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Concordia » Diario Junio
Fecha: 24/02/2026 00:06
El STJER define un cargo clave en el juzgado de Familia en medio de una fuerte polémica en los pasillos de los tribunales de Concordia El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos estaría listo para definir este martes la designación de un cargo sensible y urgente en el Juzgado de Familia Nº1 de Concordia y, según altas fuentes judiciales consultadas por este medio, la abogada Constanza Ortiz figura con serias chances de ser nombrada sobre otros cuatro aspirantes al cargo. En los pasillos de la Justicia local no se discute su formación técnica, los reparos que circulan, en cambio, apuntan a supuestos malos tratos hacia colegas, subordinados y ex compañeros de trabajo durante su desempeño anterior en la Justicia, así como a los antecedentes públicos que la vinculan con expresiones de apoyo a militares de la última dictadura. A esto se suma el debate sobre designaciones por afinidad antes que por mérito y el reciente episodio de enero pasado, cuando la propia Ortiz negó en redes que fuera a volver al Poder Judicial, atacó a este medio y acusó a colegas de robarle clientes, en un movimiento que algunas fuentes interpretaron como la manifestación de un temperamento conflictivo y otras como parte de una estrategia para descomprimir y facilitar una eventual designación sorpresiva. Todas cuestiones que adquieren otra dimensión cuando se trata de cubrir un fuero atravesado por conflictos familiares, violencia y niñez, y donde la templanza y el equilibrio no son atributos accesorios. Abogados del foro local señalaron a este medio que existen antecedentes de quejas por presunto maltrato laboral durante el período en que Ortiz se desempeñó como jueza suplente en el Juzgado de Familia Nº2. Esas presentaciones, siempre según las fuentes, habrían llegado tanto la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) como al Colegio de la Abogacía. No existen, hasta donde pudo corroborar este medio, sanciones firmes derivadas de esas quejas. Sin embargo, el tema reaparece ahora en el debate interno sobre su perfil para ocupar un juzgado de Familia, un ámbito que exige templanza, equilibrio y capacidad de conducción de equipos interdisciplinarios. En cuanto a sus antecedentes concursales, Ortiz participó en el Concurso Nº 226 del Consejo de la Magistratura en 2020 para el Juzgado de Familia Nº3, donde quedó quinta en el orden de mérito con 69,79 puntos. Posteriormente, también concursó para una Secretaría en el mismo fuero y no resultó seleccionada. Esos antecedentes de concursos lejanos y fallidos señalaron fuentes judiciales no serían considerados por el STJER al momento de evaluar una subrogancia, porque su designación responde una facultad administrativa del Alto Cuerpo. La designación de suplentes en el juzgado de Familia es una atribución del STJER, que se resuelve primero mediante acuerdo entre los vocales de la Sala Penal y la Sala Civil, sino hay acuerdo pasa a discutirse en el Acuerdo General del Plenario, integrado todos los nueve vocales. Fuentes judiciales sostienen que Ortiz contaría con respaldos políticos y apoyos internos que no hacen más que repetir un mecanismo reiterado y atribuido a la «rosca» de la familia judicial: decisiones administrativas que, sin mediar concurso nuevo, terminan resolviéndose en el terreno de las afinidades, los equilibrios internos y las devoluciones de favores. Por lo expresado, el eventual regreso de Ortiz no se podría comprender sin atender a los vínculos históricos de su entorno familiar con sectores de poder dentro de la Justicia entrerriana. Su abuelo, el fallecido general Raúl José Ortiz, tuvo relación con el actual vocal del STJER Daniel Omar Carubia durante los años de la última dictadura, Carubia le debería al general su ingreso a la justicia. En ese contexto, es que se sospecha que el inoxidable vocal del STJER (se desempeña como tal desde 1988) sería hoy uno de los respaldos de la postulación de la abogada Ortiz. «Un diario digital de cuarta» y advertencias a colegas A mediados de enero de 2026, la abogada Ortíz, ex directora del COPNAF nombrada por el gobernador Rogelio Frigerio, publicó un estado de WhatsApp en el que negó que fuera a regresar al Poder Judicial y cuestionó a un diario digital de cuarta, en alusión sin nombrarlo a una nota publicada por este medio. En el mismo mensaje acusó a colegas de intentar robarle clientes con el argumento de que pronto sería designada jueza y advirtió que podría denunciarlos ante el Colegio de la Abogacía. El texto difundido en redes señalaba: NO voy a volver al Poder Judicial, no me interesa hacerlo () No crean lo que leen de un diario digital de cuarta y a mis colegas les pido que dejen de querer robarme clientes con ese argumento y pónganse a trabajar o tendré que denunciarlos en el colegio de la abogacía. Esa publicación habría generado profundo malestar entre colegas y valido un llamado de atención «informal» del Colegio de la Abogacía de Concordia. Para algunos abogados consultados, el episodio expuso el temperamento de la abogada Ortiz, ya conocido en los pasillos de tribunales, al que consideran inadecuado para un cargo de alta sensibilidad. Otros, en cambio, relativizaron el hecho y lo interpretaron como una maniobra para despegarse de las versiones y allanar el camino a una eventual designación sorpresiva. «La heredera del General» En octubre pasado, una nota de DiarioJunio titulada La heredera del general, repasaba vínculos familiares de la abogada con su tío, el ex juez Julián Genaro Quevedo, y con el fallecido general Raúl José Ortiz, este último vinculado al aparato represivo durante la última dictadura militar y quien -como contamos- habría sido determinante para el ingreso del hoy vocal de STJER, Daniel Carubia, a la justicia. El informe recordó la firma de la abogada en solicitadas en defensa de militares detenidos. En 2011, DiarioJunio publicó una nota que daba cuenta que en 2002 y 2003 circularon en Internet solicitadas firmadas por decenas de personas, entre ellas el juez Quevedo, su esposa Marta Silvia «Matachi» Ortiz -una ex empleada de tribunales-, y la propia abogada Constanza «Coty» Ortiz, entre otros firmantes, en apoyo a militares detenidos y al represor Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, por entonces detenido en México y con pedido de extradición a España. El ex juez Quevedo también aparecía en páginas conectadas con Memoria Completa, la organización encabezada por Cecilia Pando, conocida apologista del terrorismo de Estado. El artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos establece que quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología quedan inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública.
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