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» Clarin
Fecha: 25/02/2026 06:54
El próximo lunes un paro docente amenaza con volver a vaciar las aulas. Y con ello se repite una escena que ya no sorprende, pero sí debería alarmarnos: millones de chicos, especialmente aquellos cuya única alternativa es la escuela de gestión pública, quedan atrapados en una disputa de la cual son víctimas inocentes. En la práctica, algunos comienzan las clases con normalidad; muchos no. Y esa diferencia no es menor; hablar de igualdad de oportunidades carece de sentido. El proyecto de Ley de Libertad Educativa toma en cuenta esta realidad al declarar a la educación básica servicio esencial y exigir su continuidad aun en tiempos de conflicto laboral. No es una expresión retórica. Es una definición institucional frente a una realidad que la Argentina ha naturalizado: que el inicio del ciclo lectivo quede, una y otra vez, subordinado a la voluntad de los líderes sindicales. En junio de 2023, la Academia Nacional de Educación difundió una declaración titulada La educación es una prioridad, en la cual enumeró once lineamientos para orientar cualquier reforma estructural. Entre ellos se encontraba, explícitamente, la declaración de la educación como servicio esencial, plenamente consistente con el artículo 48 del proyecto de ley. No es una discusión reciente. Hace más de diez años que sostengo en diversas columnas que declarar a la educación servicio esencial no implica negar el derecho de huelga, sino equilibrarlo con el derecho constitucional de los alumnos a aprender. La reiteración de paros en cada inicio de ciclo lectivo confirma que el problema no es coyuntural, sino estructural. A diferencia de los sindicatos, los niños no pueden tomar medidas de fuerza en defensa de sus derechos. No negocian paritarias. No marchan frente al Congreso. No tienen representación en la mesa donde se decide su futuro inmediato. En un conflicto, quedan reducidos a rehenes silenciosos. ¿Pero a qué nos referimos con garantizar continuidad frente a conflictos docentes? En diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, cuyo capítulo laboral declaraba a la educación servicio esencial y establecía que, en caso de conflicto, no podía imponerse una cobertura menor al 75% de la prestación normal. Sin embargo, el capítulo fue suspendido judicialmente y no llegó a aplicarse. Por su parte, en agosto de 2024, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que también declaraba a la educación servicio estratégico esencial, pero con un piso de asistencia del 30% de los docentes durante los primeros días de huelga, elevándose al 50% si la medida se extendía. Como señalé el 9 de julio pasado en una nota publicada en Clarín, la diferencia no es técnica. Es sustantiva. Una escuela funcionando con un tercio de su plantel no garantiza el derecho a la educación. El paro del próximo lunes no es un episodio aislado; es la confirmación de un problema estructural que la Argentina viene postergando. Los chicos no hacen huelga, pero pierden su educación. Y esas pérdidas no las pagan los líderes sindicales, las pagan los chicos, especialmente los que menos tienen. El próximo lunes se volverá a exponer esta realidad. Lo que aún está pendiente es decidir si seguiremos naturalizándola o si finalmente avanzaremos hacia un marco normativo que garantice continuidad educativa aun en tiempos de conflicto. Seguir postergando esa decisión no es neutral. Y como toda decisión, tiene responsables.w Sobre la firma Newsletter Clarín
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