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Paraná » 9digital
Fecha: 26/02/2026 13:14
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles 25 de febrero su radicación definitiva en la provincia de Buenos Aires. A través de un comunicado oficial, la entidad anunció que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) bonaerense aprobó formalmente el cambio de domicilio legal, que ahora quedó fijado en la calle Mercedes 1366, en la ciudad de Pilar. Este movimiento representa un giro institucional y político trascendental para el fútbol nacional. Al trasladar legalmente su sede fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (desplazando el peso histórico de la sede de la calle Viamonte), la AFA reconfigura su situación administrativa en medio de las fuertes tensiones con el Gobierno nacional. Los puntos claves de la mudanza: - Nueva autoridad de control: A partir de esta resolución, la AFA pasa a ser fiscalizada exclusivamente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. - Desplazamiento de la IGJ: La entidad rectora remarcó en su comunicado que la Inspección General de Justicia de la Nación carece desde ahora de competencia administrativa y de poder de policía sobre la asociación. - Origen de la medida: El cambio de jurisdicción había sido impulsado y aprobado por unanimidad durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en octubre de 2024, obteniendo ahora el aval legal definitivo del organismo provincial. El trasfondo político de la decisión La oficialización de la mudanza llega en una etapa de marcado enfrentamiento entre la conducción de Claudio Chiqui Tapia y el gobierno de Javier Milei. Durante los últimos meses, la IGJ había intentado auditar las decisiones de la AFA, cuestionando la validez de la asamblea que reeligió a Tapia y amagando con la designación de veedores, todo en el marco de la pulseada por la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Al quedar bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof, la gestión de Tapia logra un blindaje jurídico que toma distancia de la lupa administrativa del Ejecutivo Nacional y de los tribunales porteños.
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