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Fecha: 19/02/2026 15:22
Con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La iniciativa busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales, tanto en gastos de funcionamiento como en salarios del personal docente y no docente, con las posibilidades reales previstas en el Presupuesto de este año. Según argumentó la Casa Rosada al remitir el texto al Congreso, esta modificación procura lograr el cumplimiento efectivo del objeto establecido en la Ley 27.795, de Financiamiento a la Educación Universitaria, de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina. Leé también: Diputados modificó el dictamen del Senado del proyecto de reforma laboral: qué dice el nuevo artículo 44 En ese sentido, el Ejecutivo detalló que las partidas contempladas en el Presupuesto 2026 deberán destinarse a afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado y la formación continua; garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes y no docentes para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos de trabajo; desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital y a la formación y el fortalecimiento de la planta del personal docente y no docente; ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales; promover y profundizar la función de la extensión universitaria para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad. La iniciativa, compuesta por seis artículos, garantiza el derecho a la educación superior gratuita mediante un incremento de la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario. El texto prioriza a los sectores sociales más desfavorecidos, con el objetivo de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los estudiantes. Además, establece una recomposición presupuestaria para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales cuando la inflación observada (según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC) supere el valor promedio anual utilizado para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto 2026. El propósito es mantener el incremento real otorgado y evitar que se deprecie en caso de que la inflación resulte mayor a la prevista, garantizando así el normal funcionamiento de las instituciones. El proyecto también contempla una recomposición para el funcionamiento de los hospitales universitarios nacionales, con el fin de asegurar el financiamiento del sistema de salud universitario. Asimismo, garantiza la recomposición salarial del personal docente y no docente correspondiente a 2025 durante el ejercicio 2026, mediante incrementos sobre los sueldos básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, que se aplicarían en marzo, julio y septiembre del próximo año. Leé también: El Gobierno prorrogó el RIGI hasta 2027 e incorporó nuevas inversiones en petróleo y gas A su vez, prevé que al mes siguiente de la sanción de la ley se convoque de manera obligatoria a la negociación paritaria para el personal docente y no docente, con una periodicidad no mayor a tres meses calendario. El Ejecutivo subrayó que, a diferencia de la Ley 27.795, el nuevo proyecto cumple con lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, ya que prevé de manera expresa las fuentes de recursos para su financiamiento. En ese punto, sostiene que se subsana la deficiencia de la norma vigente al establecer una fuente concreta, específica, actual y suficiente. La iniciativa también lleva las firmas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
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