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Parana » Valor Local
Fecha: 19/02/2026 20:18
El Gobierno Nacional dispuso, en línea con el artículo 168 de la Ley Bases, prorrogar por única vez por un año, a partir del 8 de julio de 2026, el plazo para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que, por su naturaleza, requieren plazos de maduración más extensos. La medida incorpora además la posibilidad de adherir proyectos de explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro (sector de petróleo y gas), estableciendo un monto mínimo de inversión de USD 600 millones para estos proyectos. Con esta medida, el Gobierno busca acelerar inversiones de gran porte que aumenten la producción y fortalezcan el perfil exportador del país. La norma también ordena y vuelve más simple la implementación del régimen. Por un lado, actualiza definiciones para dejar en claro qué tipo de proyectos califican, evitando interpretaciones ambiguas y asegurando que los beneficios se apliquen a inversiones nuevas y significativas. Por otro lado, redefine el concepto de nuevo producto, para incorporar las particularidades del sector tecnológico que se caracteriza por tener productos cuya vida útil suele ser breve y donde los cambios no siempre se manifiestan en la forma de mayores volúmenes de producción. Asimismo, establece reglas más claras para que empresas que ya operan en la Argentina puedan adherir ampliaciones relevantes, garantizando que los incentivos apliquen a esa nueva inversión y no a operaciones preexistentes, y reforzando mecanismos de separación y trazabilidad cuando conviven distintas actividades dentro de una misma estructura empresarial. El decreto también mejora la operatividad vinculada a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos, clarificando qué bienes pueden importarse, qué uso deben tener y qué documentación se exige, fortaleciendo la trazabilidad y el control. Finalmente, ordena procedimientos de evaluación y aspectos administrativos para dar mayor previsibilidad y reducir discrecionalidad. Desde su reglamentación operativa, 10 proyectos fueron aprobados por un total de USD 25.479 millones.
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