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Parana » Informe Digital
Fecha: 22/02/2026 08:13
El Gobierno nacional formalizó un incremento del 280% en los recursos presupuestarios destinados al Poder Judicial para el ejercicio 2026, que alcanzarán un total de $2.135.208.999.995, de acuerdo con lo establecido en la Decisión Administrativa 1/2026 publicada por la Jefatura de Gabinete. El refuerzo presupuestario fue resultado de una serie de intercambios entre el Poder Ejecutivo y las autoridades del sistema judicial, con el objetivo de atender necesidades estructurales vinculadas a infraestructura edilicia, equipamiento y modernización tecnológica. En ese marco, desde el Consejo de la Magistratura señalaron que la asignación de los nuevos recursos seguirá criterios de criticidad, austeridad y distribución federal, priorizando aquellas jurisdicciones con mayores déficits operativos o con mayores niveles de litigiosidad. Sin embargo, la mayor parte de los fondos continuará destinada al pago de salarios del personal judicial. Según el detalle de la distribución presupuestaria, aproximadamente $1,99 billones serán utilizados para cubrir remuneraciones. La ampliación presupuestaria también contempla el sostenimiento de la operatividad de áreas clave del sistema, como el Fuero Electoral encargado de la organización de los procesos comiciales y el control de los partidos políticos, así como los tribunales especializados en materia Penal Económica y de la Seguridad Social. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite Por su parte, la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con una partida específica de $633.120 millones, destinada al funcionamiento de los tribunales que intervienen en delitos comunes dentro del territorio porteño, incluyendo los fueros Civil, Comercial, del Trabajo y Criminal y Correccional. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presupuesto prevé recursos diferenciados para sus dos funciones principales. Para el ejercicio de su rol como tribunal de última instancia se asignaron $77.481 millones, mientras que para su Administración General como cabeza del Poder Judicial se destinaron $51.645 millones. En materia de inversión en bienes de capital, el plan de gastos incluye diversas obras de infraestructura en el Palacio de Justicia. Entre los trabajos proyectados se encuentran la restauración de fachadas, la modernización de ascensores, la refacción de patios interiores y la actualización integral de las instalaciones eléctricas, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y operativas de la sede judicial. Asimismo, las denominadas Actividades Centrales que comprenden la gestión administrativa y financiera del Consejo de la Magistratura recibirán $185.431 millones. Estos recursos permitirán financiar áreas de soporte transversal como la Dirección General de Administración y el Jurado de Enjuiciamiento, además de impulsar inversiones en tecnología y sistemas informáticos orientados a modernizar la gestión judicial, uno de los ejes considerados prioritarios durante las negociaciones presupuestarias. Dentro de las áreas de apoyo técnico, la Dirección General Pericial dispondrá de casi $54.000 millones, destinados a garantizar el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense y avanzar en proyectos específicos como la readecuación y refuncionalización integral de la Morgue Judicial. De manera complementaria, la Dirección de Captación de Comunicaciones organismo encargado de realizar las interceptaciones legales requeridas por magistrados y fiscales en el marco de investigaciones judiciales contará con una asignación de $27.000 millones para sostener su capacidad operativa. El documento presupuestario también contempla partidas para la Dirección General de Mandamientos y Notificaciones, que recibirá $31.000 millones para diligenciar comunicaciones y órdenes judiciales, y para el Archivo General del Poder Judicial, que contará con $9.222 millones destinados a la custodia de expedientes y documentación histórica.
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