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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 25/02/2026 19:55
Los legisladores nacionales por el peronismo, Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, intervinieron en la causa judicial que analiza la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, Uruguay, ante la posible contaminación que podría afectar a ciudades entrerrianas sobre la costa del río Uruguay. El expediente se tramita en el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, donde los tres dirigentes solicitaron ser tenidos por presentados en carácter de Amicus Curiae (amigos del tribunal). El juez federal subrogante, Hernán Sergio Viri, hizo lugar al planteo al considerar que se encuentran acreditadas las condiciones de legitimación necesarias. En su presentación, los legisladores argumentaron que su interés jurídico actual y concreto deriva de su condición de representantes del pueblo y de la provincia de Entre Ríos en el Congreso de la Nación. Sostuvieron que ejercen esa representación en defensa del ambiente de Colón, San José, Liebig, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y del resto de las localidades ribereñas que podrían verse afectadas por una eventual contaminación derivada del emprendimiento proyectado en Paysandú. Asimismo, manifestaron que pueden aportar consideraciones relevantes para la correcta resolución del caso, en resguardo de derechos ambientales, sociales y económicos protegidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y el Estatuto del Río Uruguay. En el escrito señalaron que la instalación de la planta se estaba ejecutando sin cumplir con la normativa aplicable, entre ellas el Estatuto del Río Uruguay, la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso Botnia UPM, además de disposiciones contenidas en la Constitución Nacional, leyes vigentes y tratados internacionales. También indicaron que Uruguay aún no habría cumplido con la obligación de presentar ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a través de sus representantes, la documentación necesaria para que Argentina pudiera evaluar el proyecto. En ese marco, detallaron la normativa aplicable y acompañaron prueba documental. Al admitir la intervención, Viri sostuvo que los peticionantes aportaron argumentos jurídicos vinculados a la cuestión ambiental en debate, destacando el carácter colectivo de la materia y el interés derivado de la representación legislativa invocada. El magistrado recordó que la figura del Amicus Curiae cuenta con respaldo en el sistema interamericano artículo 44 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional en Argentina (artículo 75, inciso 22). Además, señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido este instrumento como un mecanismo que favorece la participación ciudadana en causas de trascendencia institucional o interés público.
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