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Gualeguaychu » FM Maxima
Fecha: 22/02/2026 13:23
Comienzo la nota diciendo, ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía: es el fingimiento de cualidades, sentimientos o normas morales contrarias a las que realmente se tienen o practican, actuando con falsedad o doble cara. Implica incumplir los propios principios expresados a menudo para ocultar intenciones reales, encajar socialmente u obtener ventajas con cinismo. ¿Queremos cárceles sanas y limpias o universidades del delito? Este año comienzan los juicios a decenas de procesados por tráfico de drogas en ciudades y cárceles entrerrianas. Es demasiada la desidia y la corrupción en el servicio penitenciario, y perjudica enormemente a los entrerrianos, que con nuestros impuestos mantenemos a todo el sistema. Metafóricamente hablando, una olla a presión explota en la corrupción cuando la presión interna generada por el aumento excesivo de actos ilícito e inmorales, supera la capacidad de contención de los mecanismos de seguridad institucionales. Cuando los controles (válvulas, juntas, sellos) fallan o están bloqueados, la acumulación de vapor y la falta de transparencia provocan una ruptura violenta. El servicio penitenciario atraviesa una crisis profunda de valores y ética profesional. Este año comienzan los juicios a decenas de procesados por tráfico de drogas en ciudades y cárceles, el año arranca con una agenda apretada en los dos Tribunales federales de la provincia y se vienen narco-juicios de relevancia con numerosos procesados por comercio de cocaína y marihuana en distintas ciudades de la provincia y también en unidades penales de Entre Ríos. El deterioro del sistema carcelario/penitenciario está lejos de cumplir con la legalidad por parte de algunos funcionarios. En la provincia de Entre Ríos tenemos casi 3.000 internos/as alojados en 8 cárceles y que mantenemos con nuestros impuestos, sumados a otros casi 200 que están con tobilleras electrónicas, y son controlados fuera de las unidades penales. RECORD DE PROCEDIMIENTOS EN UP9 EN EL ÚLTIMO TIEMPO Allanaron la UP9 y desbarataron un plan criminal para matar al Juez Federal Penal y Fiscal de Paraná Un poderoso jefe narco alojado en la cárcel de Gualeguaychú, le habría pagado miles de dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya, para que asesine a Leandro Ríos y a José Ignacio Candiotti durante sus vacaciones en Punta del Este.Por esto allanan el Pabellón E. ¿Y EL CENTRO DE MONITOREO? BIEN GRACIAS.. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Ramon Roncaglia, encabezó en octubre de 2025 la inauguración del nuevo Centro Operativo de Monitoreo (CODM) en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal El Potrero, un espacio estratégico que busca fortalecer la seguridad integral y optimizar la gestión penitenciaria provincial. El nuevo centro permite monitorear en tiempo real áreas críticas mediante domos de alta definición, cámaras distribuidas en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, garantizando trazabilidad y cobertura continua durante las 24 horas. La infraestructura cuenta con sistemas redundantes que aseguran la continuidad operativa y la recuperación ante contingencias. Entre sus principales fines se destacan la prevención de incidentes, la gestión en tiempo real de situaciones críticas, la generación de evidencia objetiva para resguardar derechos, la supervisión sanitaria y la vigilancia perimetral. ¿Queremos cárceles sanas y limpias o universidades del delito? Las cárceles lamentablemente son una joda deliberada por los privados de la libertad que les dejan hacer casi lo que se les antoja,La preocupación es que estamos conviviendo con el narcotráfico desde adentro, y está viciado por la falta de ética y de buenas costumbres de algunos penitenciarios, la praxis diaria les golpea fuerte en la cara y es distinta que la teoría o lo que algunos pueden imaginar, la oscuridad y negligencia del sistema carcelario en algunos aspectos aparece como un reflejo de la conocida serie EL MARGINAL con la diferencia de que aquello era ficción y acá asoma una triste y penosa realidad. ¿Cuánto paga de coima un interno? Es muy llamativo que los directores no denuncien, no ven nada de nada la presbicia es la pérdida gradual y vinculada al envejecimiento de la capacidad de los ojos de enfocarse en los objetos cercanos. La presbicia se evidencia entre los 40 y los 45 años, seria optimo que se acerquen a algún oftalmólogo y así mejorar la visión. Esto que he venido manifestando del SPER, en mis columnas anteriores, como en esta, también lo explicite formalmente en su momento en sede del Ministerio Publico Fiscal de la provincia de Entre Ríos, (órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad) por lo que se ve a todas luces, las acciones ilícitas no disminuyen sino todo lo contrario va en aumento, en perjuicio de los entrerrianos, que debemos confiar en los hombres y mujeres que componen nuestras instituciones, para que nos cuiden y actúen en el marco de la Ley, acá parece todo lo contrario. El deterioro del sistema carcelario/penitenciario está lejos de cumplir con la legalidad por parte de algunos funcionarios. En la provincia de Entre Ríos tenemos casi 3.000 internos/as alojados en las 8 cárceles y que mantenemos con nuestros impuestos, sumados a otros casi 200 que están con tobilleras electrónicas, y son controlados fuera de las unidades penales. La muerte del joven soldado, que cumplía funciones de custodia en la quinta de Olivos, pareciera fue el punto de inflexión, y se logró desbaratar a la PYME del delito, dicho esto por la propia ministra de seguridad nacional, una organización criminal que logró ser vinculada por los investigadores de homicidios, a la muerte del integrante del Regimiento de Granaderos en la Quinta de Olivos. La organización operaba en cárceles bonaerenses creando perfiles falsos en apps de citas, amenazando y extorsionando a sus víctimas con causas penales simuladas. La conferencia de prensa fue encabezada por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y la Justicia reafirma nuestro compromiso de combatir con firmeza las nuevas modalidades delictivas desde el encierro y proteger a la ciudadanía de futuros ataques. ¿El presunto ingreso de teléfonos celulares y sustancias prohibidas en las cárceles se convirtió quizás en la principal fuente de recaudación ilegal de los jefes y guardia cárceles? ¿Quién ingresa lo prohibido? ¿El chapulín colorado? Algunos funcionarios penitenciarios y narcos pareciera que tienen un vínculo cada vez más estrecho. UP.9: Y LOS NEGOCIOS NARCOS DESDE ADENTRO La mostraron como cárcel modelo mixta a la mentada UP9 Granja Penal, que traería alivio a la vieja y deteriorada UP2, fue hace 12 años cuando llegaron los primeros internos a la Granja Penal El Potrero considerada como un sistema único y modelo para Entre Ríos, lejos estamos de eso, cuando las irregularidades que allí ocurren son muchas y graves, La titular de la Fiscalía Federal de primera instancia de Concepción del Uruguay, Dra. Josefina Minatta, solicitó finalizando el 2024 a la justicia federal de esa ciudad la elevación a juicio de una causa que involucra a nueve personas acusadas de conformar una organización destinada a la distribución y comercialización de estupefacientes. Los señores Luis Eduardo Tenis (46), Marcos Benítez (35) y su pareja Liliana Ramírez (35) fueron señalados como coautores del delito de organización de actividades de tráfico de estupefacientes agravado por el lugar de donde lo hacían. (Lugar de comisión) Para la fiscalía, las tareas investigativas efectuadas por el personal policial permitieron descubrir la conexión que tenían los distintos imputados en la causa y de esa forma, Tenis, Benítez y Ramírez eran los cabecillas de la organización y que operaban desde la Unidad Penal N°9 Colonia El Potrero, ubicada en nuestra ciudad. Sin control riguroso termina siendo el lugar ideal para estos personajes presos, que desde el sistema carcelario siguen con sus negocios seguramente con complicidad de algunos penitenciarios, que hacen de mula de los presos. UP4: Otro hecho grave ocurrió hace un tiempo atrás en UP4 (Concepción del Uruguay) Incautaron casi medio kilo de cocaína en la cárcel entrerriana la Incautación de 465 gramos de clorhidrato de cocaína tras la requisa de un pabellón culmino con un preso vinculado a la causa por infracción a la ley de estupefacientes también en el marco de esa investigación. El ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y de la Constitución Nacional, ¿Qué hacemos? Con los reos, presos, internos, o personas privadas de la libertad, para no estigmatizar se ha venido cambiando la forma de nombrarlos, eso calma la conciencia y la espectacular hipocresía existente de la mayoría, de modo que toda situación de privación de la libertad ambulatoria, impone al juez o funcionario que la autorice, el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucional, y los tratados internacionales adheridos y ratificados por la República Argentina, ¿quién sabe porque parte del cuerpo se las pasaran?. El sistema en el país está integrado por el Servicio Penitenciario Federal y por los servicios penitenciarios de las provincias, Por ende no se puede hablar de una realidad única ni de una operatoria uniforme, la problemática que presenta el sistema penitenciario argentino es muy complejo. Las cárceles ¿son depósitos de personas? ¿Se reinserta realmente? ¿Las prisiones son sanas y limpias? ¿Se venden informes técnicos criminológicos? Estos detallan sobre la conducta y la salud de los presos, son simples descripciones y no son vinculantes para que la Justicia decida la libertad de una persona, celebro que no sean vinculantes, estos escritos dan cuenta del desarrollo y desenvolvimiento intramuros de los internos. las irregularidades, corrupción, negligencia, y los abusos de algunos dentro del servicio penitenciario, me llevaría una nota mucho más extensa, que será en otra oportunidad. Con instituciones sanas y fuertes se logran los objetivos y se cumple con el mandato de la Ley, que en definitiva es la voluntad del honorable legislador, la problemática apuntada es histórica, incluso se podría calificar como endémica. La realidad carcelaria se revela como una cuasi sistemática y reiterada violación por parte del Estado, a la propia Constitución Nacional C.N.,que en su artículo 18,dice: las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice, pero a nadie parece preocuparle los millones de pesos que nos cuestan mantener con nuestros impuestos a los reos en nuestras cárceles. Los Compromisos internacionales, (tratados internacionales de derechos humanos) una de las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación Argentina es aprobar y desechar tratados con las demás naciones, a través del artículo 75, inciso 22, y el artículo 31 de nuestra Ley fundamental les otorga a estos Tratados jerarquía constitucional, es decir, no están ni por debajo ni por encima de la Ley madre, sino en la misma línea. De acuerdo con la ley más importante y sagrada, más lo expresado en la ley de ejecución penal, se tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando la reinserción social, de los detenidos en el medio libre a través de la asistencia y el tratamiento. Sin embargo, la realidad dista de acercarse a estas premisas desde siempre en el sistema penal, las penas y las cárceles son puestas bajo el ojo crítico de la sociedad, la corrupción dentro del sistema carcelario, y dependiendo casi siempre en lo que exterioricen los medios de comunicación o quieran vender, van a tomar posturas totalmente antagónicas del mismo tema. Los criminales entran y salen de las prisiones como por una puerta giratoria, las cárceles están superpobladas, ¿los internos viven en condiciones infrahumanas o poseen todas las comodidades? Como sociedad nos quejamos de que quienes ingresan al sistema carcelario que no hacen nada, cuentan con tiempo ocioso, teléfonos celulares con internet quizás, lo que favorece nuevas formas delictuales, incluso en un contexto de encierro, como seguir con el negocio de la droga, secuestros virtuales, estafas telefónicas, hackeo de teléfonos y cuentas bancarias. Afirmamos que estas condiciones funcionan como mini escuelas delictuales en las cuales internos que ingresan por delitos leves se profesionalizan y al salir reinciden en delitos más graves o violentos. Si el interno estudia o se capacita nos quejamos de que el hijo de un obrero o este mismo, no puede acceder a una educación universitaria porque no puede soportar los gastos que insume, mientras que un interno tiene todo cubierto. Nos indigna que el interno trabaje y que cobre por el trabajo que realiza y luego hacemos comparaciones con sueldos de jubilados de la mínima para contrastar las fortunas que gana un recluso. Pero si no trabaja es un mantenido del Estado que solventamos los buenos contribuyentes con nuestros impuestos. De acuerdo con la Constitución Nacional las cárceles de la nación deben ser sanas, limpias, Sin embargo, al hablar sobre las funciones manifiestas y latentes Que las leyes digan o declaren que regulan con un objetivo y en la realidad tengan otro resultado es bastante común y no por mala fe de los honorables legisladores y ni siquiera de muchos intérpretes, pues en la mayoría de los casos el fenómeno se produce porque la realidad opera de modo diferente al imaginado. Por ello, desde hace mucho tiempo la sociología sabe que es necesario distinguirlas funciones manifiestas de las instituciones (las declaradas o expresas) y sus funciones latentes (las que realmente cumple en la sociedad). ¿Los objetivos propuestos de nuestro sistema penitenciario cumple con las funciones manifiestas o son dominadas por las latentes? ¿Logramos la reinserción de aquellos que delinquen? O ¿los empujamos a la reincidencia? ¿Aquel que atravesó la travesía de capacitarse en contexto de encierro logra una correcta reinserción? El requisito más pedido en todo puesto de trabajo es el certificado de antecedentes penales, incluso al momento de querer matricularnos en un colegio profesional. ¿La reincidencia es un problema de la sociedad? el primer problema es recabar datos reales, no hay estadísticas de fácil acceso y hasta los propios agentes del patronato de liberados manifiestan no contar con mediciones asertivas, pero que, desde su experiencia. Acerca del 90% reincide por la falta de oportunidades. Un interno que no ha tenido acceso a la educación o a un trabajo y la posibilidad de generar un peculio tiene horas para solucionar donde va a dormir, como va a solventar la comida del día. En la mayoría de los casos los familiares, no los alojan y cambian el estatus de interno a persona en situación de calle. La marca del antecedente penal, signada en un certificado de reincidencia opera como un estigma que impide conseguir un trabajo formal y en el mejor de los casos podrá cada quien según su ingenio realizar changas o mendigar, si no volver a delinquir. Mismo problema es para medir la reincidencia de quienes estudian o se capacitan teniendo que recurrir a quienes trabajan en educación en contexto de encierro, quienes manifiestan que cerca del 90% de quienes pueden sostener en el tiempo capacitaciones académicas o de formación profesional no reinciden. El sostenimiento de la formación profesional o académica es otro de los problemas que debe sortear el interno que desea capacitarse. Más allá del visto bueno del Juez para el acceso a los beneficios el interno deberá contar pareciera con la venia del jefe de pabellón Asimismo, los internos encuentran dificultades al acceso al material de estudio, pocas oportunidades para asistir a cursadas, problemas de conexión al momento de rendir o cursar, El jefe de pabellón es una jerarquía de hecho tacita dentro del sistema penitenciario, es un interno que obra como referente en cada pabellón y es quien coordina algunos movimientos- ¿Cuentan con beneficios a cambio de la cooperación con el servicio penitenciario? para mantener el orden en el pabellón CONCLUSION: Este pronunciamiento no cuestiona la pena en sí, sino su perpetuidad absoluta, reivindicando el derecho a la reinserción social como eje fundamental de un sistema penal respetuoso de la dignidad humana. Lejos de querer realizar una conclusión superadora pretendo en esta humilde nota dejar preguntas. ¿Qué es más beneficioso como sociedad, capacitar a un interno, que posea un peculio al finalizar su condena y darle oportunidades? ¿Privarlo de su libertad como una retribución a su conducta típica antijurídica y culpable? ¿Estamos dispuestos como sociedad a que un interno cuente con las condiciones para trabajar y capacitarse en contexto de encierro? ¿Queremos como sociedad dar una oportunidad a quien posea antecedentes penales? ¿Estamos dispuestos a que el Estado soporte económicamente las oportunidades de los internos? Finalmente, el tremendo gasto millonario que pagamos para mantener toda la estructura, me pregunto: ¿Qué nos conviene como sociedad? ¿La reinserción o la segregación? ¿Cómo estamos hoy? ¿Queremos cárceles sanas y limpias o universidades del delito? No podemos jamás postergar la resocialización, porque con ese accionar bien direccionado por parte del estado estamos protegiendo a la sociedad toda, los derechos humanos y las garantías constitucionales que no son postergables y mucho menos olvidadas, ni reprimidas. Ariel Heidenreich
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