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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 18/02/2026 14:37
La Oficina Anticorrupción intervino en el análisis del expediente mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para capacitar en idioma inglés a su personal. El organismo dejó constancia formal de que, al revisar la publicación digital del trámite administrativo, encontró actuaciones que no estaban visibles en el sistema abierto al público. La observación se incorporó a un dictamen oficial que ahora forma parte del expediente. La contratación quedó bajo especial escrutinio debido a que la directora ejecutiva de la institución beneficiada es María Josefina Rouillet, pareja del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Según la documentación presentada en el marco del régimen de integridad previsto por la normativa vigente, el vínculo familiar fue declarado. Sin embargo, la OA subrayó que dos piezas administrativas una comunicación interna y una providencia vinculada al Pacto de Integridad no figuraban en la versión pública del expediente. El procedimiento de adjudicación se realizó bajo la modalidad de contratación por especialidad y registró una única oferta válida: la de la propia asociación contratada. Ese dato reforzó cuestionamientos sobre la falta de competencia en el proceso, ya que no hubo propuestas alternativas ni comparación de precios. El contrato incluye el Impuesto al Valor Agregado y establece condiciones de pago escalonadas, con un anticipo relevante y cuotas posteriores. Otro eje de la controversia surge del desfasaje entre el volumen de fondos asignados y la cantidad de agentes capacitados. En registros internos consta que durante 2025 participaron solo diez funcionarios, mientras que la proyección para el año siguiente eleva el cupo a 132 plazas. De no completarse ese número, el costo por alumno aumentaría de manera significativa. Además, el presupuesto contempla una partida millonaria para bibliografía, calculada con valores de mercado proyectados. En el plano político, el titular de Cancillería, Pablo Quirno, defendió públicamente la legalidad del trámite y aseguró que se activaron los mecanismos de control previstos. No obstante, el señalamiento de la Oficina Anticorrupción respecto de la publicación incompleta del expediente mantiene abierto el debate sobre la transparencia del procedimiento y la conveniencia del gasto en un contexto de revisión del uso de fondos públicos.
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