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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 18/02/2026 01:08
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, avanzó con la contratación del alquiler de oficinas en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte), en el microcentro porteño. El costo es de $720 millones por un año entero. El desagregado se explica por una cuota de $60 millones mensuales para los pisos 3°, 4°, 5° y 6°, a las que se suman 24 cocheras. Es decir, unos $15 millones por cada oficina. El contrato tramitó mediante contratación directa por adjudicación simple y, de acuerdo a la documentación, se presentó una sola oferta. La firma OTOBA S.A., terminó recomendada para la adjudicación por ser admisible y económicamente conveniente. La orden de compra fue firmada por el ministro Federico Sturzenegger el día 30/11/2025. El expediente utilizó como valor de referencia para el alquiler total de $720 millones, unos U$D 480.000, mientras que el pago mensual de $60 millones ronda los U$D 40.000. Por piso, el canon mensual de $15 millones representa unos U$D 10.000. En la adjudicación se establece que la oferta no deberá incluir el pago de expensas ordinarias. Además, el contrato prevé que estas estarán a cargo de la locataria, en este caso el propio Estado, y que las extraordinarias corresponden a la locadora. Esto significa que las expensas quedaron afuera de la cuenta total pero también las deberá pagar el Estado, por lo que el número final, puede aumentar. Lo curioso es que el mismo expediente menciona el programa de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre la necesidad de cumplir con el programa ALQUILER CERO para evitar nuevas partidas del Estado destinadas a locación. Mientras el Ministerio Motosierra se extiende en una de las zonas cotizadas de la city porteña, carteras como Capital Humano de Sandra Petovello hace publicidad de su política activa en el marco del programa Alquiler Cero. Hace un año y medio anunciaron un ahorro 598 millones de pesos sobre gastos contemplados para el último trimestre de 2024 y período 2025, reorganizando la locación de sus oficinas, con el fin de reducir el gasto y optimizar los espacios. Vale recordar que dos días atrás se supo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), una entidad que tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad, quedando formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR El contrato, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual. El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 20252027. En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el único prestador capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio. Al momento de la apertura, además, se registró una única oferta (la realizada por Rouillet en representación de la AACI), por el monto total luego adjudicado. Además del expediente 2025/2026, el portal precitado registra una contratación previa de Cancillería con la AACI. Se trata de una orden de compra de 2024 que, según la ficha pública, fue autorizada y perfeccionada el 20 de marzo de 2024, con vigencia desde el 20 de marzo de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024. El objeto consignado es un curso de capacitación, por un total de $55.388.180, bajo modalidad de servicio. A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Además, al momento de la consulta, la orden de compra completa y las cláusulas particulares (pliego específico) no estaban disponibles para descarga, pese a que el resumen indica que el contrato se rige por esas condiciones. Ni el ministro Federico Sturzenegger ni la Cancillería han aclarado, hasta el día de hoy, esta particular situación. Denuncias y cuestionamientos Desde la oposición, la senadora Juliana Di Tullio anticipó que presentará una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py contra Sturzenegger y Roulliet por considerar irregular la contratación y reclamar que se investigue un posible conflicto de interés. A esa presentación se sumó otra denuncia penal, impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes solicitaron que se investigue la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción de la declaración jurada vinculada al caso, un paso contemplado en el decreto 202/2017. Los denunciantes que se identificaron como integrantes de la agrupación Reset Republicano sostuvieron que, al consultar el buscador de Casos informados a la OA, no figuraban registros sobre la recepción de la declaración jurada al 15 de febrero, lo que, a su entender, habría afectado un requisito clave de transparencia. El escrito encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, y pidió además verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada respecto de un contrato previo entre las mismas partes. Roulliet ya había ocupado cargos vinculados al sector público: durante el gobierno de Mauricio Macri fue designada al frente del Fondo Nacional de las Artes, puesto que dejó tras la implementación de un decreto que limitó la designación de familiares de funcionarios. Posteriormente participó en proyectos culturales financiados mediante regímenes de mecenazgo del gobierno porteño, iniciativas que generaron cuestionamientos políticos. Voy a denunciar este contrato para que la Justicia determine si hubo o no un conflicto de interés, afirmó Di Tullio.
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