Parana » Informe Digital
Fecha: 16/02/2026 23:09
El Ministerio Público Fiscal dio los primeros pasos en una nueva investigación penal que involucra al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. El expediente se abrió tras una denuncia pública realizada el año pasado por Ariel Juárez, coordinador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en Santa Elena, quien solicitó información sobre los 170 millones de pesos que recibió de Nación el municipio en octubre de 2023 para el Parque Industrial, dinero que no se habría destinado al proyecto. La denuncia fue ratificada por Juárez ante las cámaras de Cuestión de Fondo (Canal 9) en septiembre de 2024. Días atrás la investigación registró sus primeros movimientos. Rossi difundió en su Facebook una imagen en la que el fiscal Gonzalo Badano le solicita que designe abogado en el marco del legajo N° 285545 Municipalidad de Santa Elena s/ Actuaciones de Oficio. Su publicación, sin embargo, tuvo un tono confrontativo hacia el organismo encargado de investigar posibles irregularidades en el uso de fondos públicos. En ese posteo sostuvo que los fiscales arman causas para intimidar a quienes no se callan y no se alinean. Y agregó: Ahora vienen con otra causa armada del Parque industrial. Desde la denuncia hasta la causa es trucha porque todos los papeles y las cuentas detallan que cada centavo se gastó en el parque. El Parque Industrial está terminado; y sin la colaboración de algunos organismos de la provincia que se hacen los distraídos para habilitar e inaugurar. Y ahora quieren usar eso como excusa. No me estoy victimizando: estoy mostrando cómo operan cuando alguien no se deja manejar. Y no me van a callar porque me debo al pueblo de Santa Elena. Estoy donde decide la gente, no estoy puesto a dedo. Parece que les molesta la democracia. ANÁLISIS averiguó qué dispone la apertura de la causa penal y confirmó que la Fiscalía solicitó allanamiento y la presentación de documentación relacionada con el proyecto del Parque Industrial financiado con fondos del Estado Nacional. Otros hechos bajo investigación Al expediente se suman otros hechos que están siendo investigados. Se analizan presuntas irregularidades en convenios fechados el 5 de junio de 2010 y el 19 de octubre de 2011, suscritos entre Asunción Olmedo presidenta municipal, fallecida en septiembre del 2025, quien asumió en 2007 al quedar firme la sentencia condenatoria contra Rossi y Carlos Caballero, secretario de Gobierno de la Municipalidad, por una parte; y Jorge Hernán García Guiffre y Gastón Delgado, representantes legales y apoderados del local bailable Mora Disco Bar, por la otra. Se investiga si en esos acuerdos se estableció una tasa mensual y excluyeron cualquier otro gravamen incumpliendo con la normativa en la materia vigente y creando beneficios indebidos e injustificados a favor de los mencionados causándole un perjuicio al patrimonio municipal, es decir, si se eximió a un privado de pagar impuestos a la Municipalidad. Relacionado con ello, en 2012 el municipio habría expedido un certificado de libre deuda a favor del empresario. Otra línea de investigación apunta a la compra directa de una máquina retroexcavadora marca XCMG, modelo XT 864, a la firma American Tape SRL por la suma de $547.638,00, mediante el Decreto N° 275/13 del 1 de octubre de 2013, firmado por Rossi y por su entonces secretario de Gobierno, Roberto Gómez. Se intenta establecer si se abonaron $51.138 de más en comparación con el precio ofrecido por el mismo oferente para la misma máquina en la licitación pública N° 6, que se declaró desierta el 5 de agosto de ese año. La Fiscalía también puso la lupa sobre la licitación pública N° 2 de 2013, mediante la que se adquirieron 100 m3 de Hormigón H21, adjudicada mediante el Decreto N° 97 Bis a la firma Hormigones Cavenaghi. Según la investigación, en la compra se pactó un pago de $950 por metro cúbico en 18 entregas parciales, pero tras la tercera entrega la empresa habría aumentado unilateralmente el precio y no habría entregado 29 m3 de hormigón. A pesar de esa situación, el municipio aceptó el aumento sin acto administrativo y pagó el material. En este caso, se habría causado un perjuicio al erario público de $105.880, calculado como la suma del mayor precio pagado por $78.330 y $27.550 por la falta de entrega del proveedor. También se investigan los ejercicios presupuestarios municipales correspondientes a 2021 y 2022, periodos en los que no habría un libro de inventario, incumpliendo lo exigido por el artículo 134 de la Ley de Municipios 10.027. Se indaga si en 2021 se omitió registrar la deuda consolidada, que ascendía a $63.346.874,02, y la correspondiente al año 2022, que habría sido de $99.944.649,14. Además, la Fiscalía examina si Rossi incurrió en delito al designar como Contador Municipal a Marcelo Medina, quien durante 2021 y 2022 habría ejercido el cargo sin contar con el título profesional habilitante, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 95 inc. e) y el artículo 136 de la Ley 10027. Enriquecimiento El 12 de junio de 2006 quedó firme una condena contra Rossi, quien fue declarado autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público; se le impuso una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por ocho años y una multa de 90.000 pesos. Esa causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 1° de diciembre de 2009 la dejó firme. Actualmente hay un expediente abierto en la Fiscalía de Paraná que investiga nuevamente ese delito. En ese expediente también figura Patricia Díaz, esposa de Rossi y senadora por el departamento La Paz. Luz y obra pública La Justicia también investiga la deuda de la Municipalidad de Santa Elena con Enersa, la distribuidora de energía provincial. El Tribunal de Cuentas observó que, por consumo en inmuebles y por alumbrado público, el municipio adeuda casi 1.000 millones de pesos. El año pasado, el Concejo Deliberante, con mayoría oficialista, aprobó un proyecto del Ejecutivo para saldar la deuda con tierras fiscales, pero esa posibilidad nunca se concretó. Por último, sigue pendiente la realización del juicio oral y público por el supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en la que están imputados el intendente y otros exfuncionarios. Rossi está acusado por presuntos sobreprecios en la pavimentación de 20 cuadras, obra ejecutada en 2014 y denunciada en 2016 por su concuñado y sucesor en la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ). La causa se elevó a juicio en 2020, pero la realización se postergó por distintas presentaciones legales de la defensa del intendente contra fiscales y jueces del Tribunal. En su acusación, el fiscal Santiago Alfieri sostuvo que durante la gestión de Rossi el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de las 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era de $18 millones y el mínimo de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional Más Cerca.
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