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Concordia » Hora Digital
Fecha: 19/02/2026 21:15
El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del juez de Garantías Julián Carlos Vergara, quien aceptó la recusación planteada por las defensas del exgobernador Sergio Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, apartándose así de la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue contra el exmandatario provincial. Tras esta recusación, el expediente fue asignado al juez de Garantías Mariano Budasoff. Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano presentaron un recurso de apelación ante la Cámara de Casación Penal, que deberá resolver esta controversia. En su presentación, los fiscales argumentaron que el recurso de apelación resulta procedente () al ocasionar un gravamen irreparable al afectarse la garantía de juez natural (), sin concurrir causa legal que ampare dicho apartamiento, sumado al haber transcurrido el proceso de recusación sin haberse dado intervención al Ministerio Público Fiscal, viéndose afectado el debido proceso y el principio acusatorio. Además, señalaron que la resolución adoptada por el Juez de Garantías Nº 7 (Budasoff) al aceptar la competencia de la causa no fue de mero trámite, sino de aquellas que tienen una relevancia trascendental en la causa atento a que se afecta el principio del juez natural, al removerse con su aceptación al magistrado que venía interviniendo. Atento a la importancia de la decisión a adoptar y los intereses constitucionales que se encontraban en juego es que se debió dar intervención al Ministerio Público en forma previa a su dictado, para que luego de oír a los interesados se adoptara una decisión. Mientras se resuelve la apelación, el juez Budasoff continuará con la causa. En noviembre de 2023 se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión a juicio de la tercera causa penal contra Urribarri, quien ya fue condenado a ocho años de prisión en un megajuicio, aunque esa sentencia aún no está firme debido a un recurso ante la Corte Suprema. Además, enfrenta otro proceso por coimas con un pedido de diez años de prisión. En esta causa por enriquecimiento ilícito, uno de los tres imputados, Rubén Ángel Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó fuera del juicio oral en mayo de 2024 tras un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) por tres años, aprobado por el juez Vergara. Martínez fue imputado como partícipe en la investigación que involucra a Urribarri, a quien se le reprocha no poder justificar un aumento patrimonial cercano a los 7 millones de dólares. También se investiga la participación del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, empresa contratista del Estado durante la gestión de Urribarri, y de Martínez en un rol menor. Martínez fue acusado por el Ministerio Público Fiscal de haber adquirido en 2011 un vehículo a su nombre, para luego tramitar una tarjeta azul que permitió a uno de los hijos de Urribarri, Mauro, y a la esposa del exgobernador, Ana Lía Aguilera, disponer del vehículo. Además, se le atribuye haber colaborado con el enriquecimiento ilícito facilitando el ingreso al país de obras de arte provenientes de Europa destinadas a la familia Urribarri. El acuerdo presentado por la defensa de Martínez, con la anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, incluye el pago de multas y reparaciones económicas al Estado, así como la realización de tareas comunitarias adaptadas a su estado de salud. Martínez manifestó su sorpresa por estar involucrado en una causa judicial a su edad y explicó que trabajó para empresas americanas que vendían cable coaxil hasta 2001. La causa por enriquecimiento ilícito tiene fecha de juicio oral fijada para marzo y abril de 2026 ante el juez de Garantías Nº 4, Julián Vergara. En esta investigación, los fiscales solicitaron penas de cinco años y seis meses de prisión para Urribarri, cinco años para Cardona Herreros y tres años de prisión condicional para Martínez. La pericia contable realizada por técnicos del Poder Judicial y peritos de parte concluyó que Urribarri se enriqueció ilícitamente en el período en que fue gobernador entre 2008 y 2015, con un incremento patrimonial cercano a los 9 millones de dólares, cifra que el exmandatario no pudo justificar. Urribarri fue gobernador entre 2008 y 2015, luego diputado provincial hasta 2019 y embajador argentino en Israel desde mayo de 2020 hasta junio de 2022, tras ser condenado en el megajuicio. Los fallos conocidos indican que la apertura de la causa por enriquecimiento en 2015 no interrumpe los plazos de prescripción, sino que esta se suspende a partir de la declaración de imputado, que ocurrió en junio de 2023. La causa continúa su curso judicial mientras la Cámara de Casación Penal debe resolver la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal respecto al apartamiento del juez Vergara.
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