20/02/2026 00:41
20/02/2026 00:41
20/02/2026 00:40
20/02/2026 00:38
20/02/2026 00:30
20/02/2026 00:30
20/02/2026 00:27
20/02/2026 00:27
20/02/2026 00:27
20/02/2026 00:25
Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 19/02/2026 23:37
En el marco de la causa por el incendio ocurrido el 30 de diciembre en la ciudad de Victoria, la querella dio a conocer que ha solicitado la citación a declarar de la presidenta municipal, Isa Castañino (PJ), y de la secretaria de Gobierno, Lucina Menescardi, en función de las responsabilidades institucionales vinculadas a los hechos investigados. El querellante Agustín Greco sostuvo que ese pedido fue expresamente admitido por la Fiscalía, lo que constituye un hecho trascendental dentro de la causa, ya que implica el avance de la investigación hacia los niveles más altos de decisión política y administrativa del municipio. La investigación penal está a cargo del fiscal Eduardo Guaita, de la Unidad Fiscal de Victoria. La resolución adoptada por el Ministerio Público Fiscal representa un paso relevante en la búsqueda de la verdad y la determinación de todas las responsabilidades, sin excepciones ni privilegios, en relación con un hecho que conmovió profundamente a la comunidad, planteó el letrado. En aquel incendio del 30 de diciembre murieron Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, embarazada de cinco meses, y Natalí Ayelén García, de 39 años, madre de dos niños. Luego del trágico final de las dos mujeres, ocurrió el suicidio de Fabricio Mansilla, 23 años, pareja de Agustina Cabrera. Los hechos ocurrieron en el local Cosa Rica Fast Food, ubicado en calle Matheu, entre 9 de Julio y Camoirano, en Victoria. Desde el vamos, los familiares de las víctimas reprocharon la falta de controles por parte de la Municipalidad de Victoria en el local incendiado. Es más: la certeza es que no contaba con habilitación. El lunes 5 de enero, las familias de Agustina y de Natalí ingresaron una nota en la Municipalidad de Victoria, dirigida a la intendenta Isa Castagnino. «Lo sucedido no fue un hecho fortuito ni inevitable. Fue el resultado de fallas graves del Estado muniipal, de ontroles que no se realiaron, de medidas de prevención que no existieron y de funcionarios que no velaron por la seguridad de los vecinos dentro de las áreas que tenían a su cargo», señaló el texto. Le pidieron a la jefa comunal el apartamiento de varios funcionarios: Pamela Padularrosa, de Bromatología; María Cecilia Gómez, de Bromatología; Fabián Daydé, de Seguridad y Control Urbano; Daniel Mansilla, de Seguridad; y María Inés Dionisio, de Seguridad Vial. «Las áreas que estos funcionarios conducían tenían una obligación concreta: proteger la vida y la integridad de las personas. Esa obligación fue incumplida», plantearon. En la investigación penal están seriamente implicados Ramón Alberto Mansilla, dueño del local incendiado, Costa Rica Fast Food, pero también otras dos mujeres, Verónica Bernachea, y su hermana, que cumplía el rol de encargada del local, Yocelin Bernochea. El local no contaba con salida de emergencia ni a pesar que trataron de introducirlo mediante testimonio que había matafuegos. Nunca se encontró el mismo posterior al incendio. Si hubiese estado, quedaría el rastro. Es hierro fundido, el fuego no lo destruye, señaló a Entre Ríos Ahora el abogado querellante. De momento, el único sospechado es Ramón Alberto Mansilla, dueño del local incendiado. Pero la querella ha pedido también la imputación de Verónica Bernachea, pareja de Mansilla, y de la hermana, que cumplía el rol de encargada del local, Yocelin Bernochea. «Yo soy panadero -contó Gustavo Zapata, esposo de Natalí-. Para trabajar en un lugar donde se manipulan alimentos, lo mínimo que tiene que tener es una libreta de sanidad, que ahora se llama carnet de manipulación de alimento. Y acá, todas las chicas que han trabajado ahí, todas, ninguna ha tenido carnet de manipulación. El lugar no estaba habilitado. Nosotros no queremos que esto se diga que es política, que lo que estamos haciendo es política. Acá hubo negligencia humana, como yo les digo, y se lo dije en la cara a todos. Acá por un torpedo, por una gaseosa, por muchas cosas, en distintos ámbitos laborales, nos callamos la boca, hacemos la vista gorda, no controlamos. Y pasa esto. No fue un accidente, porque esto se hubiese podido prevenir si quienes tenían que controlar, hubiesen controlado. Se sabía que ese lugar no tenía habilitación municipal, partamos de esa base. Si hubiera habido control, las chicas hubiesen trabajado en condiciones mejores en las que estaban. Estamos muy enojados con la intendenta. Las dos familias hicimos una nota pidiendo explicaciones a la Municipalidad y se la queríamos entregar en mano a la intendenta. Nos dijeron que estaba en Paraná por un tema de salud. Eso fue el lunes. El martes nos recibe el viceintendente, y nos dice lo mismo: que la intendenta estaba en Paraná. Pero después nos enteramos que la señora intendenta no estaba haciéndose los temas de chequeos médicos, ni nada de eso, sino que estaba en Brasil, pasando sus vacaciones. Está en su derecho, como todo trabajador. Pero creo que no es el momento. Lo mismo el fiscal, que comenzó a trabajar en el caso el 30 de diciembre, y el 31 ya empezó la feria (se refiere a Eduardo Guaita, de la Unidad Fiscal de Victoria). Podría haberse tomado las vacaciones en otro momento y seguir con la causa. Nosotros enterramos los cuerpos en el Cementerio el 31 y a la noche acá se hizo una gran fiesta, en la zona de playas, y hubo como 5.000 personas. No tuvieron la dignidad por lo menos de decretar dos días de duelo. Eso hubiese significado tener que suspender esa fiesta, que fue organizada por la expareja de la intendenta. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
Ver noticia original.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por