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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 16/02/2026 12:24
Mediante los Decretos Nº 1/26 y 12/26, el Gobierno Provincial clausuró la vía administrativa para el reclamo salarial judiciales Entre Ríos. La medida ratifica el rechazo a la devolución del 25,57% derivado de la suspensión del «enganche» con la Corte Nacional durante la pandemia. La administración provincial ha dejado firme su postura de ajuste respecto a los haberes de los trabajadores estatales. A través de los Decretos Nº 1/26 y 12/26 GOB, el gobernador rechazó las presentaciones realizadas por agentes del Poder Judicial que solicitaban la liquidación de montos adeudados por el período de vigencia de la Ley N° 10.806. El Ejecutivo argumenta que la suspensión de los mecanismos de actualización automática fue razonable, limitada en el tiempo y ajustada a la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, el área legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas sostuvo que no existe un deber legal de restituir la diferencia del 25,57% que reclaman los gremios. La fiscalía de Estado reforzó este criterio citando jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que avaló la constitucionalidad de la emergencia pública. Por consiguiente, los incrementos otorgados por decreto durante 2021 se consideran pagos cancelatorios de la política salarial sectorial. Cierre de la vía administrativa y tensión gremial El rechazo al reclamo salarial judiciales Entre Ríos expone la voluntad del gobierno de blindar el presupuesto actual contra deudas retroactivas. Según el Ejecutivo, las paritarias celebradas en 2023 ya integraron aumentos escalonados que absorben pretensiones anteriores. Sin embargo, la AJER y otros estamentos judiciales insisten en que la inflación licuó el poder adquisitivo, dejando incierto el petitorio real sin un esfuerzo probatorio mayor. Asimismo, este «portazo» se produce en un escenario de fuerte control fiscal centralizado, donde los ministros tienen prohibido exceder cuotas de gasto del 25% trimestral. Mientras la provincia reconoce intereses a constructoras, mantiene el rigor jurídico para negar la deuda con sus propios agentes. En conclusión, la vía administrativa queda definitivamente sellada, obligando a los trabajadores a recurrir a instancias judiciales externas para intentar recuperar el capital perdido.
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