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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 26/02/2026 07:38
Este jueves, el Poder Ejecutivo buscará modificar una legislación vigente desde 2010. Disminuye protecciones legales y les concede la potestad a las provincias de administrar sus recursos hídricos. La Ley de Glaciares (26.639) se sancionó hace más de una década para establecer presupuestos mínimos en la protección de áreas con glaciares y periglaciares en todo el territorio argentino. Ahora, el Gobierno pretende aprobar una legislación para evitar sanciones judiciales por actividades de minería, hidrocarburos y litio en esos sectores. El debate tendrá lugar este jueves, a partir de las 11, en la Cámara Alta. El tratamiento de la ley será dentro de las sesiones extraordinarias del Congreso, que finalizan el 27 de febrero. Durante esa misma jornada, el Senado también discutirá otras temáticas de agenda: la Ley Penal Juvenil, la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea y Bélgica. Principales modificaciones legales La iniciativa de reducir la protección en las reservas hídricas incentivó el debate con expertos en el tema y con organizaciones ambientalistas. El Ejecutivo sostiene, por su parte, que buscan dar mayor previsibilidad a proyectos productivos y ordenar las competencias entre Nación y las provincias. Uno de los ejes centrales de la modificación es la reinterpretación del Inventario Nacional de Glaciares. Este sistema se centra en conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo para definir el estado actual de las reservas hídricas cordilleranas. El instrumento se mantendría en vigencia, pero con menos alcance. Es decir, ya no bastaría con que una zona hídrica esté bajo protección para impedir actividades como la minería. Para que un glaciar o periglaciar no se toque, debería demostrarse que cumple funciones clave como reserva estratégica de agua o recarga de cuencas. En este sentido, fueron foco de atención los periglaciares, que son las zonas que rodean a los cuerpos hídricos. Su función es la regulación y el almacenamiento del agua. Con la nueva ley, la protección hacia ellos se vería reducida y las provincias podrían dictaminar qué zonas preservar y cuáles no. Expertos advierten que cualquier alteración en esas zonas puede afectar indirectamente las reservas de agua. En línea similar, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas marcó cuál sería el artículo más regresivo de todo el proyecto. Es el tercero y delimita que la protección no sería absoluta. Dice que en caso de que una autoridad competente establezca que un glaciar o periglaciar no cumpla con alguna de las funciones previstas, no estarían alcanzados por las previsiones de la ley. De aprobarse la reforma, todos los glaciares y ambientes periglaciares pueden ser destruidos, pronunciaron los expertos en la temática. La justificación radica en que solo consideraría para eliminar la protección que el glaciar sea fuente de reserva estratégica o recarga de agua determinada políticamente por una autoridad provincial. Eso desecharía otras funciones ecosistémicas que cumplen: regulación del clima, de los océanos, uso de las comunidades o preservación de la biodiversidad. Otro cambio destacado se refiere a las acciones comerciales que podrían realizarse en los glaciares. Hasta ahora, se encuentran prohibidas la minería y otras actividades industriales. Luego de la ley, se mantendrían las limitaciones, aunque cada provincia tendría la potestad de definir cuáles son áreas de alteración relevante. Argumentos en contra El primer reclamo vino desde la parte legal. El anuncio de la modificación en la ley vigente llegó a mediados de 2025 y lo tacharon de inconstitucional. Este argumento se sostiene hasta el presente. Tiene que ver con que altera un área que está contenida en una legislación mayor. Glaciares se contemplan dentro del derecho al ambiente sano, garantizado por la Constitución. Es un marco legal mayor. Una exigencia ambiental es el agua sana. Si contaminás el agua estás siendo inconstitucional, opinaban ambientalistas en aquel momento. Desde el ala política, el peronismo mayoritariamente se posiciona críticamente ante la desprotección de las zonas hídricas. Presentaron desde Unión por la Patria un contraproyecto a cargo de Eduardo Valdés. Buscaría restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y periglaciares y reafirmar el valor de recurso natural estratégico de interés nacional para esos sectores. Eso priorizaría su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico. El voto de los Senadores Según trascendió, ayer hubo una reunión a puertas cerradas entre legisladores del PRO, bloques provinciales, la UCR y el oficialismo. Asistieron la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy y el secretario de Minería, Luis Lucero. El oficialismo todavía no conoce los votos en su totalidad y el apoyo no es uniforme por bloques. La UCR, por ejemplo, considera que el proyecto es apresurado y no todos sus legisladores acompañarán a la iniciativa. Se espera que los senadores de Córdoba, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero voten a favor. La decisión de Alejandra Vigo no se definió y podría oponerse a la iniciativa que impulsan los libertarios. El cuerpo peronista más cercano a Cristina Fernández viene presentando serias rupturas en el Congreso. Actualmente no cuentan con autoridades dentro del Senado y las rupturas se exponen progresivamente según el tema que se trate. En este caso, hay senadores del bloque oriundo de provincias mineras, como San Juan o Catamarca, que se posicionan a favor de reducir las zonas protegidas para permitir los proyectos que pretenden llevar adelante. La reformulación de la ley es una actividad de gran interés para gobernadores que podrían obtener grandes beneficios a partir de la modificación. Entre ellos, nuevas inversiones y más ingresos vinculados a la minería. Las provincias cordilleranas de San Juan (gobernada por Marcelo Orrego), Jujuy (mandato de Carlos Sadir), Mendoza (con Alfredo Cornejo), Salta (dirigida por Gustavo Sáenz) y Catamarca (Raúl Jalil) impulsaron la propuesta. Reúnen 5 senadores y 13 diputados entre todos. Fuente: El Once
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