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Chajari » Chajari al dia
Fecha: 20/02/2026 13:09
En el marco de la causa por el incendio ocurrido el 30 de diciembre en Victoria, la querella dio a conocer que ha solicitado la citación a declarar de la intendenta Isa Castañino y la secretaria de Gobierno, Lucina Menescardi, en función de las responsabilidades institucionales vinculadas a los hechos investigados. El abogado Agustín Greco sostuvo que ese pedido fue expresamente admitido por la Fiscalía, lo que constituye un hecho trascendental dentro de la causa, ya que implica el avance de la investigación hacia los niveles más altos de decisión política y administrativa del municipio. La resolución adoptada por el Ministerio Público Fiscal representa un paso relevante en la búsqueda de la verdad y la determinación de todas las responsabilidades, sin excepciones ni privilegios, en relación con un hecho que conmovió profundamente a la comunidad, planteó el letrado, en relación a la actuación del fiscal Eduardo Guaita. En aquel incendio murieron Agustina Magalí Cabrera, de 20 años de edad y embarazada de cinco meses, así como Natalí Ayelén García, de 39 años, madre de dos chicos. Luego del trágico final de ambas, se produjo el suicidio de Fabricio Mansilla, 23 años, pareja de Cabrera. Los hechos ocurrieron en Cosa Rica Fast Food, ubicado en calle Matheu, entre 9 de Julio y Camoirano, en Victoria. Desde el vamos, los familiares de las víctimas reprocharon la falta de controles por parte de la municipalidad en el local incendiado. El lunes 5 de enero, las familias de Agustina y de Natalí ingresaron una nota en la municipalidad, dirigida a la intendenta Castagnino. Lo sucedido no fue un hecho fortuito ni inevitable. Fue el resultado de fallas graves del Estado municipal, de controles que no se realizaron, de medidas de prevención que no existieron y de funcionarios que no velaron por la seguridad de los vecinos dentro de las áreas que tenían a su cargo, dice la misiva. Le pidieron a la jefa comunal el apartamiento de varios funcionarios: Pamela Padularrosa, de Bromatología; María Cecilia Gómez, de Bromatología; Fabián Daydé, de Seguridad y Control Urbano; Daniel Mansilla, de Seguridad; y María Inés Dionisio, de Seguridad Vial. Las áreas que estos funcionarios conducían tenían una obligación concreta: proteger la vida y la integridad de las personas. Esa obligación fue incumplida, plantearon. En la investigación penal están seriamente implicados Ramón Alberto Mansilla, dueño del local incendiado, además de otras dos mujeres, Verónica Bernachea, y su hermana, que cumplía el rol de encargada del local, Yocelin Bernochea. De acuerdo al abogado querellante en la causa, ese local no debería funcionar, lo que estaba habilitado era el carribar, no el garage. Desde la pandemia no estaba habilitado. Trabajaban en negro, sin seguro, sin ropa adecuada y en condiciones no aptas para un local de producción de alimentos. El local no contaba con salida de emergencia ni, a pesar que trataron de introducirlo mediante testimonio, que había matafuegos. Nunca se encontró el mismo posterior al incendio. Si hubiese estado, quedaría el rastro. Es hierro fundido, el fuego no lo destruye, señaló Greco. De momento, el único sospechado es Ramón Alberto Mansilla, dueño del local incendiado. Pero la querella ha pedido también la imputación de Verónica Bernachea, pareja de Mansilla, y de la hermana, que cumplía el rol de encargada del local, Yocelin Bernochea. Fuente: Entre Ríos Ahora
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