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Parana » AIM Digital
Fecha: 27/02/2026 07:35
El Senado otorgó media sanción al proyecto que modifica la Ley de Glaciares impulsado por el Gobierno nacional, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales, que advierten sobre un posible retroceso en la protección de recursos estratégicos y riesgos de inconstitucionalidad. La iniciativa deberá ahora ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. La reforma se inscribe dentro del paquete legislativo promovido durante las sesiones extraordinarias y busca, según el oficialismo, redefinir el marco normativo vigente bajo criterios de federalismo ambiental y mayor previsibilidad para las actividades productivas. Sin embargo, el cambio encendió alertas por sus posibles efectos sobre la preservación del agua dulce y los ecosistemas de alta montaña. La normativa vigente, sancionada en 2010, establece una protección amplia sobre glaciares y ambientes periglaciares al considerarlos reservas estratégicas de recursos hídricos. Además, prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales que puedan alterar la dinámica del hielo o afectar la calidad del agua, y creó el Inventario Nacional de Glaciares para identificar y monitorear estas reservas en todo el territorio nacional. Ese inventario registra 16.968 cuerpos de hielo que abarcan 8.484 kilómetros cuadrados, concentrados mayormente en la cordillera de los Andes, lo que dimensiona la relevancia del sistema glaciar como reserva de agua dulce frente al cambio climático y la creciente presión sobre los recursos naturales. El principal cambio introducido por el proyecto aprobado consiste en restringir el alcance de la protección legal únicamente a los glaciares que cumplan una función hídrica efectiva para la recarga de cuencas. Para críticos de la iniciativa, esta redefinición reduce el estándar preventivo de la ley vigente y abre la puerta a actividades extractivas en zonas anteriormente protegidas. Otro punto controvertido es la transferencia a las provincias de la facultad de determinar qué glaciares quedarán bajo resguardo y en cuáles podrían habilitarse explotaciones económicas. Juristas y especialistas ambientales sostienen que este esquema podría contradecir el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso debe fijar presupuestos mínimos ambientales de cumplimiento obligatorio en todo el país. Desde esta perspectiva, la reforma modificaría la lógica del sistema actual al permitir que cada jurisdicción establezca niveles distintos de protección según sus intereses productivos, lo que podría generar disputas interprovinciales por el acceso y la gestión del agua. Organizaciones ambientalistas advierten además que la iniciativa podría implicar una regresión ambiental incompatible con compromisos internacionales asumidos por Argentina, entre ellos el Acuerdo de Escazú, orientado a fortalecer la protección ambiental y la participación ciudadana en decisiones que afecten los ecosistemas. Quienes respaldan la modificación sostienen, en cambio, que la ley vigente mantiene definiciones demasiado amplias sobre el ambiente periglacial, lo que ha frenado proyectos productivos incluso en áreas sin impacto hídrico relevante. Para el oficialismo, la reforma permitiría compatibilizar desarrollo económico y regulación ambiental. El debate ahora se traslada a Diputados, donde la discusión promete profundizar la tensión entre desarrollo extractivo y protección ambiental, en un contexto marcado por la búsqueda oficial de atraer inversiones y acelerar proyectos vinculados a la minería y los recursos naturales.
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