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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 16/02/2026 12:27
El Poder Ejecutivo entrerriano admitió, mediante el Decreto Nº 61/26 GOB, el reconocimiento de intereses moratorios a favor de empresas contratistas. Esta decisión intenta evitar un aluvión de juicios contra el Estado, aunque compromete aún más las arcas públicas en un contexto de emergencia de infraestructura. La administración de la provincia ha modificado su estrategia frente a los reclamos del sector de la construcción. A través del Decreto Nº 61/26 GOB, el gobernador Rogelio Frigerio hizo lugar a un recurso de revocatoria interpuesto por la firma CEMYC S.R.L.. La medida reconoce que el Estado debe abonar los accesorios devengados desde el vencimiento de cada certificado de obra hasta su cancelación efectiva, lo que marca un giro respecto a la postura de rechazo por prescripción que predominó en enero. Dicha resolución surge tras un dictamen de la Fiscalía de Estado que advierte sobre el peligro de un «circuito interminable» de reclamos administrativos. Según el organismo, el pago solo se considera íntegro si incluye todos los intereses moratorios acumulados por la demora de la propia administración. Por consiguiente, el Departamento Costos de Arquitectura deberá practicar nuevas liquidaciones bajo la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina. Impacto fiscal y disparidad de criterios Esta decisión de convalidar el pago de intereses a constructoras se produce mientras rige la Ley 11.251 de Emergencia en Obras y Servicios Públicos. La normativa busca proteger al Tesoro de la falta de remisión de fondos nacionales, pero este nuevo reconocimiento administrativo de deudas accesorias podría generar un bache financiero adicional. Resulta llamativo el contraste con otros casos, como el de la empresa COINAR S.R.L. en Ceibas, cuyo reclamo por intereses fue rechazado días atrás alegando la prescripción de la deuda. Por otra parte, la medida beneficia directamente a los grandes capitales de la construcción en un momento donde el Estado admite no tener crédito para obras escolares básicas. La prioridad otorgada al freno de la litigiosidad empresarial expone la fragilidad de un presupuesto que ya depende de anticipos nacionales por 220 mil millones de pesos para sostener su operatividad. En conclusión, la provincia prefiere saldar intereses hoy para evitar fallos judiciales más onerosos en el futuro.
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