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Parana » Pagina Politica
Fecha: 23/02/2026 17:32
Ante la Asamblea Legislativa, Rogelio Frigerio le pidió al fuero laboral que tenga presente quiénes son los que dan trabajo al momento de interpretar la ley. Los dueños. Ese tramo del discurso, destacado por este sitio, lo tomó parte de la oposición para cuestionar al Gobernador que vio en sus palabras, una posición pro patronal en detrimento de los trabajadores. La escasa relevancia en los medios quizás se deba a la precariedad con la que se trabaja. Por si eso fuera poco, la reforma laboral elimina el Estatuto del Periodista. En la ciudad de Paraná 80 trabajadores fueron despedidos de El Diario sin causa en 2018, lo que los obligó a ir a la Justicia, donde obtuvieron fallos favorables en primera instancia y, al no ser apelados por Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), empresa editora del matutino, la sentencia quedó firme. El capital de los antiguos dueños, el clan Etchevehere y el señor Ramiro Nieto, es holgadamente suficiente para hacer frente a la ejecución de la decisión judicial, pero eso no ha ocurrido en todos estos años por las enormes ventajas que el juez Angel Moia les ha garantizado a los demandados con artilugios que fomentan una prolongación infinita hasta que ya no quede nada. En resumen: esta historia jurídica, que lleva años, tiene como saldo trabajadores con sentencia firme sin cobrar. La empresa, ahora, está en manos del rosarino Gustavo Scaglione. El 14 de noviembre de 2022 fueron procesados los hermanos Etchevehere: Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego. La lista se completa con su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial; el empresario y dueño de Red Mutual, Walter Grenón; y su hermana, Viviana Grenón. La jueza de Garantías Carola Bacaluzzo los acusó por el delito de vaciamiento de SAER a raíz de una denuncia que inició Dolores Etchevehere en 2013 en el marco de un proceso sucesorio. La familia del ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri y el principal aportante a la campaña de Alberto Fernández, es decir Grenón, están siendo investigados por una supuesta administración fraudulenta. Entre las maniobras de vaciamiento se encuentra el traspaso ilícito de propiedades y el desvío de créditos en dólares a tasa subsidiada por el Estado. Esta causa fue cajoneada en 2013 y se activó recién en noviembre de 2020, cuando el militante social Juan Grabois ingresó en Estancia Casa Nueva y denunció a sectores de la política y al Poder Judicial de ser cómplices de la maniobra, en lo que se convirtió en un hecho que tuvo cobertura nacional. A las 48 horas, el juez Carlos Ríos (fallecido posteriormente) imputó a los Etchevehere y Grenón. Pero todo quedó ahí. En junio de 2023 se puso a remate el local donde funcionó el bazar El Entrerriano, quebrado y vaciado en 2021 tras despedir más de 160 trabajadores. El remate fue dispuesto para ejecutar la hipoteca del local en una causa iniciada por el Banco Macro. La firma de electrodomésticos con sucursales en toda la provincia fue cerrando sus puertas, pero apenas un puñado de trabajadores, obligados ante la desesperación, acordaron un pago de indemnización por debajo de lo correspondido legalmente, mientras que otros tuvieron que conformarse con fallos que le permitieron cobrar parte de su indemnización con mercadería embargada a la empresa. Antes, 36 trabajadores de la Aceitera del Litoral SA, que luego se llamó Aceitera Baxada para evadir deuda a proveedores según se denunció en aquel momento, tuvieron el mismo destino: despido ilegal. En 2008 la empresa se llamaba Mariano Moreno Oleaginosas y despidió a 50 trabajadores. Las crónicas de aquella época hacían hincapié en la escasa información sobre quiénes eran los verdaderos dueños. Nunca se indenmizó a nadie pese a los reclamos judiciales. Pasaron 10 años para que el sistema judicial de Entre Ríos termine de resolver la causa que involucró a los principales contratistas del Estado en la obra pública en el legajo donde se investigó delitos de corrupción en torno a la organización de la Cumbre del Mercosur realizada entre el 14 y el 18 de diciembre de 2014 en Paraná. Los empresarios de la construcción Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú acordaron en 2022 la suspensión del juicio a prueba por dos años y el pago de una reparación total al Estado de 10 millones de pesos por haber sobrefacturado los gastos de la organización del evento diplomático. Genios. El Concejo Deliberante de Larroque, en una sesión que se celebró el 4 de marzo de 2020, aprobó un convenio suscripto entre la empresa constructora OICSA y la Municipalidad para resolver una discusión económica entre ambos vinculada con una obra de catorce cuadras de asfalto cuyos presuntos ilícitos por sobreprecios se investigaban en sede judicial de Gualeguaychú. En el acuerdo aprobado ambas partes reconocieron la existencia de irregularidades en la contratación y la existencia de sobreprecios en la obra. El contrato fue por $ 12.466.760 pero luego ambas partes coincidieron que correspondía $ 7.798.830,80. La causa penal se disolvió en un acuerdo en el Concejo Deliberante. Aplausos. Los dadores de puestos de trabajo, como se ve, en ninguno de los casos fueron víctimas de una industria del juicio. Todo lo contrario. Si se repasan los expedientes de empresarios en la jurisdicción federal por la evasión de impuestos de las empresas, la sorpresa es aún mayor. El Gobernador puede quedarse tranquilo. Sus advertencias fueron apresuradas. Fuente: Página Política
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