23/02/2026 14:06
23/02/2026 14:06
23/02/2026 14:03
23/02/2026 14:02
23/02/2026 14:02
23/02/2026 14:02
23/02/2026 14:01
23/02/2026 13:59
23/02/2026 13:59
23/02/2026 13:59
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 23/02/2026 11:31
Roque Guillermo Benedetto Distintos funcionarios comenzaron a advertir, con extrema prudencia, que las cuentas públicas estaban entrando en una zona de tensión. Sin dramatismos, pero con datos. Desde la Provincia, el senador provincial Rubén Dal Molín recordó que Entre Ríos mantiene una fuerte dependencia de los recursos coparticipables, que representan cerca del 75 % de los ingresos tributarios, y que la desaceleración en la recaudación de los tributos que nutren esa coparticipación (incluyendo IVA y Ganancias) se traduce en una menor disponibilidad de recursos reales para la provincia, lo que obliga a un enfoque de realismo fiscal en cada decisión de gasto. El gobernador Rogelio Frigerio fue todavía más directo al admitir que la recaudación no se ha recuperado y que eso complicaba las discusiones salariales y desde ATER, Jesús Korell reconocía que, aunque en 2025 se había recaudado más, en el contexto general no alcanza, y adelantaba que se revisarían exenciones y beneficios, como la eliminación escalonada del beneficio de patente cero para vehículos híbridos y eléctricos en Entre Ríos, que hasta entonces estaban exentos del Impuesto Automotor. La medida, aplicada por la ATER, mostró con claridad el cambio de enfoque: ante la restricción de recursos, incluso los incentivos fiscales que se presentaban como políticas de promoción ambiental pasaron a ser revisados bajo un criterio estrictamente recaudatorio, confirmando que el margen fiscal para sostener exenciones se encuentra cada vez más acotado. No se trata de señales aisladas. Hay una tensión fiscal que atraviesa Nación y Provincia y anticipa un escenario más exigente para las finanzas públicas. La coparticipación y las transferencias representan la principal fuente de ingresos de los municipios y por eso resulta clave analizar qué ocurrió en Concordia entre enero de 2025 y enero de 2026. 1. Coparticipación nacional: pérdida real de recursos frente a la inflación Para evaluar este aumento del 12% en términos nominales con criterio económico, es indispensable compararlo con la inflación acumulada del periodo Enero 2025 a Enero 2026, la cual según el Indec fue del 32,4 %, lo que permite medir con precisión el poder adquisitivo real de esos recursos. En términos sencillos, es como si una familia recibiera un aumento de ingresos del 12 %, pero al mismo tiempo sus alimentos, servicios, transporte y alquiler subieran más del 30 %. En términos reales, esos recursos crecieron muy por debajo de la inflación, lo que implica una pérdida significativa de poder adquisitivo. Con la coparticipación ocurrió algo similar: entró más dinero, pero alcanzó para menos sueldos, menos insumos, menos mantenimiento y menos servicios. Este escenario no fue imprevisto, ya que en mi columna de opinión del 8 de mayo de 2025 denominada Hasta dónde va a caer la coparticipación nacional: la merma golpea a los municipios de Entre Ríos, mostraba con datos oficiales que las transferencias nacionales venían perdiendo dinamismo y previsibilidad, anticipando un escenario de mayor fragilidad financiera para los gobiernos locales. Los datos actuales confirman aquella advertencia, pero incorporan un elemento adicional que resulta decisivo para el Presupuesto 2026: la caída de los recursos reales no responde solo a la desaceleración de la actividad económica, sino que podría verse agravada por reformas legales actualmente en tratamiento que, de ser aprobadas, comenzarán a regir en 2026, impactando directamente sobre los tributos que integran la coparticipación. En este sentido, el presupuesto municipal se construye sobre una base de ingresos doblemente condicionada: por una economía que no tracciona y por decisiones normativas que pueden reducir estructuralmente la masa de recursos a distribuir. 2. La advertencia del Diputado Michel: Reforma laboral, menos Ganancias y menos coparticipación A este escenario se suma un debate nacional que, como advirtió desde el inicio el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, puede agravar la caída de los recursos coparticipables. Michel señaló tempranamente que los cambios tributarios incluidos en el proyecto no eran solo una cuestión fiscal nacional: si disminuye la recaudación de impuestos que se coparticipan, también se reducen los fondos que reciben las provincias y, en consecuencia, los municipios. El proyecto original contemplaba una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades que, según estimaciones difundidas en ese momento, podía significar para Entre Ríos una pérdida cercana a los $81.265 millones anuales. Esa disposición fue finalmente retirada durante el debate legislativo, lo que evitó una merma directa en la masa coparticipable. Sin embargo, el texto mantiene modificaciones relevantes en el Impuesto a las Ganancias como la ampliación de exenciones para alquileres destinados a vivienda, la enajenación de inmuebles desde 2026 y los plazos fijos en moneda extranjera, además de la actualización de quebrantos por IPC a partir de 2025 que previsiblemente afectarán la recaudación en los próximos ejercicios. A ello se suma la eliminación de impuestos internos aplicables a seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves, lo que también reduce la recaudación nacional. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral, que reemplaza el sistema tradicional de indemnizaciones por despido. Ese fondo se financiaría con un aporte del 3 % del salario, compensado con una reducción equivalente en las contribuciones patronales que hoy se destinan a la seguridad social. En la práctica, una parte de los recursos que actualmente financian el sistema jubilatorio dejaría de ingresar a la seguridad social y pasaría a financiar el nuevo fondo y que según estimaciones difundidas públicamente, la merma podría rondar los USD 3.000 millones anuales. Si el sistema previsional recauda menos y necesita cubrir sus obligaciones, el Estado nacional deberá compensar ese faltante con recursos generales. En un esquema federal, esa tensión en las cuentas nacionales termina afectando -directa o indirectamente- la capacidad de financiamiento de provincias y municipios. 3. Coparticipación provincial: crecimiento apoyado en impuestos al patrimonio Con la Provincia ocurrió algo distinto. Entre enero de 2025 y enero de 2026, la coparticipación provincial creció un 61 % nominal, muy por encima de la inflación, aunque este crecimiento no fue parejo. El mayor salto se dio en los impuestos que gravan bienes: casas, terrenos y vehículos. Son tributos patrimoniales, que no dependen de cuánto gana una persona, sino de lo que posee y se pagan incluso cuando el ingreso no crece. Para un asalariado con vivienda y/o auto, el impuesto sube aunque el sueldo quede atrás, para una pyme, se transforma en un costo fijo y para un jubilado, implica resignar consumo. Este aumento no es casual. El propio ministro de Economía provincial, Fabián Boleas, recordó que los impuestos inmobiliario y automotor pasaron de representar el 35 % de la recaudación provincial a apenas el 13 % en dos décadas y sostuvo públicamente que el inmobiliario y el automotor debían recuperar participación en la recaudación. Este proceso ya había sido analizado en la nota La verdad estaba en la boleta: lo que el decreto escondía del 05/05/2025, en donde se explicaba cómo la actualización de valuaciones impactaría en impuestos y tasas. Los datos comparativos analizados confirman ese rumbo. 4. Municipio: dependencia externa y presión sobre las tasas Antes de hablar de tasas, hay un dato estructural: según el Presupuesto 2026, alrededor del 63 % de los recursos municipales provienen de Nación y Provincia y solo el 37 % son propios. Concordia depende estructuralmente de transferencias externas. Cuando esas transferencias pierden valor real, el impacto es inmediato. En Concordia, durante 2025 y 2026, se instaló una idea repetida: la recaudación creció, entran más recursos, las cuentas están ordenadas. Pero cuando se analizan los números, aparece otra realidad: la recaudación aumentó, pero no por una mejora económica real, sino por aumentos de avalúos y moratorias permanentes, confirmando lo que ya se venía anticipando en varias columnas publicadas durante 2025. Actividad económica débil: el límite de la recaudación de la tasa comercial La Tasa Comercial pasó de $ 1.984 millones en enero de 2025 a $ 2.629 millones en enero de 2026: un aumento del 32,53 %. La inflación interanual fue del 32,4 %. En términos reales, no hubo crecimiento. La recaudación apenas acompañó el nivel general de precios. En septiembre de 2025, la columna Concordia en crisis: menos recaudación real, menos altas de comercios y un consumo que se retrae ya advertía que el problema no era solo la coparticipación: la economía local mostraba estancamiento, con menos aperturas de comercios, menor consumo y menor movimiento comercial. Los datos actuales confirman aquel diagnóstico. Con consumo debilitado y sin expansión significativa de la actividad, la Tasa Comercial no puede convertirse en una fuente real de crecimiento de recursos, sino apenas en un ingreso que se sostiene al ritmo de la inflación. El motor del aumento de la recaudación en la Tasa Inmobiliaria y la Tasa Sanitaria: los avalúos El aumento real de la recaudación registrado en la Tasa Inmobiliaria y en la Tasa de Servicios Sanitarios durante 2026 no respondió a cambios en el hecho imponible ni a modificaciones en la prestación de los servicios, sino al aumento en los avalúos de las propiedades por encima de la inflación. Esta dinámica había sido advertida con anticipación, pues en febrero de 2025, en la nota El prometido alivio tributario en Concordia se hace esperar. Las tasas aumentaron más que la inflación, se señalaba que los ajustes proyectados en las tasas municipales iban a superar al aumento general de precios, aun sin variaciones relevantes en los parámetros objetivos de los tributos. Meses después, en diciembre de 2025, la columna Avalúos, tasas y polémica en Concordia: qué hicieron el municipio y la provincia, qué muestran los boletines oficiales y qué falta aclarar permitió identificar con precisión el mecanismo concreto que hizo posible ese resultado y su traslado automático a los montos abonados en concepto de Tasa Inmobiliaria y Tasa de Servicios Sanitarios. Con una inflación interanual del 32,4 % según el INDEC, la recaudación por Tasa General Inmobiliaria aumentó 141 % y la correspondiente a Servicios Sanitarios 121 %, es decir, entre tres y cuatro veces por encima del nivel general de precios. En términos simples, no hubo más propiedades ni más servicios: lo que aumentó fue el valor fiscal sobre el cual se calcula lo que paga cada inmueble. 5. Dos advertencias, un mismo límite fiscal Las advertencias formuladas por Rubén Dal Molín y Guillermo Michel no se contradicen: describen diferentes manifestaciones de una misma restricción fiscal que ya es observable en las cuentas públicas. Dal Molín pone el acento en el gasto y el corto plazo: en una provincia con alta dependencia de la coparticipación, cuyos ingresos crecen por debajo de lo esperado, solo puede gastarse lo que efectivamente ingresa. En ese contexto no existe margen para decisiones basadas en inercias presupuestarias ni para compromisos sin respaldo financiero. Michel, en cambio, enfoca la atención en los ingresos y el mediano plazo. Su advertencia consiste en que las reformas tributarias en discusión especialmente los cambios en el Impuesto a las Ganancias, en Impuestos Internos y la modificación de aportes patronales podrían reducir la masa coparticipable. Menos impuestos nacionales, por definición, significa menos recursos a distribuir entre provincias y municipios. La lectura conjunta es directa: Dal Molín describe el límite actual y Michel anticipa el límite futuro. El resultado es un límite fiscal que se constriñe por ambos lados: por la desaceleración de ingresos actuales y por el riesgo de una caída estructural de la coparticipación. En ese contexto, el realismo fiscal no es una alternativa de gestión, sino una condición de sostenibilidad para las finanzas provinciales y municipales. La planificación del gasto, la priorización de políticas y la ejecución presupuestaria dependen de reconocer esta restricción como permanente y no transitoria. 6. Cuando la inflación deja de disimular: el verdadero límite fiscal de provincias y municipios Si miramos todos los números juntos, la conclusión es evidente: la mejora nominal de la recaudación no alcanza para describir la situación real de las finanzas públicas. Nación transfiere menos en términos reales, la Provincia compensa apoyándose cada vez más en impuestos patrimoniales y los municipios, como Concordia, ajustan sobre las mismas bases imponibles para sostener su funcionamiento cotidiano. Durante años, la inflación reducía el peso real de los pasivos con solo demorar pagos, permitía otorgar aumentos salariales por debajo de la inflación y hacía crecer la recaudación simplemente porque subían los precios. Ese mecanismo hoy perdió fuerza, ya que con una inflación interanual del 32,4 %, ya no alcanza con esperar para que los desequilibrios se diluyan. La brecha entre ingresos nominales y recursos reales queda expuesta y cada decisión presupuestaria tiene impacto inmediato. Si esta tendencia se consolida, Concordia deberá ejecutar el Presupuesto 2026 con menos margen real que en 2025, aunque los números nominales sugieran lo contrario. Las decisiones que se adopten en el Congreso no serán técnicas ni distantes: determinarán cuántos recursos llegarán efectivamente a los municipios para sostener su funcionamiento básico e invertir en obra pública. Links de interés (*) Contador Público, Abogado y Escribano.
Ver noticia original.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por