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Parana » DavidRicardo
Fecha: 21/02/2026 14:19
A raíz de un incendio ocurrido el 30 de diciembre en Victoria, la querella solicitó la citación a declarar de la presidenta municipal, Isa Castañino, y de la secretaria de Gobierno, Lucina Menescardi, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y su posible omisión, impericia o negligencia. El pasado 30 de diciembre s produjo un incendio en una casa de venta de comidas sin habilitación que se cobró la vida de Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, y de Natalí Ayelén García, de 39 años, e indirectamente se cobró una tercera víctima, Fabricio Mansilla, 23 años, pareja de Agustina, que se suicidó cuando supo lo que habia sucedido. En la investigación penal, a cargo del fiscal Iván Yedro, de la Unidad Fiscal de Victoria, están seriamente implicados Ramón Alberto Mansilla, dueño del local incendiado, Costa Rica Fast Food, pero también otras dos mujeres, Verónica Bernachea, y su hermana, que cumplía el rol de encargada del local, Yocelin Bernochea. Las dos trabajadoras se desempeñaban de forma precarizada, por lo que sospechan fallas graves del Estado muniipal, de controles que no se realiaron, de medidas de prevención que no existieron y de funcionarios que no velaron por la seguridad de los vecinos dentro de las áreas que tenían a su cargo, por ese motivo trambién pidieron, a través de una nota, el apartamiento de varios funcionarios: Pamela Padularrosa, de Bromatología; María Cecilia Gómez, de Bromatología; Fabián Daydé, de Seguridad y Control Urbano; Daniel Mansilla, de Seguridad; y María Inés Dionisio, de Seguridad Vial. El lunes 5 de enero, las familias de Agustina y de Natalí ingresaron una nota en la Municipalidad de Victoria, dirigida a la intendenta Isa Castagnino, denunciando estas fallas graves del Estado municipal. En ese momento desde el municipio les comunicaron a los familiares que la intendenta estaba por tratamiento de salud en Paraná. Pero eso despues fue desmentido por una documentación oficial que corroboraba que la intendenta Castagnino se encontraba de vacaciones en Brasil desde el 4 de enero, hacia donde había partido desde el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una reunión mantenida el 30 de enero entre la intendenta Castagnino y los familiares de las víctimas la presidente municipal habría manifestado que el municipio no podía actuar si no existía una denuncia previa a través de la línea telefónica 147, algo que se contradice con una ordenanza que otorga plenas facultades a la mandataria y a sus directivos para realizar los controles necesarios de oficio en comercios, especialmente en aquellos que funcionan de manera irregular, sin necesidad de esperar una denuncia. Por este y otros motivos, desde la querella han pedido la imputación directa de diversos funcionarios municipales bajo la figura del artículo 248 del Código Penal, el cual refiere a los deberes de funcionario público y su posible omisión, impericia o negligencia, ya que se deduce que si el municipio hubiera cumplido con sus funciones de control, se habría evitado la pérdida de tres vidas. En ese sentido, se ha solicitado la citación a declarar de la presidenta municipal, Isa Castañino, y de la secretaria de Gobierno, Lucina Menescardi, que deberá hacerlo el próximo 10 de marzo, en función de las responsabilidades institucionales vinculadas a los hechos investigados.
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