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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 24/02/2026 12:47
Los clubes de Primera División convocaron en las últimas horas a un paro de todas las divisiones del fútbol argentino, que se iniciará el jueves 5 y se extenderá hasta el domingo 8 de marzo, en consonancia a la programación de la 9ª fecha del Torneo Apertura. La inédita medida responde a la decisión de la justicia de llamar a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino luego de un pedido de la ARCA en la causa que investiga la retención indebida de aportes. Se investiga el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025 Tras la medida de parar el fútbol, que se definió en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, seis dirigentes de entidades de la Liga Profesional se refirieron a las mencionadas denuncias de la ARCA y oficiaron de voz cantante en defensa de Tapia y Toviggino. El presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de AFA, Cristian Malaspina, lideró una entrevista con el canal C5N, en compañía de otros cinco directivos: Mario Leito (presidente de Atlético Tucumán), Fabián Berlanga (presidente de Vélez y vocal del Comité Ejecutivo de AFA), Hernán Arboleya (vocal suplente de Lanús), Matías Mariotto (presidente de Banfield) y Sergio Costantino (presidente transitorio de San Lorenzo). El mandatario del Bicho y uno de los directivos más importantes de la Casa Madre del fútbol nacional aseguró que la medida de convocar a un paro se tomó por unanimidad y detalló: Es una forma de decir basta a lo que nosotros creemos que es un ataque constante y un avasallamiento a los derechos de nuestros clubes. En esa línea, remarcó que durante el cónclave de AFA que se realizó el lunes se mostró toda la información vinculada al tema con ARCA, subrayando que la denuncia está falta de fundamentos. En el cónclave que definió una suerte de lockout deportivo no estuvieron todos los clubes de primera división. Dijeron presente 26 dirigentes de los 30 clubes, aunque los ausentes supieron justificar los motivos. El caso de Boca, según informaron fuentes a Infobae, es particular: hubo un delegado de la directiva, pero con el fin de comunicar al presidente Juan Román Riquelme y al Secretario General Ricardo Rosica los representantes del club en AFA las novedades de la reunión. SIMULADOR Juega y simula el camino de las selecciones hasta la final del Mundial Tanto el Xeneize (se encontraban viajando a Salta para jugar la Copa Argentina), como Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto todos ausentes con aviso expresaron a posteriori su adhesión a la medida de fuerza tras la determinación tomada, según aseguraron fuentes vinculadas a la AFA a este medio. En cambio, Estudiantes de La Plata estuvo ausente, sin dar aviso y sin expresarse públicamente sobre el tema. Sobre Malaspina también recayó la prohibición de salir del país, al igual que lo sucedido con el presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. El máximo directivo de Argentinos afirmó: Es decir basta, es la gota que colma el vaso de un ataque constante a la AFA, a sus dirigentes y a los clubes. Nosotros somos representantes de nuestros socios, pero estamos acá porque gestionamos todos los días clubes centenarios que tienen un rol en la sociedad importantísimo. Lo que está en juego acá son los clubes, nosotros somos dirigentes de paso. Desde las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero, y secundado por los otros cinco dirigentes presentes en la nota, Malaspina aseguró que cuentan con el aval de los 30 directivos de la Primera División. Vale recordar que, salvo algunas excepciones -Verón, de Estudiantes, o Andrés Fassi, de Talleres-, ningún directivo de relevancia hizo declaraciones públicas cuestionando a la cúpula de AFA. Puede remarcarse que Verón sí mantuvo esa postura en el tiempo, pero Fassi llamó a una recordada conferencia de prensa en la que pidió perdón a Tapia. En aquel momento algunos trascendidos indicaron que la movida del dirigente de la T fue para evitar represalias a través de los arbitrajes. Volviendo a Malaspina, atribuyó los enfrentamientos entre la AFA y el Gobierno a la pelea sobre las SAD en el fútbol. Más allá de un avasallamiento personal contra un presidente, es un avasallamiento contra los clubes y el pueblo de cierta forma. Una de las industrias más populares que tiene este país, una industria que mueve recursos extraordinarios y es una gran exportadora para el país. Obviamente se responde solo: un sistema económico que seguramente debe ser muy tentador para inversores privados, que están acá desesperados por implementarlo y en otros países están desesperados para salir. En esa línea, aseguró que hay países vecinos que tienen proyectos de selecciones que están totalmente afectados por la presencia de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): Porque no deja de ser una plataforma de negocios para representantes e inversores y deja de ser un proyecto deportivo como hoy tiene Argentina. Durante la nota, los seis directivos se expresaron sobre el tema y plantearon que detrás de las denuncias está la idea de las SAD: Detrás de esto hay un gobierno nacional que viene planteando, porque lo hicieron en otro momento, el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. Ellos recibieron una fuerte respuesta por parte de los clubes en Argentina diciendo queremos seguir siendo Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Es lo que venimos gestionando desde el nacimiento mismo del fútbol. No compartimos esa política y esa mirada, y lo que ellos pretenden del fútbol argentino. Tenemos una postura totalmente distinta. Esta es la gran pelea, que es la que en definitiva va a salir a la luz en poco tiempo, sentenció Leito. AFA la componemos todos los clubes, ya sean de la Liga Profesional como del ascenso. Estamos en conjunto defendiendo un modelo que ya fue ratificado. No recibimos nunca beneficios especiales y damos mucha contención, cumplimos un rol social muy importante. No es sólo fútbol sino lo que implica en cada uno de los clubes, expresó Berlanga. No podemos hacernos los distraídos y tenemos que decir en algún momento basta de estos embates, que ya estamos acostumbrados. No es la primera vez que tenemos que salir. En Lanús y Vélez fuimos pioneros en decir que no a las Sociedades Anónimas Deportivas. Creemos que todas estas supuestas denuncias no hacen más que demostrar que van por ese camino. Los clubes, que somos los primeros que estamos cuando tenemos que estar, tenemos que defender eso: somos clubes centenarios que venimos con una trayectoria. No queremos, ni podemos, y tenemos el aval de todos los socios, que no tenemos que cambiar, agregó Arboleya. El origen de la causa El proceso penal se originó el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal fueron quienes detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La acusación documentó que la entidad no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social, lo que ocasionó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000. Las maniobras ilícitas habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los hechos fueron encuadrados en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía basó la imputación en el precedente Lambruschi de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros. La querella argumentó que la omisión sistemática de pagos no respondía a problemas financieros. El análisis contable mostró que la Asociación del Fútbol Argentino recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 en diciembre de 2024 y sumó ingresos por $453.449.869.194 en 2025. Durante ese periodo, la directiva constituyó diversos plazos fijos tanto en pesos como en dólares. ARCA concluyó que los implicados disponían de la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales. El 27 de enero de 2026, la defensa de Tapia intentó obtener la nulidad de la citación judicial con una excepción de falta de acción, argumentando que las deudas fiscales no eran exigibles al momento de los hechos y citando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron juicios de ejecución fiscal a entidades sin fines de lucro. La acusación descartó la posibilidad de un error administrativo y sostuvo que la omisión de pagos durante un periodo de 19 meses demostraba una acción concertada de las autoridades. Las auditorías de balance, que reflejaban deudas fiscales millonarias, llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero, quienes presentaban y avalaban esos informes ante la asamblea. Los testimonios del 10 de febrero revelaron el funcionamiento interno para el pago de tributos. Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, indicaron que los pagos dependían siempre de las instrucciones verbales, personales o telefónicas del tesorero. Bouvet explicó que su área notificaba los vencimientos y la deuda acumulada, a la espera de la orden precisa de Pablo Toviggino para emitir los volantes electrónicos de pago. Los compromisos fiscales se afrontaban con fondos provenientes de cuentas oficiales del Banco Credicoop, exigiendo la firma mancomunada de tres autoridades. Méndez identificó a Toviggino como el único responsable del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional. El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia y los abogados de la asociación. El día 6 será el turno de Toviggino y Gustavo Lorenzo, mientras que el 9 de marzo deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. La Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene pendiente resolver el recurso presentado por la defensa, que había apelado la negativa al pedido de sobreseimiento antes de la firma de las citaciones. El juez desestimó el cierre del expediente, dando la razón a ARCA y a la fiscalía, quienes afirmaron que el delito se encontraba plenamente configurado. La justicia autorizó a Claudio Tapia a viajar al exterior bajo fianza El juez Diego Amarante autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a salir de Argentina con una fianza de $5.000.000 para asistir a compromisos oficiales en Colombia y Brasil en el marco de la causa por presunta evasión impositiva. La decisión judicial impone condiciones estrictas: Tapia deberá notificar su regreso al país a través del sistema LEX100 dentro de las 48 horas posteriores y presentar el comprobante migratorio respectivo. En caso de incumplir, se ejecutará la fianza y se ordenará su captura. Hasta ahora, el dirigente tenía prohibido abandonar el territorio nacional como medida para asegurar su presencia en los actos judiciales vinculados con el expediente que investiga la presunta retención indebida de aportes. La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 9 había avalado el pedido de la defensa el 20 de febrero bajo la condición de que se fijara una caución económica, que fue depositada electrónicamente en el Banco de la Nación Argentina. Durante su viaje, Tapia participará en un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y luego intervendrá en una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro. Las notificaciones sobre la restricción migratoria involucraron a SIFCOP, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones. El itinerario autorizado se extiende del 23 al 28 de febrero de 2026. Tapia deberá alojarse en un hotel de cuatro estrellas en Colombia y de tres estrellas en Brasil, y sus compromisos no interfieren con las audiencias indagatorias pautadas en la causa. No es la única causa que tiene en la mira a la AFA que preside Tapia. Un segundo frente judicial es la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con un patrimonio asociado de alto valor. Se investiga si el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad, testaferros de sus dueños reales. La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20.815.100, una cifra muy superior al monto declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras de lujo. El tercer frente es la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La presentación sostiene que acuerdos estratégicos fueron realizados sin transparencia y redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter. El expediente se apoya en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias.
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