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Concordia » Ciudadsatelite
Fecha: 26/02/2026 11:59
Judicialización de la salud en Entre Ríos En 2025 hubo 405 amparos contra OSER: el STJ rechazó 121 y falló en contra en 286 casos Durante la apertura de sesiones legislativas 2026, el gobernador Rogelio Frigerio cuestionó el uso del amparo como vía judicial reiterada contra el Estado. El amparo puede ser una herramienta excepcional () pero cuando se convierte en atajo sistemático y los fallos no analizan con rigor el sustento del reclamo, se termina perjudicando a miles, sostuvo. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la litigiosidad en materia de salud y, particularmente, sobre la situación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Los números oficiales: casi la mitad de los amparos fueron contra OSER Según datos a los que accedió ANÁLISIS, durante 2025 ingresaron al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) un total de 865 amparos. De ese total: - 405 fueron contra OSER - 286 fallos resultaron desfavorables para la obra social - 121 fueron rechazados - 83 apelaciones correspondieron a honorarios profesionales Desde el ámbito judicial señalaron que la mayoría de los amparos son apelados por la propia obra social, lo que eleva el volumen de casos en segunda instancia y, consecuentemente, los costos asociados. Las estadísticas muestran además un dato relevante: el porcentaje de amparos contra OSER es ampliamente superior al registrado contra otras obras sociales o empresas de medicina prepaga. Reincidencia y costos crecientes Un aspecto que agrava la situación es la reiterancia. Existen afiliados que debieron presentar más de un amparo por la misma prestación, incluso luego de obtener fallos favorables. Cada apelación implica un incremento en los honorarios que la obra social debe afrontar. La ley de honorarios vigente sancionada en mayo de 2024 establece un mínimo de 20 juristas y un máximo de 150 por actuación profesional. Actualmente cada jurista está valuado en $77.219, lo que implica que un amparo puede superar ampliamente el millón y medio de pesos en honorarios, incluso cuando la prestación reclamada tiene un costo menor. En segunda instancia, los honorarios representan entre el 50% y el 60% de lo regulado en primera instancia, lo que incrementa aún más la erogación cuando la OSER decide apelar fallos adversos. Cabe aclarar que los abogados de la obra social no perciben honorarios adicionales por apelar, ya que cobran salario como empleados del organismo. Fallos que exponen incumplimientos reiterados En distintos expedientes, la Justicia dejó asentada la reiteración de incumplimientos. El juez de primera instancia Gervasio Labriola advirtió en una sentencia que una afiliada debió acudir por tercera vez en dos meses a la vía del amparo para obtener una medicación ya ordenada judicialmente. En su resolución, el magistrado cuestionó el desinterés manifiesto y deliberado de la obra social y señaló que los fondos destinados a honorarios podrían emplearse en garantizar prestaciones a los afiliados. Discapacidad, cáncer y diabetes: los casos más frecuentes Gran parte de los amparos están vinculados a tratamientos crónicos, como discapacidad, oncología y diabetes. Entre los ejemplos documentados figuran: - Un afiliado que presentó 18 amparos para obtener enfermería y cuidador domiciliario. - Una mujer que recurrió 10 veces a la Justicia por la misma prestación. - Un paciente oncológico que promovió 8 amparos para asegurar su tratamiento. Casos con impacto económico - Un paciente oncológico obtuvo autorización para internarse en el Sanatorio Güemes y no en el Instituto Roffo, como pretendía la obra social. Honorarios abonados: $1.861.000. - Un paciente con diabetes debió presentar tres amparos por insumos para bomba de insulina. Honorarios: $4.653.951. - En un caso por una silla de ruedas con funciones específicas, la Justicia rechazó el argumento de alto costo económico esgrimido por OSER y reguló honorarios por $2.066.088. Desde el ámbito judicial indicaron además que no existe registro de una silla de ruedas por 90 millones de pesos, como se mencionó públicamente. Incluso señalaron que los casos más costosos observados no superan los siete millones de pesos. Un debate que excede lo económico Los datos oficiales muestran un alto nivel de judicialización en materia de salud en Entre Ríos, con un porcentaje significativo de fallos adversos para la obra social provincial. Mientras el Gobierno provincial sostiene la necesidad de proteger las cuentas públicas, desde el ámbito judicial remarcan que la reiteración de incumplimientos incrementa la litigiosidad y, en consecuencia, los costos que finalmente debe afrontar la propia OSER. El debate, por ahora, sigue abierto entre la defensa del equilibrio financiero y la garantía efectiva del derecho a la salud. Fuente: Análisis
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