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» TN
Fecha: 24/02/2026 14:05
Desde que se conoció el índice de inflación de enero, que dio bastante más de lo esperado (llegó a 2,9%), estallaron los problemas por el cierre de empresas en textiles, neumáticos, etc, y por la caída de actividad en otros rubros, el programa económico quedó de nuevo en el centro de las discusiones. ¿La apertura va al ritmo adecuado, o se está acelerando demasiado por las necesidades de la estabilización, sin atender a las consecuencias productivas, más todavía desde que el dólar cayó y se perdió al menos la mitad de la competitividad ganada el año pasado? Leé también: ¿Cuándo se jodió Fate? ¿No convendría hacer algo de políticas sectoriales para darle a las firmas en problemas una mayor chance de adaptarse exitosamente a las nuevas reglas de juego?, ¿no hace falta también sumarle potencia extra a las locomotoras del crecimiento, dado que minería, energía y agro no alcanzan por sí solos para impulsar al resto de la economía?, ¿para eso no sería necesario introducir un poco más de heterodoxia al programa, tal vez vía el estímulo a la baja de las tasas de interés, la toma de deuda para promover inversiones y hasta algo de obra pública? Demora de respuestas El Gobierno parece estar demorando respuestas en todos estos temas. Y no solo por una convicción ideológica: que está mal hacer cualquiera de esas cosas recién sugeridas, y los actores particulares solitos, si no se interfiere en sus decisiones racionales con intervenciones públicas innecesarias, van a arreglárselas para impulsar el crecimiento, ahora que las reglas y los incentivos son los correctos. También influye en esta renuencia a revisar el plan económico, y los pronósticos optimistas sobre sus rendimientos esperados, otro factor, más inesperado: la confianza en que los éxitos políticos conseguidos va a terminar de inclinar la balanza a su favor. Es curioso: un oficialismo que hizo hasta aquí profesión de fe antipolítica, y prometió reducir al mínimo la interferencia de la política en la vida económica, parece estar enamorándose de una idea en gran medida contrapuesta a esas premisas, que las señales que brinda en estos momentos el sistema político van a promover comportamientos económicos racionales y eficientes de ahora en más. ¿Por qué? Por la confianza que en los actores particulares va a generar el nuevo clima político imperante. El razonamiento es más o menos el siguiente: dado que el oficialismo logró controlar en gran medida el Congreso e imponer su agenda, la oposición se debilita y divide cada vez más, y los gobernadores se pelean por cooperar con la Casa Rosada, los inversores no deberían tardar en convencerse de que la Argentina efectivamente ya cambió, y no va a volver atrás, así que les conviene subirse cuanto antes al tren de la prosperidad, para sacar la mayor tajada posible del boom que se viene. De manera que, siguiendo esta lógica, la mejor forma de hacer que la economía mejore, vía el aumento de la inversión privada doméstica y externa, sería asegurar que hay Milei para rato, que el sistema político no va a dar sorpresas negativas por largo tiempo, es decir, que no se va a repetir lo del año pasado, así que la economía tampoco va a volver a vivir en la incertidumbre. La agenda de reformas Algunas consecuencias que el oficialismo ha extraído de esta forma de entender los problemas que enfrenta se están viendo ya en la agenda de reformas que prepara para el año legislativo: junto a los cambios tributarios, que ya se sabía estarían al tope de la lista, volvió a priorizar una reforma electoral, que está ahora abiertamente dirigida a fragmentar aún más a la oposición, consolidar las chances de reelección del actual presidente, y las posibilidades de que conquiste una mayoría legislativa propia, más disciplinada y estable que la que hoy es capaz de formar vía negociación. Para eso los voceros oficiales ya adelantan dos cambios drásticos de nuestro sistema electoral. - Primero, eliminar las PASO, para que los opositores no logren formar una coalición competitiva, algo que, estando fuera del poder, y dado el actual escenario de fragmentación, solo podrían conseguir contando con algún mecanismo de internas estatalmente garantizado. - Y segundo, nacionalizar al máximo las elecciones de 2027 y atar la votación de legisladores a la presidencial. Algo que conspira claramente contra la división de poderes y el sistema republicano. Nuestra Constitución establece que las elecciones para cargos ejecutivos y para bancas legislativas son independientes, dos actos comiciales distintos, por más que se hagan el mismo día. Porque se trata de elecciones de diferente naturaleza y función, y asegurar esa diferencia sostiene la independencia de un poder respecto al otro. Tal como adelantó Martín Menem en TN el pasado domingo, el mileismo está promoviendo que eso deje de ser así: aprovechándose de la boleta única, pretende que se le ofrezca a los votantes un casillero para simplificar la elección, y que les permita elegir todo junto, presidente, senadores y diputados. Parece un tema menor, pero podría tener enorme repercusión. Porque lo único que se estaría votando, en realidad, sería la Presidencia, y los legisladores vendrían a colación de esa elección. Con lo que el Congreso, de partida, tendría cero autonomía, ningún poder ni ninguna legitimidad propia. Leé también: Un paro antimileista dio el marco que el Presidente esperaba para su reforma Milei seguramente aludirá a esta cuestión el próximo domingo. Y tal vez piense que, de salirse con la suya, podrá ignorar los problemas en la industria, en los ingresos y el consumo que campean últimamente, e incluso podrá bancarse una inflación residual mucho más alta de lo previsto. Porque habrá convencido a más argentinos de que les conviene sacar cuanto antes la plata del colchón e invertir en algo. Y a más empresarios locales y externos de que tienen que apurarse a hundir capital en el país, antes de que las oportunidades de negocios se las queden otros. Todo porque él habrá incrementado las chances de quedarse en su cargo, y con más poder. ¿Pero y si esa reforma electoral no pasa, lo que es muy probable, dado que afecta negativamente los intereses de sus aliados? ¿No habrá generado el efecto contrario al buscado, más o menos como hizo en varios momentos durante 2025: exponiendo a su gobierno a una derrota innecesaria, mostrándolo como una potencial amenaza al orden constitucional, y en consecuencia como parte del problema y no de la solución que el país necesita? ¿No le resultaría más conveniente, y más seguro, corregir lo que haya que corregir del programa económico y dejar el sistema institucional en paz?
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