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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 25/02/2026 10:54
Mientras el sistema nacional paga una jubilación mínima de algo más de 314.000 pesos mensuales y exige 30 años de aportes y 60 o 65 años de edad según el sexo, en la Argentina existen trece provincias que juegan con otras reglas. Tienen sus propias cajas previsionales, sus propios parámetros, sus propias movilidades y, en muchos casos, sus propios privilegios. El resultado es un mosaico de inequidades que el gobierno nacional, bajo presión del FMI, intenta ahora reformar de un plumazo. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego son las provincias que en 1994 decidieron no transferir sus sistemas previsionales a la Nación cuando se sancionó la Ley 24.241. Las restantes -Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, más la Ciudad de Buenos Aires- cedieron esa función al ANSES. La diferencia no es menor: las que conservaron sus cajas acumulan hoy un déficit previsional que en 2023 representó cerca de medio punto del Producto Bruto Interno, financiado en parte por el Estado nacional. Solo el Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires liquida alrededor de 600.000 beneficios previsionales mensuales. La Caja de Jubilaciones de Córdoba suma otras 220.000 prestaciones; Santa Fe, 190.000. En el extremo opuesto, Tierra del Fuego no llega a 8.000 beneficios. En conjunto, las cajas provinciales cubren aproximadamente el 15 por ciento del total de jubilados del país. La tasa de sostenimiento -la relación entre quienes aportan y quienes cobran- varía notablemente. Misiones y Tierra del Fuego tienen entre tres y cuatro aportantes por cada jubilado, una situación relativamente sólida. Buenos Aires, en cambio, apenas supera el 1,6, y la caja policial bonaerense está por debajo de la unidad: cobra más gente de la que aporta. La mayor desigualdad del sistema está en la jubilación docente. En el régimen nacional, un maestro o profesor puede retirarse a los 57 años (mujeres) o 60 (varones) con 25 años de aportes, al menos diez al frente de alumnos. Ese parámetro rige también para las provincias que transfirieron sus cajas. Pero en la Provincia de Buenos Aires, los docentes se jubilan a los 50 años -hombres y mujeres por igual- con solo 25 años de aportes. Esa diferencia fue conquistada mediante una huelga indefinida en 1958 y sobrevivió a todos los intentos de reforma. El costo es enorme. A partir de los años de la gobernación de María Eugenia Vidal (2015-2019), cuando muchos docentes se jubilaron anticipadamente por temor a cambios en el régimen, la caja docente bonaerense comenzó a generar un déficit creciente que el Estado nacional debe cofinanciar por ley. Córdoba exige 57 años para mujeres y 60 para varones, con 25 años de servicio y al menos diez al frente de alumnos -los mismos parámetros del régimen nacional-. Santa Fe avanza hacia los 60 años para ambos sexos con 30 de servicio, en el marco de una reforma previsional que el gobierno provincial ingresó a la legislatura en 2024. El personal policial no se rige por la edad sino por los años de servicio. En la mayoría de las provincias, alcanzar 25 o 30 años en la fuerza habilita el retiro independientemente de la edad. La Caja de Retiros de la Policía Bonaerense (Ley 13.236) establece el retiro voluntario a los 25 años de servicio sin exigir un piso etario rígido. En el régimen nacional, la Policía Federal requiere 30 años de servicios y 60 o 65 años de edad. Las fuerzas de Chubut, Neuquén y las patagónicas exigen en general entre 25 y 30 años de servicio con un piso aproximado de 55 años. El sistema nacional permite jubilarse a los 45 años a quienes trabajan en relación de dependencia y tienen una incapacidad laboral superior al 33 por ciento acreditada durante los últimos diez años, con al menos 20 años de aportes. Para autónomos, la edad mínima sube a 50. El IPS bonaerense replica esos parámetros mediante la Ley provincial 10.593. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe aplican además la jubilación por invalidez -sin requisito etario- cuando la incapacidad supera el 66 por ciento y se origina durante la relación laboral. El personal que trabaja en hospitales psiquiátricos y servicios de salud mental accede, en la mayoría de los sistemas, al régimen de tareas insalubres o penosas, que permite adelantar la jubilación hasta cinco años respecto de la edad general. Sin embargo, ese beneficio no es automático: requiere certificación específica de la autoridad laboral provincial, y no siempre abarca a todo el personal del establecimiento sino solo a quienes tienen contacto directo con pacientes. Existe una confusión extendida entre dos conceptos distintos en torno al 82 por ciento móvil. La tasa de sustitución del 82 por ciento -que la gran mayoría de las cajas provinciales aplica para el escalafón general y docente- significa que la jubilación equivale al 82 por ciento del mejor cargo desempeñado durante la carrera activa. Eso es muy diferente al histórico 82 por ciento móvil, que implica actualización automática y permanente en paridad con el salario del trabajador activo equivalente. Ninguna provincia aplica el 82 por ciento móvil en sentido estricto. El que más se acerca es el régimen del personal judicial de la Provincia de Buenos Aires, por el Decreto Ley 7918/72, que establece paridad de haber con el activo en funciones equivalentes. Algunos regímenes policiales también tienen paridad automática con el activo, pero sobre el 100 por ciento del sueldo, no el 82. A nivel nacional, el 82 por ciento móvil está formalmente reclamado por los gremios y hay proyectos legislativos en el Congreso, pero no tiene vigencia desde 1995. Haberes extremos: de la mínima a 32 veces la mínima La tasa de sustitución del 82 por ciento sobre el mejor cargo genera haberes muy superiores al sistema nacional cuando ese cargo tiene una remuneración elevada. El caso más extremo detectado es el de Santa Fe, donde algunos beneficiarios -principalmente del escalafón judicial y bancario- percibían haberes equivalentes a 32 veces la jubilación mínima provincial. La reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro en 2024 propone establecer un tope de 20 mínimas. En Buenos Aires, el proyecto de reforma también contempla limitar los haberes más altos. Las provincias de Tucumán y San Luis crearon históricamente regímenes específicos para amas de casa, con aportes voluntarios reducidos y haberes equivalentes a la jubilación mínima provincial. Son las excepciones. En el resto del país -incluidas todas las provincias con cajas propias- el mecanismo es la incorporación voluntaria al SIPA vía la Ley nacional 24.828, que permite aportar en la categoría mínima de autónomos. Desde la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima y se otorga a los 65 años sin requisito de aportes, esta población encontró una red de contención alternativa. El ajuste que viene y las provincias que resisten En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Javier Milei anunció para 2026 la eliminación o reducción de más de cien regímenes jubilatorios diferenciales. Los más amenazados son los de docentes con edad reducida, el personal de salud que accede a beneficios por insalubridad, los trabajadores del transporte y los empleados estatales provinciales. Pero el conflicto ya comenzó antes de cualquier reforma. En 2024, el gobierno nacional suspendió los giros de fondos que por ley está obligado a destinar para cubrir el déficit de las trece cajas provinciales. Santa Fe y Chubut anunciaron acciones judiciales. La tensión entre la necesidad de equilibrar las cuentas y los derechos adquiridos de millones de jubilados provinciales augura uno de los conflictos previsionales más intensos de los últimos años.
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