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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 27/02/2026 07:51
La iniciativa del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley 26.639 pone en alarma a cientÃficos, ambientalistas y sectores productivos: abrirÃa áreas periglaciares a actividades extractivas con un marco regulatorio más laxo, debilitando protecciones clave en un paÃs que depende de sus glaciares para agua, clima y biodiversidad. Por AF para Confirmado Desde su presentación en el Congreso, la propuesta de reforma de la Ley de Glaciares generó un fuerte rechazo en amplios sectores de la comunidad cientÃfica, organizaciones ambientales y especialistas en recursos hÃdricos, que advierten que los cambios planteados podrÃan tener consecuencias ambientales y socioeconómicas de largo alcance para Argentina. Qué protege la actual Ley de Glaciares La Ley 26.639, sancionada en 2010, fue una respuesta a años de debate sobre la necesidad de proteger los cuerpos de hielo y las áreas periglaciares zonas circundantes que actúan como amortiguadores ecológicos en un paÃs cuya cordillera andina es clave para su recurso hÃdrico. Entre sus puntos centrales: - Prohibición de actividades que afecten la estabilidad de glaciares y periglaciares sin estudios de impacto ambiental rigurosos. - Obligatoriedad de inventariar y monitorear estos cuerpos de hielo. - Control estatal sobre intervenciones humanas en zonas de alta montaña. Estos principios se apoyan en estudios que señalan a los glaciares como reservorios naturales de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la agricultura, la generación hidroeléctrica y el mantenimiento de ecosistemas frágiles. Qué propone la reforma y por qué preocupa El proyecto oficial introduce modificaciones que, según sus promotores, buscan agilizar trámites y atraer inversiones. Sin embargo, sus crÃticos señalan que: - Se relajan prohibiciones para actividades extractivas (minerÃa, obras civiles, infraestructura) en zonas periglaciares. - Se redefine qué se considera un glaciar y un periglaciar de manera más laxa, lo que podrÃa dejar fuera de protección áreas que hoy están cubiertas por la ley vigente. - Se transfieren competencias ambientales a organismos con menor autonomÃa técnica y financiera, reduciendo la participación independiente en evaluaciones. Estos cambios, para muchos técnicos, no son menores: una redefinición de términos cientÃficos puede traducirse en millones de hectáreas sin protección efectiva. La experiencia comparada en paÃses con recursos hÃdricos limitados muestra que regulaciones laxas en zonas de montaña suelen culminar en degradación irreversible. Impactos ambientales y sociales posibles Organizaciones ambientalistas y académicas han advertido que flexibilizar la protección: - Incrementa el riesgo de contaminación de cuencas por actividades mineras sin control estricto. - Acelera la pérdida de glaciares y periglaciares en un contexto de cambio climático, reduciendo la disponibilidad de agua en zonas urbanas y rurales. - Debilita la seguridad jurÃdica ambiental, afectando la confianza de comunidades locales y de sectores productivos que dependen del agua. - Puede profundizar desigualdades regionales, puesto que en muchas provincias la gestión del agua es un tema crÃtico para la agricultura y la vida cotidiana. CrÃticas de la comunidad cientÃfica Numerosas instituciones académicas han expresado su preocupación por la base técnica de la reforma. Entre los puntos más repetidos: - La simplificación de definiciones no se apoya en evidencia cientÃfica consensuada. - El alcance de los estudios de impacto ambiental propuestos es considerado insuficiente frente a la complejidad de las cuencas glaciares. - La ausencia de mecanismos robustos de monitoreo independiente abre la puerta a decisiones sin respaldo técnico sólido. Contexto internacional Argentina forma parte de acuerdos internacionales que reconocen la importancia de los glaciares como patrimonio natural, dada su función hidrológica vital. Otros paÃses de montaña han fortalecido, no debilitado, sus marcos de protección en las últimas décadas, ante la evidencia de que una vez alterado un sistema glacial, su recuperación es extremadamente lenta o imposible. La reforma de la Ley de Glaciares, tal como está planteada, no solo genera un debate jurÃdico y polÃtico, sino que pone en cuestión cómo Argentina equilibra la protección de sus bienes ambientales comunes con las propuestas de desarrollo económico. Para muchos expertos, un avance sin mayores salvaguardas técnicas y ambientales representa un riesgo serio para recursos que son irremplazables y estratégicos para el presente y futuro del paÃs. - Periodista de investigación
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