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Parana » AIM Digital
Fecha: 19/02/2026 17:00
La política pública destinada a los asentamientos más vulnerables de la Argentina ha ingresado en una fase de parálisis terminal. Lo que comenzó como un ajuste gradual se transformó, este mes de febrero, en un golpe definitivo: el Gobierno acional notificó el despido de más de 300 trabajadores de la subsecretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), marcando el desmantelamiento operativo del organismo que, desde 2018, intentaba saldar la deuda histórica de infraestructura en los barrios populares, dijo a AIM la referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Tamara Berales. La decisión administrativa de reducir el rango de la subsecretaría a una dirección nacional no es un simple movimiento de organigrama. Representa la interrupción de un ecosistema que articulaba obras de cloacas, tendido eléctrico y veredas con la regularización dominial entre otras cuestiones. Bajo la órbita de Luis Caputo en el ministerio de Economía, la gestión de Sebastián Pareja ha priorizado el recorte presupuestario por sobre la continuidad de 628 obras que hoy permanecen detenidas, dejando a medio camino la mejora de la calidad de vida de miles de familias, señaló Berales a esta Agencia. El impacto de este `apagón´ estatal se mide en derechos básicos. Sin los equipos territoriales que relevan y auditan, el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) se convierte en una cáscara vacía. La imposibilidad de tramitar el Certificado de Vivienda Familiar el único documento que permite a millones de personas acreditar un domicilio, evitar desalojos o acceder a servicios básicos deja a más de 98.000 familias en un limbo administrativo y legal. El Estado no solo deja de construir; deja de reconocer la existencia de quienes habitan el territorio. Agregó la referente que: Incluso frente a los fallos judiciales, como el dictado por el juez federal Andrés Heim que ordena la continuidad de los proyectos financiados por el fondo fiduciario (Fisu), el Ejecutivo ha avanzado con la desarticulación técnica. En provincias como Santa Fe y Misiones, el testimonio de los trabajadores despedidos coincide en un diagnóstico sombrío: la desaparición de las cuadrillas de relevamiento implica perder información social estratégica y, fundamentalmente, destruir el empleo local generado a través de cooperativas de trabajo. Con 20.000 lotes con servicios pendientes de entrega y más de 4.500 familias bajo amenaza de desalojo sin asistencia técnica, el cierre virtual de la Sisu marca un cambio de paradigma. La integración sociourbana, que supo ser una política de consenso transversal, cede su lugar a una lógica de ajuste que ignora la urgencia de los 6.467 barrios populares del país. Lo que queda, tras el retiro de los equipos técnicos, es un territorio fragmentado donde la ausencia del Estado profundiza la brecha de exclusión, lamentó Berales. El repliegue del Estado no es un ahorro, es un abandono con responsables políticos claros. La gestión de Luis Caputo y Sebastián Pareja, bajo la premisa de la eficiencia fiscal, ha decidido ignorar que detrás de cada convenio caído hay una zanja que no se cierra y una familia que pierde la seguridad de su hogar. Al desarticular la subsecretaría, el Gobierno no solo borra una oficina pública; borra la posibilidad de un futuro digno para cinco millones de personas. En ese vacío de políticas integrales, lo que queda es una desazón profunda: la certeza de que, para el poder central, los barrios populares son apenas un gasto que se puede tachar, mientras que para sus habitantes, el derecho a la ciudad vuelve a ser una promesa rota en el barro de la exclusión, remarcó.
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