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» Clarin
Fecha: 27/02/2026 06:57
Las dificultades fiscales de América Latina no son un fenómeno reciente. Responden a un problema estructural con dos dimensiones estrechamente vinculadas: la histórica debilidad de los Estados expresada en una baja capacidad de recaudar impuestos y la recurrencia de ciclos populistas que impulsan un gasto público superior a los ingresos disponibles y a lo que puede financiarse de manera sostenible. Aunque en el debate público suelen circular explicaciones simplistas corrupción, despilfarro, rechazo social a los impuestos o captura del Estado por élites, el desequilibrio es más profundo y complejo. Las finanzas públicas de la región, cuando no resultan abiertamente caóticas, son claramente frágiles. Dejando de lado el caso extremo de Venezuela, los mercados de deuda advertían que hacia finales de 2025 las primas de riesgo seguían siendo elevadas en buena parte de los países latinoamericanos. Los déficits fiscales como proporción del PIB confirman la presión existente: Brasil, México y Panamá proyectan desbalances superiores al 5%, mientras que Ecuador y Uruguay rondan el 4%. Aunque no existe un umbral único, el Fondo Monetario Internacional suele considerar sostenibles déficits de entre 1% y 3%. En comparación con los países desarrollados, la región recauda poco. Un informe reciente de Oxfam muestra que América Latina obtiene en promedio el 21,3% del PIB en impuestos, frente al 33,9% del conjunto de países de la OECD. Aunque la brecha se ha reducido en las últimas dos décadas, sigue siendo considerable. A ello se suma un problema de equidad. En varios países, las personas ubicadas en los percentiles más altos de ingreso enfrentan tasas efectivas de tributación menores que sectores de ingresos medios. Además de baja e inequitativa, la fiscalidad latinoamericana es extraordinariamente compleja, y esa complejidad suele esconder privilegios. Un estudio del PNUD América Latina y el Caribe estima que las exenciones y tratamientos especiales implican pérdidas de ingresos equivalentes a entre 2% y 4% del PIB en países como Perú, Guatemala, Argentina, Chile, Jamaica, El Salvador y México; entre 4% y 6% en Brasil, Ecuador y Costa Rica; y más del 6% en República Dominicana, Uruguay y Colombia. Si las futuras reformas tributarias logran corregir estas dos fallas inequidad y proliferación de exenciones, la recaudación podría acercarse a niveles más homogéneos y razonables para la realidad regional. Sin embargo, fijar como meta inmediata estándares similares a los de la OECD sería un error, ya que América Latina es económica y demográficamente distinta. Las economías de la OECD son mucho más prósperas: sus ciudadanos tienen ingresos promedio al menos tres veces superiores, lo que amplía la base imponible. Además, la informalidad laboral es muy inferior. Según la Organización Internacional del Trabajo, en esos países no supera el 15%, mientras que en América Latina ronda el 50%, lo que reduce drásticamente el universo efectivo de contribuyentes. Finalmente, la transición demográfica fue más tardía: durante décadas, la población en edad de tributar fue proporcionalmente menor que la que financió los Estados de bienestar europeos. Con bajos niveles de productividad, alta informalidad y el bono demográfico agotándose, el margen para expandir el Estado es limitado. Aun así, las reformas estructurales orientadas a eliminar privilegios y aumentar la progresividad especialmente sobre las personas de altos ingresos son ineludibles. Sin crecimiento sostenido basado en productividad, el retorno de liderazgos populistas solo agravará el gasto y abrirá la puerta a nuevas y profundas crisis fiscales y sociales en la región. Copyright Latinoamerica21.com Sobre la firma Newsletter Clarín
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