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Fecha: 21/02/2026 12:30
En medio de un clima de máxima tensión por la media sanción de la reforma laboral, la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, volvió a quedar en el centro de la polémica. Lejos de mostrar arrepentimiento por los incidentes ocurridos en el recinto, la legisladora reivindicó su accionar y lanzó una frase que encendió aún más los ánimos en el Congreso: Lo volvería a hacer. La controversia se originó durante la accidentada sesión de esta semana, cuando cámaras de seguridad y dispositivos móviles registraron a Carignano desconectando cables de los micrófonos y equipos de los taquígrafos. El objetivo de la maniobra era claro: interrumpir el registro oficial de la sesión y frenar el avance de una ley que el kirchnerismo califica como un atentado contra los derechos de los trabajadores. En declaraciones radiales, la exdirectora de Migraciones minimizó las críticas del oficialismo y justificó su conducta como una forma de resistencia. Se están llevando puestos 80 años de conquistas laborales y se escandalizan por un cable. Esa sesión no se podía llevar a cabo y había que hacer cualquier cosa para evitarlo, sentenció en diálogo con Radio 10. Carignano insistió en que el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei es un negocio para pocos y acusó a los sectores dialoguistas de ser cómplices de la precarización. Al ser consultada sobre si se arrepentía de los incidentes que protagonizó que incluyeron gritos cruzados con Lilia Lemoine, fue tajante: Si es para defender a los laburantes, lo volvería a hacer una y mil veces. La respuesta del bloque oficialista no se hizo esperar. Los diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de resolución para pedir la expulsión inmediata de Carignano por inhabilidad moral y conductas contrarias al orden democrático. Leé también: El Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral y aseguró que será el fin de la industria del juicio En los fundamentos del pedido, el bloque libertario sostiene que los actos de la diputada constituyen un sabotaje ilegal que buscó impedir el normal funcionamiento de una institución del Estado. No vamos a permitir que la violencia y el vandalismo se conviertan en herramientas parlamentarias. El Congreso debe sancionar a quienes no respetan las reglas de la democracia, afirmaron desde el oficialismo.
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