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Federal » La Prensa Federal
Fecha: 18/02/2026 22:28
En la sala de audiencias de los Tribunales de Concepción del Uruguay se inició el debate oral y público contra el ex titular del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (Ipper), Juan Ruiz Orrico, acusado por la muerte de Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, oriundos de Basavilbaso, tras el accidente de tránsito registrado en el kilómetro 123 de la ruta 39, situado entre Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay. Bajo la presidencia del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, se inició el proceso en el que exfuncionario asumió la responsabilidad total por el siniestro vial que se cobró la vida de los cuatro jóvenes trabajadores en junio de 2024. Frente al juez técnico, Ruiz Orrico rompió el silencio con una declaración breve pero contundente. «Quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente», manifestó el imputado, quien, además, pidió perdón a los familiares presentes, reconociendo que el daño causado es «irreparable». Sé que no hay pedido de disculpas que pueda ser aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes o inaceptables, pero es un ofrecimiento que le hago a las víctimas y a todas las personas que están dolidas por este hecho, que es irreparable. Independientemente de la perspectiva jurídica y la pena, que me corresponda, sé que el daño es irreparable, sostuvo. Por consejo de su defensa, se negó a responder preguntas de las partes. El hecho, que conmocionó a toda Entre Ríos, ocurrió la madrugada del 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la ruta provincial 39. Según la investigación, Orrico, al mando de un vehículo oficial, invadió el carril contrario, chocó frontalmente contra un auto en el que viajaban cuatro jóvenes operarios, que se dirigían a su jornada laboral en el frigorífico Fadel. Los peritajes determinaron que el exfuncionario conducía con 1,59 gramos de alcohol en sangre. La querella, representada por Mario Arcusín, calificó el proceso como el «juicio del dolor». Debido a la gravedad del caso, anticipó que se solicitará una condena de seis años de prisión efectiva, la pena máxima prevista para el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la pluralidad de víctimas. A su vez, el fiscal Eduardo Santo consideró que el siniestro fue previsible y evitable, al remarcar que el acusado decidió conducir pese a haber ingerido alcohol. La defensa, por su parte, aceptó la responsabilidad del hecho, aunque discutirá el alcance de la pena. Cabe consignar que la audiencia con las testimoniales proseguirá hasta el 27 de febrero. En ese lapso, la Justicia deberá analizar la prueba producida y definir la eventual condena para el acusado.
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