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Parana » Paginajudicial
Fecha: 20/02/2026 11:27
PARANÁ La justicia entrerriana reclama la competencia en el conflicto del transporte 20/02/2026 La Cámara de Apelaciones del Trabajo de Paraná hizo lugar al recurso interpuesto por Transporte San José, la prestadora del servicio de transporte de pasajeros, y declaró la incompetencia de un juzgado porteño en el conflicto abierto por los trabajadores de Buses Paraná que reclaman ser incorporados y que se les mantengan su antigüedad y condiciones laborales. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Un tribunal provincial declaró la competencia en el conflicto del transporte urbano de pasajeros y ordenó la intervención de la jueza laboral Carmen Prevedel para que analice el planteo del sindicato que nuclea a los choferes para que la nueva concesionaria del servicio incorpore al personal que se desempeñaba en la anterior adjudicataria. La decisión corrió por cuenta de los jueces Guillermo Leopoldo Federik, María Alejandra Abud y Emilio Luján Matorras, de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Paraná, y representa un giro trascendental en el conflicto abierto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) contra Transporte San José, la empresa que tiene a su cargo la concesión del servicio desde diciembre pasado. El tribunal suspendió la medida cautelar que había dictado un juez laboral porteño instando a la empresa a absorber a 237 trabajadores que hasta ese momento cumplían funciones en Buses Paraná, la ex prestataria del servicio. En principio, los jueces advirtieron que no había ningún motivo que justificara la intervención de un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un conflicto abierto en Paraná. En su momento, la UTA planteó que lo que pretendía ser una transición ordenada del personal que se desempeña en la unidad productiva autónoma constituida por la explotación del servicio público de transporte de pasajeros de la ciudad de Paraná () se transforma en un conflicto colectivo de trabajo a nivel nacional. Así justifica llevar la discusión a la Ciudad de Buenos Aires a través de una acción de amparo en la que sostenía que Transporte San José, como continuadora de la concesión, está obligada a incorporar a la totalidad del personal que venía cumpliendo funciones en Buses Paraná y mantenerles su antigüedad y condiciones laborales. La nueva empresa sostiene que el pliego de condiciones para la prestación del servicio da prioridad al personal existente, pero no la obliga a asumir la totalidad del personal. He ahí el conflicto. El juez Claudio Fabián Loguarro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumió la competencia, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a Transporte San José asumir la contratación de la totalidad del personal de Buses Paraná. Ahora los jueces entrerrianos señalaron que tratándose de un conflicto circunscripto exclusivamente a una empresa de la ciudad de Paraná y domiciliándose la empresa y los trabajadores en esta ciudad, y los contratos de trabajos alegados en cuestión celebrados y ejecutados también en esta ciudad, no existe vinculación alguna que le otorgue competencia para intervenir al juez Loguarro. En ese sentido, advirtieron que admitir la competencia del juez Loguarro violaría la Constitución, ya que violenta la garantía del juez natural. Por lo tanto, dijeron los jueces Federik, Abud y Matorras, lo resuelto por alguien que carecía de la potestad para intervenir, y menos aún para resolver (Loguarro), aunque sea con carácter precautorio, resulta nulo e insaneable. El tribunal también extendió sus críticas al sindicato, al asegurar que la alegación de que se trataba de un conflicto colectivo con alcance nacional resulta absolutamente falsa, tremendista, en su afán de justificar una prórroga de jurisdicción. En ese sentido, consideró el tribunal que se trata de un conflicto pluri-individual, es decir, un enfrentamiento entre un grupo de trabajadores que tienen reclamos comunes e individuales contra un empleador. Eso también pone en cuestión la facultad del sindicato para asumir la representación de los trabajadores. Los jueces advirtieron que no había un consentimiento escrito de los empleados de Buses Paraná. Así las cosas, la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná remitió el expediente al Juzgado del Trabajo Número 4 de Paraná, a cargo de Carmen Prevedel, y le ordenó que libre oficio a Loguarro para que se inhiba de seguir interviniendo y suspenda los efectos de la medida cautelar. La resolución, sin embargo, no resuelve el fondo del conflicto, pero redefine el escenario judicial. La jueza Prevedel debería analizar el planteo de la UTA, es decir, si corresponde que Transporte San José incorpore a los trabajadores de Buses Paraná. También podría abrirse otro camino, uno más intrincado y complejo: que el juez Loguarro sostenga su competencia y entonces derive en un conflicto que obligue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a zanjar el diferendo.
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