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» Clarin
Fecha: 21/02/2026 18:26
La reforma laboral, aprobada por la Cámara de Diputados y cerca de que el Senado la convierta en ley, además del traspaso de los jueces laborales a la CABA, incluye otra bomba para la Justicia que pasó casi desapercibida: los fallos de la Corte Suprema de Justicia serán obligatorios para los tribunales inferiores y los jueces que no lo hagan podrían ser removidos. Hasta ahora las resoluciones del máximo tribunal, como por ejemplo, sobre el cálculo de la indemnización que decidieron el año pasado Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, eran aplicadas caso por caso y en "forma difusa", explicó una fuente judicial a Clarín. Ahora los jueces laborales de todo el país, según el artículo 89 del proyecto, tendrán la obligatoriedad de adecuarse a ellas bajo la pena de que se les inicie un juicio por mal desempeño de las funciones y sean removidos de sus cargos, dice el texto impulsado por la senadora Patricia Bullrich. La oposición puso el eje en el ahora quitado artículo 44 sobre los accidentes de trabajo pero no sobre este otro. Para el Gobierno y sectores empresarios se trata de otra medida contra la industria de juicio. Consecuencias políticas Pero la transferencia del fuero laboral también tendrá implicancias políticas sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo que propone, sanciona y destituye jueces y que la condenada ex presidenta Cristina Kirchner siempre buscó controlar. Una fuente de la Magistratura contó a Clarín que de los cuatro representantes de jueces en el organismo, el kirchnerismo a través de la lista Celeste y su representante Alberto Lugones (el juez del polémico fallo que pasó la causa por corrupción en la AFA a Zárate-Campana). Como la mayoría de los jueces del fuero laboral votan por la Celeste, Lugones se quedaría sin parte de su base electoral y los K se quedarían sin una banca clave. En este fuero tuvo influencia histórica el peronismo a través del ex diputado y abogado laboralista Héctor Recalde y ahora su hijo, el senador Mariano Recalde. Esa eventual pérdida será clave en momentos en que se busca cambiar el reglamento de elección de candidatos a jueces y el kirchnerismo busca imponer a la jueza K María Gabriela López Iñiguez en la Cámara Federal de Casación Penal. Por lo pronto, en tribunales había preocupación por la posibilidad de que el presidente Javier Milei, envalentonado con la transferencia del fuero laboral, el 1° de mayo en la inauguración de las sesiones ordinarias de Congreso proponga usar el mismo mecanismo para la transferencia de los otros fueros nacionales, que hace 30 años se resisten a pasar a jurisdicción de la CABA. Con Mauricio Macri, la CABA tiene policía propia y ahora Jorge Macri firmó un convenio para trasladar la cárcel de Villa Devoto desde la CABA a instalaciones penitenciarias nuevas en la localidad bonaerense de Marcos Paz. En cuanto al fuero laboral, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó a Clarín que el proyecto dispone por ley la obligatoriedad de respetar los fallos de la Corte Suprema. En teoría, no se deberían poner por ley porque en la estructura del poder judicial los fallos de la Corte sientan postura que deberían seguir los órganos inferiores pero en la práctica algunos no lo cumplen y es necesario, agregó. Sucede que jueces que no lo hacen y entienden que se debe decidir caso por caso. Ahora; los jueces del Trabajo tiene la obligatoriedad de hacerlo; caso contrario podría haber causal de remoción de hacerlo, agregó. El artículo 89 sustituye el artículo 124 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo Nº 18.345. El derogado artículo 124 dice que el dictado de fallos plenarios. Prohibiciones. En materia de fallos plenarios, regirán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Además, el 89 se complementa que con el 90 del proyecto con media sanción que establece que los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones, advierte. Luego el artículo 91 aprueba el llamado Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral firmado hace unas semanas por el gobierno nacional y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. Antes, la Legislatura de la CABA había sancionado la Ley 6.789 en diciembre de 2024, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. Con estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, y los correspondientes concursos. Pero la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de esas leyes locales porque no había un acuerdo institucional con la Nación pero ya se firmó. Mirá también Se trata de una pelea que viene desde la reforma de la Constitución Nacional de 1995 y la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la Corte ya decretó que tiene el status de una provincia con el llamado fallo Levinas y otros. Ahora el proyecto aprobado con la oposición del kirchnerismo avala en forma explícita el acuerdo institucional entre la CABA y la Nación. Además, el artículo 91 Bis encomienda al gobierno de Javier Milei a transferir a la CABA los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo El ministro Tapia explicó que, a partir de que el proyecto se convierta en ley, en CABA tramitarán las causas de conflictos individuales cuya prestación efectiva sea en la Ciudad; es decir la competencia la fija el lugar de prestación del empleo y no el domicilio social de la empresa. 55 mil causas por año Esto reducirá el volumen actual que tiene el fuero ordinario nacional. Si tomamos los números de ingresos en el fuero nacional laboral (aproximadamente 55.000 causas año), estimamos un caudal de 30.000), agregó. Además, Tapia anunció que instalaremos un nuevo modelo de juzgados (oficinas de gestión) y crearemos 40 juzgados y 5 salas de la cámara de apelaciones con lo que deberíamos estar bien. La transferencia está en marcha ahora habrá que ver cómo se implementa. Sobre la firma Newsletter Clarín
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