la normativa vigente desde 2010, considerada una de las principales herramientas para la protección ambiental en zonas cordilleranas del país. El cambio central propuesto por la reforma consiste en redefinir el alcance de las áreas protegidas. Actualmente, la ley prohíbe actividades extractivas como la minería o la explotación hidrocarburífera tanto sobre glaciares como en amplias zonas periglaciares, que son consideradas reservas estratégicas de agua dulce. La reforma introduce tres modificaciones principales: en primer lugar, reduce el área protegida al limitar la protección automática solo a aquellas zonas periglaciares que demuestren una función hídrica específica. En segundo lugar, otorga mayor autonomía a las provincias para decidir qué territorios proteger y cuáles habilitar para actividades productivas. Finalmente, esta redefinición de límites ambientales podría permitir el avance de proyectos mineros que hoy están restringidos. Las provincias más afectadas por estos cambios serían aquellas con cordillera y actividad minera activa o proyectos en evaluación, como San Juan, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y La Rioja. Todas ellas poseen zonas de ambiente periglaciar en la cordillera de los Andes donde actualmente rigen restricciones para la minería y otras actividades extractivas. El trasfondo económico del debate está marcado por la creciente demanda global de minerales críticos como el litio y el cobre. El litio es fundamental para baterías y almacenamiento energético, posicionando a Argentina como un actor clave en la transición energética mundial. Por su parte, el cobre es indispensable para redes eléctricas, energías renovables y electromovilidad. Gobernadores y sectores productivos argumentan que la normativa actual limita inversiones millonarias y retrasa proyectos que podrían generar empleo y divisas. Desde el punto de vista ambiental, organizaciones y científicos advierten que los glaciares funcionan como reservas naturales de agua dulce y reguladores hídricos en regiones áridas. Reducir las áreas protegidas podría afectar el abastecimiento futuro de agua para consumo humano, agricultura y producción regional, además de aumentar los riesgos de contaminación. El proyecto ahora debe ser tratado en la Cámara de Diputados, donde puede aprobarse sin cambios, modificarse o rechazarse. La votación definirá si Argentina avanza hacia un nuevo esquema de desarrollo minero o mantiene el modelo de protección vigente desde hace más de una década. Entre los proyectos mineros que podrían avanzar si se aprueba la reforma se encuentran varios en alta cordillera, donde las restricciones actuales sobre ambiente periglaciar generan trabas regulatorias o incertidumbre jurídica. Destacan los megaproyectos de cobre, oro y litio en San Juan, como Josemaría, Filo del Sol, Los Azules y El Pachón, que prevén inversiones multimillonarias y producción hacia fines de esta década. En Catamarca, el proyecto MARA Agua Rica, un desarrollo polimetálico que utiliza infraestructura de la ex mina Bajo La Alumbrera, es clave para reactivar la minería metalífera en el NOA, aunque también ha sido cuestionado por su uso de agua y ubicación en zonas sensibles. En Salta, el proyecto Taca Taca, de gran escala, forma parte de las inversiones que podrían posicionar a Argentina entre los principales productores mundiales de cobre. Además, proyectos de litio en expansión en Catamarca y el NOA, como Tres Quebradas, Hombre Muerto Oeste y Sal de Vida, avanzan hacia etapas productivas con inversiones crecientes. Aunque muchos salares no están directamente sobre glaciares, la redefinición del ambiente periglaciar también impacta en estas áreas. El sector minero estima que los principales proyectos de cobre podrían atraer cerca de 20.000 millones de dólares en inversiones, colocando a Argentina entre los grandes productores globales del mineral. Por ello, el Gobierno y gobernadores mineros consideran la reforma como una condición necesaria para destrabar capitales internacionales. El conflicto central radica en que la ley vigente prohíbe actividades extractivas en glaciares y ambientes periglaciares porque funcionan como reguladores naturales del agua. La reforma propone que sean las provincias las que definan qué áreas cumplen realmente esa función hídrica. Esto genera un choque entre empresas y provincias, que hablan de seguridad jurídica y desarrollo, y ambientalistas, que advierten riesgos para reservas estratégicas de agua. Los ambientalistas sostienen que los glaciares y su entorno acumulan nieve y hielo en invierno, liberan agua lentamente en épocas secas y alimentan ríos utilizados por ciudades, agricultura y producción. Limitar la protección solo a ciertas áreas podría dejar zonas clave sin resguardo, afectando el abastecimiento hídrico futuro, especialmente en regiones áridas de la cordillera de los Andes. Actualmente, la ley protege no solo glaciares visibles, sino también el ambiente periglaciar, que incluye suelos congelados, vegas y zonas de alta montaña. Científicos y organizaciones señalan que estas áreas también almacenan y regulan agua, son ecosistemas frágiles y tardan décadas o siglos en recuperarse si se dañan. La reforma podría excluir sectores que hoy están protegidos automáticamente, lo que genera preocupación entre los especialistas y grupos ambientalistas.
Ver noticia original.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por