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Parana » AIM Digital
Fecha: 25/02/2026 21:43
La principal central obrera definió no convocar a un paro o movilización durante el debate de la reforma laboral y optó por una marcha a Tribunales, al tiempo que analiza medidas alternativas frente al avance de la norma. La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió que no habrá paro nacional ni movilización al Congreso cuando el Senado trate el proyecto de reforma laboral, y en cambio convocará a una marcha al Palacio de Tribunales el lunes próximo para respaldar una presentación judicial con la que buscará impugnar la norma impulsada por el Gobierno. La definición fue adoptada durante una reunión de su mesa chica, que evaluó distintas opciones de acción frente al avance del tratamiento legislativo. La conducción sindical decidió priorizar la estrategia judicial y el respaldo a la presentación que la organización realizará en tribunales para cuestionar la constitucionalidad de la reforma, en lugar de convocar directamente a una huelga de gran escala o una movilización masiva al Congreso el día del debate. La decisión de la central obrera representa un giro respecto de medidas anteriores, como el paro general de 24 horas realizado días atrás en rechazo al proyecto de reforma, que generó importantes impactos en transporte y servicios. Sin embargo, ese enfoque moderado no está exento de tensiones internas. Sectores sindicales agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) vienen impulsando un paro de 36 horas con movilización al Congreso cuando se trate la normativa en el Senado y expresaron su disconformidad por la postura adoptada por la CGT. Mientras tanto, la central mantiene reuniones de conducción para evaluar nuevas medidas de fuerza y consensuar pasos futuros en un contexto en que la reforma laboral continúa su tramitación y genera fuertes debates en el tejido sindical y político del país. La marcha hacia Tribunales se perfila como el principal acto convocado por la CGT en los próximos días, con el objetivo de sostener la crítica al proyecto y sumar apoyos desde distintos sectores de la sociedad ante lo que consideran un avance normativo que podría modificar derechos laborales fundamentales.
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