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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 21/02/2026 09:32
El Poder Ejecutivo entrerriano oficializó un nuevo esquema de valores para las parcelas urbanas y subrurales. Mediante el Decreto Nº 344/26 GOB, el Estado provincial traslada la presión fiscal hacia la propiedad privada, buscando compensar la caída de las transferencias nacionales con una actualización masiva de los avalúos. La administración provincial ha formalizado un paso crítico en su estrategia de recomposición de caja. A través del Decreto Nº 344/26 GOB, el gobernador Rogelio Frigerio aprobó los nuevos valores básicos por metro cuadrado de construcción que regirán durante el período fiscal 2026. Esta medida representa un ajuste inmobiliario en Entre Ríos de carácter progresivo, donde los valores para las mejoras se segmentan en seis categorías constructivas, alcanzando un máximo de $580.414,19 para la categoría superior. Dicha actualización no es un hecho aislado. Por el contrario, se suma a la reciente suba de los mínimos en Ingresos Brutos y Profesiones Liberales dispuesta a principios de mes. Sin embargo, el ajuste inmobiliario en Entre Ríos actual posee un alcance territorial mayor, ya que aplica un coeficiente de actualización del 1,37 sobre los valores de la tierra libre de mejoras en todas las plantas urbanas y subrurales de la provincia. En consecuencia, el costo base de poseer un inmueble registra un salto significativo respecto al año anterior. Fiscalización tecnológica y nuevas alícuotas El impacto de este revalúo se potencia con el giro hacia la fiscalización tecnológica detectado durante el mes de enero. La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) ya ha utilizado inteligencia artificial y relevamiento satelital para detectar casi 4.000 partidas en Concepción del Uruguay que figuraban como baldíos pero poseían edificaciones no declaradas. Por lo tanto, el ajuste inmobiliario en Entre Ríos no solo se instrumenta por decreto, sino que se apoya en una vigilancia digital más agresiva para ampliar la base de contribuyentes. Asimismo, la normativa modifica las tablas de tramos fijadas en el Código Fiscal. Las nuevas escalas para inmuebles no edificados establecen cuotas fijas que se incrementan progresivamente hasta alcanzar una alícuota del 0,055 sobre el excedente en las propiedades de mayor valor fiscal. De este modo, el Estado provincial busca capturar una mayor renta de los sectores con mayor capacidad contributiva, aunque el impacto también se derrama sobre los baldíos de menor escala, que ahora enfrentan un impuesto mínimo anual de $14.000. Implicancias de un ajuste bajo emergencia La decisión del Ejecutivo de profundizar el ajuste inmobiliario en Entre Ríos responde a la parálisis de los fondos federales y al asfixiante bache financiero heredado. No obstante, el reconocimiento de intereses por mora a empresas constructoras mientras se rechazan reclamos salariales a trabajadores estatales genera una tensión política latente. Por consiguiente, la actualización de las valuaciones fiscales se convierte en la principal herramienta de supervivencia financiera para una gestión que ha extendido la emergencia pública hasta finales de 2026. Finalmente, si bien el decreto dispone topes del 30% para ciertas plantas en comparación con el año anterior, estos beneficios pierden efecto si la propiedad registró mejoras o cambios en su avalúo durante el transcurso del ejercicio. La provincia queda, por ende, bajo un régimen tributario que castiga la inversión edilicia al tiempo que actualiza el valor imponible de la tierra al ritmo de la inflación mayorista. En conclusión, el patrimonio inmobiliario entrerriano soporta ahora el peso de un Estado que busca desesperadamente el equilibrio presupuestario.
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